miércoles 9, octubre 2024
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Comercio y Justicia 85 años

La SENNAF en la mira del judicial: Pettovello denunció a ex autoridades

PRIMERA INFANCIA. Se habrían girado fondos a jardines sin rendición de cuentas.
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Por la presunta comisión de maniobras de defraudación en los desembolsos que se hicieron para el funcionamiento de varios centros de primera infancia, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, denunció las autoridades de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENNAF) que cumplieron funciones entre el 1° de enero de 2018 y el 10 de diciembre de 2023.

La causa por defraudación contra la administración pública, abuso de autoridad y violación de deberes quedó a cargo de Ariel Lijo (Juzgado Criminal y Correccional Federal Número 12).

Pettovelo pidió investigar transferencias millonarias de subsidios sin rendición de cuentas o irregulares en el marco del programa 47 -de Promoción y Asistencia a Espacios de Primera Infancia- y de la actividad 41 -de Acciones Federales para el Desarrollo de la Primera Infancia-.

Entre los objetivos de las iniciativas del área, que dependía de la extinta cartera de Desarrollo Social, figuraba “garantizar una adecuada y saludable nutrición de los niños” y promover “la estimulación temprana y el cuidado” de los menores en situación de extrema vulnerabilidad.

Los fondos estaban destinados a los Espacios de Primera Infancia (EPI), para la contención de infantes de entre 45 días y 4 años de edad de todo el país.

Inconsistencias
Una de las inconsistencias que constató Capital Humano fue que tras el pago de los subsidios a las instituciones en forma semestral no se realizó la rendición de cuentas adecuada.

Entre las instituciones que el ministerio citó figuran varias de la provincia de Buenos Aires, como el Jardín Sueños y Sonrisas, de Berazategui; seis establecimientos que dependen la Municipalidad de Hurlingham y otro de La Matanza.  

Además, reportó casos en otras jurisdicciones; concretamente, Rafaela, Santa Fe, en General Lavalle, Mendoza.

“De las actuaciones administrativas no se detalló el estado de la rendición del subsidio; esta situación generó un incumplimiento a la normativa que se traduce en la imposibilidad de determinar si el procedimiento estaba ajustado a la ley”, expresaron los letrados del Ministerio de Capital Humano en la denuncia que promovieron.

Emilio Pérsico
El equipo anticorrupción que dirige Pettovello está trabajando para detectar desmanejos de los últimos años en los antiguos ministerios de Educación, Desarrollo Social, Trabajo, Cultura, Mujeres y en organismos como la ANSES, que ahora dependen de Capital Humano.

Hace horas, el Gobierno Nacional informó que denunció penalmente al ex Secretario de Economía Social, Emilio Pérsico, también por fraude a la administración pública, abuso de autoridad y violación de deberes durante su , desempeño funcional en la gestión del ex presidente Alberto Fernández.

La presentación la impulsó Petovello luego de detectar, según informó el ministerio, que la Oficina Anticorrupción (OA) dictaminó en contra de Pérsico en un expediente en el que se lo señaló por ubicarse como “juez y parte” a la hora del reparto de fondos de ayuda social.

Pérsico es reconocido por ser el líder del Movimiento Evita. Fernández lo dejó a cargo de la administración de millonarias partidas de dinero público destinado a la asistencia de organizaciones que buscaban controlar la pobreza en barrios y sectores precarizados. El movimiento que él fundó se encontraba entre los receptores.

Según la denuncia, Pérsico aprovechó su cargo para interceder a favor de la Federación Evita y la Cooperativa la Patriada, a fin de concederles “importantes subsidios económicos provenientes de las arcas del Estado”.

Consignó asimismo que, a raíz de la condena administrativa, y luego de diversas investigaciones en el INAES y en distintos organismos estatales, Capital Humano, por medio de la Subsecretaría Legal y la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, encabezada por Pablo de La Torre, procedió contra Pérsico.

“Su accionar no sólo importó una violación a la ética de los funcionarios públicos, sino también la comisión de delitos penales que deberán ser debidamente investigados”, explicó en un comunicado la cartera.

“La Secretaría de Economía Social que encabezó Pérsico ejercía la supervisión y control de las actividades, de las obligaciones asumidas y de la inversión de los fondos del Estado, todos ellos atinentes a los convenios, con facultades para requerir toda la documentación que considere pertinente para el seguimiento y evaluación de la implementación del programa Potenciar Trabajo”, reseñó, además.

En esa línea, precisó que las unidades de gestión, a fin de poder continuar con el cumplimiento -y, consecuentemente, con posteriores desembolsos- requerían un informe técnico favorable por parte de la unidad ejecutora, que funcionaba dentro de la órbita de la secretaría a cargo de Pérsico.

En cuanto al rol del dirigente afín al kirchnerismo, indicó que consistió en “provocar el pago de los subsidios estatales a las organizaciones de su interés”.

El comunicado de Capital Humano resaltó que la sentencia de carácter administrativo contra Pérsico tuvo lugar antes del recambio de gobierno; es decir, cuando Fernández ejercía la presidencia y Pérsico era un funcionario de peso dentro de su gobierno.

Con la llegada de Javier Milei a la Casa Rosada, su gobierno buscó eliminar la intermediación en el reparto de la ayuda social y lo hizo: recortó todas las partidas que recibían organizaciones civiles, como las que los movimientos piqueteros administraban, que no formaban parte del Poder Ejecutivo.

En ese marco, señaló ante el Judicial que Pérsico hacía exactamente lo contrario, a saber: como funcionario, adjudicaba fondos a un movimiento como el Evita, que conducía él.

Cerró su exposición argumentando que como se probó que el dinero en cuestión salió de las arcas del Estado para luego ingresar en el patrimonio de ciertas organizaciones, quedó configurado el requisito del tipo objetivo de la figura bajo análisis en cuanto precisa la existencia de un daño patrimonial concreto y/o real respecto del patrimonio de la administración pública.

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