La Tamse no está exenta del pago de la tasa de Justicia, pese a ser una empresa del Estado

El Tribunal Superior de Justicia cordobés revocó lo dispuesto en contrario durante la instancia previa. La legislación impositiva vigente no incluye específicamente la dispensa para esos organismos

La Sala Laboral del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Córdoba admitió una casación presentada por el asesor Legal del Área de Administración del Poder Judicial de la Provincia y revocó la resolución de cámara que lo había exonerado del pago de la tasa de Justicia a la Tamse (Transporte Automotor Municipal SE). El Alto Cuerpo interpretó que las empresas estatales no están exentas de esa obligación.

El referido asesor objetó el criterio asumido por la jueza a quo, en el sentido de eximir a la empresa mencionada de abonar la tasa de justicia atento su carácter de empresa estatal. El funcionario planteó su impugnación en lo dispuesto por el artículo 348, inciso 1, del Código Tributario Provincial (Texto Ordenado -TO- de 2021).

Paralelamente, reprochó la falta de fundamentación y la vulneración del principio de razón suficiente en la que habría incurrido el juzgador de la instancia previa.

Evaluación

El TSJ -integrado por los vocales Luis Eugenio Angulo (autor del voto), Luis Enrique Rubio y Mercedes Blanc de Arabel- al evaluar la cuestión, indicó que en la sentencia homologatoria del acuerdo la magistrada dispensó del pago de la tasa de justicia a la demandada, debido a que ésta reviste el carácter de sociedad del Estado y conforme lo dispuesto por el anterior artículo 296, inciso 1 de la ley 6006 (TO 2012).

Bajo esas premisas, el Alto Cuerpo consideró que la cuestión a decidir se circunscribía a determinar los sujetos exentos del pago de tasa de justicia.

Por ello, en el fallo se recurrió a la norma que regula dicha circunstancia; ésta es, específicamente, el artículo 348, inciso 1, del Código Tributario de la Provincia de Córdoba, derivando que de ella se desprende: “Están exentos de pago de las tasas correspondientes: 1) El Estado Nacional, los Estados Provinciales, las Municipalidades y Comunas, sus dependencias y reparticiones autárquicas o descentralizadas y las Comunidades Regionales reguladas por la Ley Nº 9206 y su modificatoria”, en tanto que no se encuentran comprendidas en esta exención “las reparticiones autárquicas, entes descentralizados u organismos análogos y las empresas de los Estados mencionados, cuando realicen operaciones comerciales, industriales, bancarias o de prestación de servicios a terceros a título oneroso y, cuando se trate de las tasas de justicia, los cesionarios de los bienes secuestrados por el Poder Judicial, salvo cuando el cesionario sea el Poder Ejecutivo Provincial. La exclusión del beneficio no resulta aplicable cuando la prestación del servicio se encuentre prevista en los convenios de apoyo y/o intercambio de información celebrados con la Provincia de Córdoba. En estos casos el Poder Ejecutivo Provincial puede diferir la oportunidad de su pago”.

Sin apreciación

Luego, el TSJ advirtió que el pronunciamiento dictado en la instancia previa se apoyaba principalmente en consideraciones relativas a la exención tributaria subjetiva -empresa estatal-, pero sin hacer ninguna apreciación relativa a que no se encuentran alcanzadas por tal exención cuando realicen operaciones comerciales, industriales, bancarias o de prestación de servicios a terceros a título oneroso como el supuesto de autos.

De este modo, se infirió que la a quo se apartó del segundo aspecto que regula el dispositivo vigente.

En mérito de las reflexiones que anteceden y oído el planteo del fiscal Adjunto del Ministerio Público de la Provincia, los vocales concluyeron que la tasa de justicia aquí reclamada “no puede quedar amparada por la dispensa en análisis”.

Por lo expuesto, en el fallo se resolvió que correspondía admitir el recurso, casar el resolutorio en el aspecto indicado y, en consecuencia condenar, a la Tamse al pago de la tasa de justicia, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 115, 116, punto 9, y 122, punto 6, de la ley impositiva 10725.