Municipio responde por incendio en un basural comunal, que ocasionó daños en lotes vecinos

La cámara interviniente confirmó que no se trata de un caso fortuito porque -más allá de la alerta roja emitida por el Plan Provincial de Control del fuego- la Municipalidad de Colonia Caroya debería haber tomado las medidas de seguridad en un lugar donde recurrentemente se producían focos ígneos

Al observar que la Municipalidad de Colonia Caroya no probó su eximición de responsabilidad, y que la causalidad en este caso no estaba referida al obrar de un autor material del daño sino a la omisión del deber de seguridad para prevenir incendios que le cabe a la demandada, la Cámara 7ª Civil y Comercial de Córdoba confirmó que ésta debe responder por los daños y perjuicios que causó un incendio en los lotes aledaños al basural comunal.

El fallo puntualizó que el municipio debería haber tomado las medidas pertinentes para prevenir y evitar los perjuicios del siniestro.

Los camaristas Jorge Flores y Atilio Remigio indicaron que un detenido repaso de las constancias llevan a sostener que la responsabilidad del evento dañoso fue de la municipalidad demandada, como acertadamente concluyó el juez a quo, porque no ejerció correctamente su deber de seguridad y vigilancia, al no haber adoptado los recaudos pertinentes, para evitar que el fuego se produjera y se expandiera en una época de sequía y de viento fuerte, condiciones meteorológicas probadas en la causa.

El tribunal sostuvo que la demandada pretendía deslindarse de responsabilidad, señalando que el incendio se originó por factores climáticos y naturales, que le eran ajenos, defensa refutada en cuanto a que -según los jueces- el fuego no se habría originado o propagado de la forma en que lo hizo si la autoridad comunal hubiera cumplido con su deber, pues el foco ígneo se originó en el basural de su propiedad.

Sin eximente

La cámara destacó que -por ello- no se configuraba la eximente de caso fortuito, ya que no se tomaron los recaudos suficientes para evitar el fuego, no obstante ser el incendio una causa ajena al obrar del ente municipal.

Los magistrados argumentaron que, de haberse ejercido un control adecuado o encontrarse en el lugar personal al cuidado, contando con elementos apropiados para combatir las llamas, el fuego no se habría propagado como lo hizo.

Además, la alzada valoró que no podía dejar de subrayarse que el perito oficial dictaminó que el fuego que inició el evento dañoso comenzó en el predio en el que se depositan los residuos cárnicos del basural y que de allí se expandió sin control a los terrenos vecinos, produciendo gravísimos daños en los campos y bienes de los damnificados.

Por último, el tribunal consideró que la propia municipalidad demandada, al acompañar el plan de lucha contra el fuego, reconoció que, a pesar de los esfuerzos para reducir los riesgos de incendio, de todas maneras se han producido fuegos, no obstante indicar que no existen registros de que se hayan propagado fuera del sector del basural.

Demostrado

De lo expuesto los camaristas infirieron que ello demuestra que en el predio se producían focos de incendios, lo que corrobora la falta de cumplimiento del deber de seguridad y cuidado de la demandada; máxime, si se tiene en cuenta que del material probatorio surge que el día del incendio, había un principio de fuego en el lugar, “lo que corrobora la gravísima imprudencia de permitir que se realicen quemazones sin control”, en un escenario en el que por negligencia e imprevisión total el municipio no tuvo en cuenta la gran sequía existente y el fuerte viento reinante en la zona, “lo que provocó la difusión, expansión y descontrol del fuego”.

De igual modo, la alzada recordó que el Plan Provincial del Manejo del Fuego había emitido un “alerta roja”, ya que el riesgo de incendio se mantendría “extremo”.

Para concluir, la cámara subrayó que permitir que se haga fuego dentro de un predio, en un ámbito bajo su jurisdicción municipal, compete a la Municipalidad de Colonia Caroya, que tiene el deber de seguridad y de contralor, a fin de evitar situaciones como las que se ocurrieron, y destacó que la negligencia, la imprudencia y la impericia de la autoridad quedaron demostradas con el material probatorio, confirmando la hipótesis de incumplimiento del deber de seguridad y cuidado que pesaba en cabeza de la demandada, en un contexto en el que no cumplió el rol que le cabía.