Indemnizan a un trabajador dado de baja por su incapacidad absoluta

La decisión destacó que, al momento de solicitar la jubilación, el accionante ya padecía la patología que le impedía seguir prestando tareas. Condena a una empresa de transporte público de pasajeros

Al entender que el actor probó que el fin de su contrato de trabajo se debió a su incapacidad, superior a 66% de la total obrera (TO), tal como dictaminaron las pericias oficiales, la Sala Laboral del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba (TSJ) admitió la casación presentada por el trabajador accionante y ordenó a la empresa de transporte urbano Ciudad de Córdoba Sacif que pague la indemnización del artículo 212, cuarto párrafo, de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT).

El tribunal a quo analizó las comunicaciones epistolares y destacó que el demandante, Carlos Antonio Solle, continuó prestando servicios con posterioridad a la intimación a los fines jubilatorios, no como conductor guarda sino en la función de cargar de combustible, desde agosto/08 hasta el 12/05/09.

El fallo de la instancia previa sostuvo además que la empleadora le comunicó el vencimiento del plazo fijado por el artículo 252 LCT, el que fue rechazado por Solle mediante telegrama de fecha 13/05/09, invocando que el dicho plazo no estaba vencido y que se encontraba de licencia médica en los términos del artículo 208 LCT, por un cuadro de trastorno por ansiedad con crisis de angustia y síntomas depresivos.

Situación

Asimismo, el juzgador consideró que sólo el día 21/05/09 el accionante informó la situación de incapacidad absoluta y permanente, cuando la empleadora ya había finiquitado la unión por vencimiento del término previsto en el referido artículo 252.

A ello se agregó que, aunque se tiene por acreditado, en virtud de los dictámenes médico y psiquiátrico, la incapacidad total al tiempo de la desvinculación, del contexto probatorio se desprende que el cese de la relación no se sustentó en dicha situación sino en lo dispuesto por la norma antes mencionada.

El actor se agravió del rechazo de la demanda de indemnización prevista en el artículo 212 cuarto párrafo LCT y expuso que el juzgador se apartó de la plataforma fáctica, soslayando que el trabajador al momento de la desvinculación no estaba jubilado sino que gozaba de licencia médica; además se acreditó con las pericias oficiales que la incapacidad absoluta que portaba el actor estaba vigente durante la relación laboral.

Al resolver, el TSJ integrado por los vocales Luis Enrique Rubio, Mercedes Blanc de Arabel y Domingo Juan Sesin indicó que el tribunal a quo para arribar a la decisión que causa agravio dejó de lado prueba dirimente y suficiente para cambiar el resultado del pleito, a favor del recurrente.

Al respecto, el Alto Cuerpo indicó que el juzgador no pudo soslayar que, al momento de la culminación del contrato, padecía la disminución total de la capacidad (pericias psiquiátrica y médica), remarcando que él mismo destaca el valor probatorio de los dictámenes en el sentido considerado.

Carta documento

Asimismo, los vocales observaron que el hecho de que la carta documento de fecha 12/05/09, sustentada en el artículo 252 LCT, haya sido recibida finalizado el período previsto en la norma no altera la conclusión, pues el trabajador la rechazó y ya no prestaba servicios al tiempo de dicha notificación, situación conocida por el empleador, que permite saber que se apresuró en tomar la decisión rupturista.

Con ello, el TSJ estimó probado en la causa que el verdadero motivo de la culminación de la relación fue la incapacidad absoluta, por lo que se resolvió anular el pronunciamiento y conforme fuera verificado, se ordenó mandar a pagar la compensación prevista en el artículo 212, cuarto párrafo, LCT.