Los claroscuros en el debido proceso con migrantes

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) acaba de publicar un informe en el que advierte de obstáculos para cumplir con estándares de protección de estos grupos vulnerables que alcanzaron la cifra más alta posterior a la Segunda Guerra Mundial. Lanzó recomendaciones a los Estados

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) acaba de publicar un informe con análisis, estándares y recomendaciones para alcanzar la protección de los derechos humanos (DDHH) de los migrantes. Tanto en la región como en el mundo, se trata de uno de los grupos más vulnerables y desfavorecidos, más aún en pandemia. [privado]

¿Qué está ocurriendo con el reconocimiento de las personas en contextos de movilidad humana?

La CIDH advirtió de los desafíos crecientes que enfrentan los sistemas nacionales de asilo de toda la región para el adecuado procesamiento de nuevos, variados e intensos movimientos humanos, así como para la atención de las demandas de protección que se presentan.

Hoy existen obstáculos para el goce efectivo de los DDHH y protección internacional de los migrantes. Género, edad y diversidad influyen en las condiciones de acceso efectivo a procedimientos de protección.

Así lo señaló la CIDH en el informe “Debido proceso en los procedimientos para la determinación de la condición de persona refugiada y apátrida, y el otorgamiento de protección complementaria”.

La comisión considera que “el debido proceso” en todos los procedimientos migratorios es condición necesaria para garantizar otros principios centrales del Sistema Interamericano, tales como la igualdad y la no discriminación y el principio de no-refoulment (no devolución).

El informe se dirige directamente a personas defensoras de los DDHH de las personas migrantes, apátridas, refugiadas y solicitantes de asilo, a la sociedad civil y a las autoridades judiciales. Ello, debido a que son actores claves para la calificación de los procedimientos y protección de las garantías.

¿Qué deben hacer los Estados?

Con respecto a las garantías vinculadas con los procedimientos de reconocimiento del estatuto de persona refugiada, apátrida, los Estados deben, según la CIDH:

Garantizar el acceso a los territorios y a los procedimientos de protección de manera eficaz, incluyendo el acceso a derechos sociales y económicos desde el momento de solicitud, especialmente el derecho al trabajo y a la educación. Revisar constantemente sus procedimientos, normativas y prácticas, buscando asegurar la protección integral de las garantías procesales necesarias para garantizar procedimientos no discriminatorios y justos. Reconocer que la práctica de detención por razones estrictamente migratorias vulnera, entre otros valores, las posibilidades de asegurar plenamente las garantías de debido proceso, en especial en procedimientos que tienen como objeto el reconocimiento y otorgamiento de estatutos de protección, por lo que tales prácticas deben ser repensadas. Crear y mantener procedimientos de reconocimiento de los estatutos de protección que incorporen un tratamiento especializado a las niñas y los niños.

Desplazamientos masivos

Alarmante situación en el mundo y en América

Según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), a fines de 2019 había en el mundo más de 79 millones de personas desplazadas forzadas con necesidades de protección, siendo ésta la mayor cifra registrada desde la Segunda Guerra Mundial. De este número, se registraba un total de 26 millones de personas refugiadas en el mundo.

Las Américas se convirtieron en el mayor receptor de solicitudes de asilo en todo el mundo en 2019. Entre los principales desafíos de la región se encuentran actualmente las situaciones generadoras de desplazamiento forzado en Venezuela, Nicaragua y en la región del triángulo norte de América Central y México.

De acuerdo con datos publicados por el Acnur en su “Informe sobre tendencias globales del desplazamiento forzado”, la región presenta una curva de crecimiento de nuevas solicitudes de asilo entre 2016 y 2019; y los nacionales de Centroamérica y Venezuela presentaron 1,6 millón de solicitudes de asilo en todo el continente.

Asimismo, el informe destaca que sólo en 2019 se registró casi un millón de solicitudes de asilo, considerando en particular los cinco principales países de acogida, Estados Unidos, Perú, Costa Rica, México, Canadá y Brasil.

La grave crisis humanitaria en Venezuela ha ocasionado una cantidad alarmante de personas desplazadas a lo largo de los últimos años que afectó, a abril de 2020, a más de cinco millones de personas, quienes se vieron forzadas a desplazarse a otros países en búsqueda de protección internacional. En este período, sólo los seis principales países de acogida han recibido más de dos millones de venezolanos: Colombia (799.373), Perú (628.976), Chile (472.827), Argentina (192.460), Brasil (123.507) y Ecuador (107.052). [/privado]