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Judiciales pidieron por salarios en la audiencia pública del presupuesto

VARIOS PLANTEOS. Federico Cortelletti fue el encargo de llevar los reclamos de los judiciales.
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Advirtieron de que la brecha entre empleados y magistrados llegará a fin de año a 30%. También, que no se prevén cargos nuevos para el Poder Judicial en 2016. Los abogados se quejaron por el valor que tendrá un trámite de divorcio o un recurso de queja ante el TSJ.

Los reclamos de los empleados judiciales de la provincia fueron ayer a la Legislatura Unicameral, en el marco de la  audiencia pública que se realizó previo tratamiento del presupuesto provincial para el año próximo.

Cerca de las 11, los trabajadores se  concentraron en el Palacio de Tribunales I y luego se movilizaron a la Unicameral. En el salón Protocolar del Palacio Legislativo, el secretario General de la Asociación Gremial de Empleados del Poder Judicial (AGEPJ), Federico Cortelletti, fue el encargado de hacer llegar el reclamo de los trabajadores, que giró fundamentalmente en torno a la cuestión salarial y a la carrera judicial.

Cortelletti cuestionó la brecha salarial entre empleados y magistrados -que alcanzará hacia fin de año 30%- y subrayó que la carrera de los judiciales se encuentra virtualmente paralizada: para 2016 no hay ningún cargo nuevo, precisó.

“De 5.640 empleados, más de 400 son contratados, es decir 7% de la planta”, subrayó. “La mayoría de los contratados reviste la categoría de meritorio 2086, mientras en la cúspide de la planta tenemos 38 jefes de despacho, mayor y principal, y 339 jefes de despachos”, detalló el representante de los judiciales al revelar la estructura de la carrera judicial.

Y agregó: “Desde el 2013 a 2015 el diseño de la planta engrosó su presupuesto en el sector Funcionarios y Magistrados. Así vemos que el número de prosecretarios  –que es la primera categoría de funcionarios–, tanto letrados como administrativos, aumentó 27 por ciento, mientras que la cantidad de jefes de despacho, en el escalafón de empleados, se redujo 20 por ciento”.

En otro tramo de su alocución, Cortelletti también reclamó que se sostengan y profundicen las obras de infraestructura para brindar un mejor servicio de justicia a los cordobeses.

Trámites más baratos
Entre las 12 entidades que participaron de la audiencia pública estaba el Colegio de Abogados de Córdoba, representado por Patricia Elena Guzmán.

Como lo han hecho años anteriores,  los letrados plantearon la necesidad de reducir el costo de algunos trámites judiciales, como el divorcio vincular y los recursos de queja ante el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba  (TSJ).

Guzmán planteó la necesidad de que el divorcio sea calificado como trámite de monto indeterminado para reducir así su valor y pasar de 4 jus a 1,5 jus. Respecto del recurso de queja ante el TSJ, la abogada alertó sobre el incremento que sufrirá este trámite de no modificarse lo expresado en el Presupuesto 2016.

“Teniendo en cuenta el valor del cambio que tendremos en 2016, la tasa de justicia para este recurso directo será de 11.702,70 pesos; en enero tendremos otro incremento, por lo que esta tasa se incrementará hasta llegar, aproximadamente, a 12.000 pesos. De tal manera, un ciudadano que tenga que interponer un recurso de queja en junio o julio de 2016, probablemente deba pagar entre 16.000 y 17.000 pesos”, señaló.

La abogada propuso que el recurso  se establezca en un monto máximo de 20 jus, que -a la fecha, conforme al valor vigente del jus– representa 7.801,80 pesos.

Por último, planteó la objeción de los abogados a que el servicio de Justicia sea gravado por Ingresos Brutos cuando se presta a empresas.

“Los abogados estamos totalmente inhibidos de establecer empresas de servicio jurídico, lo que prestamos son servicios de carácter personal, por lo tanto, no corresponde que seamos gravados con el Impuestos sobre los Ingresos Brutos cuando nuestros servicios, en lugar de ir dirigidos al público en general, van dirigidos a una empresa”, concluyó.

Escenario

La audiencia pública se llevó a cabo en el Salón Protocolar del palacio legislativo y fue encabezado por los presidentes provisorio de la Unicameral, Oscar González; de la Comisión de Economía, Presupuesto y Hacienda, Ricardo Sosa; y del bloque de Unión por Córdoba, Sergio Busso.

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