ESCUCHAREl juicio que se le sigue a nueve imputadas, dos de ellas monjas, por abusos sexuales y omisión de denuncias de abusos cometidos a menores hipoacúsicos, en el Instituto Próvolo de Mendoza, llega a su fin este miércoles cuando el Tribunal Penal Colegiado 2 de esa provincia dé a conocer su veredicto luego de más de dos años de debate, más de 100 testigos y unas 300 audiencias.
Las juezas Gabriela Urciuolo, Belén Salido y Belén Renna darán a conocer el veredicto luego de que las imputadas quieran hacer uso de su derecho a decir sus últimas palabras antes de darse a conocer el fallo.
La imputadas en este debate son las monjas Kumiko Kosaka y Asunción Martínez, así como exdirectoras y empleadas del Instituto: Graciela Pascual, Gladys Pinacca, la cocinera Noemí Paz, Valeska Quintana, Laura Gateán, Cristina Leguiza y la psicóloga Cecilia Raffo.
Durante la etapa de alegatos de cierre, los defensores solicitaron la absolución de las religiosas y las otras imputadas, en tanto la fiscalía y la querella solicitaron penas de 3 a 18 años de prisión.
Asimismo, se espera la absolución de Quintana, Gateán, Leguiza y Raffo, ya que tanto la fiscalía como la querella no solicitaron pena para ellas.
En el debate por la responsabilidad penal por omisión de denunciar abusos sexuales, el fiscal Alejandro Iturbide y la querella pidieron 18 años de prisión para Graciela Pascual ex representante legal del Próvolo y 10 años de prisión para la monja Martínez e inhabilitación para ejercer la docencia.
En el caso de la ex directora Gladys Pinacca y la cocinera Noemí Paz, solicitaron la pena de 3 años de prisión condicional, acusadas por el delito de omisión de prestar auxilio y encubrimiento agravado.
Este tercer debate contiene tres causas acumuladas; en dos de los expedientes la única imputada es Kosaka, como autora, además de partícipe y encubridora; mientras las otras ocho imputadas están acusadas como partícipes en comisión, por omisión de denuncia.
En este contexto, durante los alegatos contra la monja Kumiko Kosaka, la fiscalía y la querella solicitaron una pena de 25 años de prisión y 10 de inhabilitación, en tanto la defensa de las religiosas proclamó la absolución.
Kumiko fue imputada en seis hechos, por los delitos de «participe en términos de comisión por omisión, emergente de la violación al deber de garante, del delito de abuso sexual con acceso carnal, agravado por ser el autor encargado de la guarda y por ser cometido contra un menor de dieciocho años de edad aprovechando la situación de convivencia preexistente».
