Reducen intereses de deuda en dólares contraída por compra de departamento y cochera

Con base en los informes contables, el tribunal determinó que la financiación de las operaciones se encareció sin justificación alguna, por lo que la consideró abusiva

Al considerar abusiva la fijación de un interés de uno por ciento mensual acumulativo para la financiación de la deuda en dólares estadounidenses de la compra de un departamento y cochera en el complejo Altovillasol, realizado con la demandada Gama SA, el Juzgado de 20ª Nominación en lo Civil y Comercial de Córdoba ordenó reducir la tasa de aquéllos, así como que se recalculen los términos de los boletos de compraventa celebrados, bajo las pautas de actualización de un interés de ocho por ciento nominal anual, determinándose el valor de cada cuota de modo tal que se pueda determinar la existencia de saldo y, de haberlo, sea en favor de quien corresponda.

El precio del departamento adquirido por la actora Patricia Brizuela (patrocinada por el abogado Agustín Reuter) fue de US$68.405,28 cuyo pago se pactó en una cuota extraordinaria de US$13.681,06 y 180 cuotas de US$304,02, en tanto se acordó por la cochera un precio de US$21.000 a cancelar en una cuota extraordinaria de US$500 y 180 mensualidades de US$113,89, con una cláusula (la 5ª en ambos contratos) estipulando un interés del 1% mensual acumulativo sobre el precio.

Brizuela sostuvo que ni al contratar, ni posteriormente, se le proporcionó información sobre las condiciones de financiación, específicamente sobre la tasa o la forma de determinación de los intereses, ni el verdadero alcance de la acumulación de los intereses e invocó que las cuotas comenzaron a aumentar considerablemente, en sentido contrario a las promesas que la empresa le había hecho de poder acceder a una vivienda mediante el pago de una cuota razonable, hasta el punto de resultarle imposibles de pagar.

Por lo expuesto, la demandante reclamó una tasa de interés única y no acumulativa equivalente pasiva anual promedio del mercado fijada por el Banco Central para operaciones en dólares y vigente a la fecha de los contratos y se ordene que los intereses pagados en exceso, se imputen al pago del capital, y que de existir un excedente, le sea devuelto.

De igual modo, requirió el reajuste del precio de las compraventas por haberse tornado excesivamente onerosas las prestaciones a su cargo.

Al resolver, el juez Jorge Alfredo Arévalo, en primer lugar, señaló que el plazo de prescripción comenzó desde la fecha en que la actora tuvo conocimiento de lo excesivo que se había tornado el contrato en cuanto al precio y financiación.

Partiendo del deber de información de la Ley de Defensa del Consumidor (LDC), el magistrado consideró que no fue debidamente cumplido y subrayó que la evolución del pago financiado lo tuvo la actora a través de un tercero, información presentada junto con la demanda.

El tribunal evaluó que, a la fecha de interposición de la demanda, el 20/10/2020, el plazo de prescripción no se encontraba vencido, por lo que rechazó el planteo de la demandada.

Cláusula

Luego, sobre las cláusulas del contrato, Arévalo dejó en claro que el valor del precio del inmueble fue libremente pactado por las partes y el precio de la financiación en la moneda pactada no puede ser declarado abusivo pues claramente fue producto del acuerdo de voluntades de la actora con la demandada en el ámbito de contratación, y -por lo tanto- en este caso debe prevalecer el principio de la autonomía de la voluntad y no puede el suscripto modificar las condiciones pactadas por las partes, por escapar de la función del control judicial.

Sin embargo, respecto de la cláusula 5ª de los contratos (interés de uno por ciento mensual acumulativo) el juez estimó que encarece la financiación sin justificación alguna, por lo que podría en principio considerarse abusivo.

El fallo subrayó que la perito oficial reconoció que de una simple lectura de los contratos, el consumidor -lego y carente de conocimientos técnico contables- no puede determinar ni comprender los puntos sobre los cuales ella misma -gracias a sus conocimientos técnicos/contables- se ha expedido.

De ello se derivó que si el consumidor debe acudir a un contador para poder comprender lo que había suscripto, ello indicó que la información brindada por Gama “no resulta clara, precisa, ni comprensible para él”, como indica la LDC, por lo que el magistrado consideró que la reducción de los intereses procede cuando exceden sin justificación y desproporcionadamente el costo medio para deudores, como en autos.

El juez infirió que, siendo que la deuda se fijó en dólares, la que se trata de una moneda que se encuentra ajena a los avatares inflacionarios de nuestro país, el interés convenido luce excesivo y abusivo a la luz de la moneda pactada, los usos del tráfico y las reglas de la buena fe y el principio de protección del consumidor.

Así, el tribunal estimó justo morigerarlos y, dado que no existe tasa activa que habilite ese proceder, ya que no se otorgan préstamos en dólares, por lo que fijó, que para obligaciones en moneda extranjera, por todo concepto no pueden exceder ocho por ciento nominal anual.

Consecuentemente sostuvo que deberá recalcularse el contrato celebrado, a los fines de determinar la existencia de saldos, sea por falta de integración o cumplimiento de lo pactado, conforme a éstas pautas, o lo abonado en exceso.

Por tanto, en el fallo se ordenó reestructurar la totalidad de la deuda, teniendo en cuenta la eliminación del interés de uno por ciento acumulativo y fijando para la etapa de ejecución de sentencia recalcular los términos de los boletos bajo las pautas de actualización antes referidas, estableciéndose el valor de cada cuota y determinando la posible existencia de saldo y a favor de quién es el mismo.

Finalmente, el juez Arévalo consideró que, si ese saldo fuese en favor de la demandada, se continuará con el pago del saldo del monto de la financiación, en la misma cantidad de cuotas pactadas, y con el índice de actualización establecido.