Extranjeros podrán cumplir condenas en sus países

El tratado firmado en Nicaragua, en 1994, fue enviado al Congreso en febrero de 2013, aprobado por el Senado ese mismo año y convertido en ley por la Cámara de Diputados. [privado] Argentina concretó su ingreso a la Convención Interamericana para el Cumplimiento de Condenas Penales en el Extranjero, mediante su publicación en el Boletín Oficial. El tratado -celebrado en Managua, Nicaragua, en 1994- fue enviado al Congreso por el Poder Ejecutivo en febrero de 2013, aprobado por el Senado el 20 de marzo y convertido en ley por la Cámara de Diputados el 27 de agosto de ese mismo año. La convención, aprobada bajo el número de ley 26980, dispone que “las sentencias impuestas en uno de los Estados partes a nacionales de otro Estado parte podrán ser cumplidas por la persona sentenciada en el Estado del cual sea nacional”. Además, cada país se compromete a brindar la “más amplia cooperación” en la transferencia de penados. Para ser aplicada, se requiere que el condenado haya expresado su consentimiento o, en su caso, formulado la petición. En tanto, es necesario que exista “sentencia firme y definitiva” y que el hecho por el que el acusado haya sido sancionado configure también delito en el Estado receptor, sin importar las diferencias de denominación; que la persona sentenciada sea nacional del Estado receptor; que la condena a cumplirse no sea pena de muerte; que el tiempo de la condena por cumplirse al momento de hacerse la solicitud sea de por lo menos seis meses y que la aplicación del fallo no sea contraria al ordenamiento jurídico interno del país que recibe al interno. “Al tomar la decisión relativa al traslado de una persona sentenciada, los Estados partes podrán considerar, entre otros factores, la posibilidad de contribuir a su rehabilitación social; la gravedad del delito; en su caso, sus antecedentes penales; su estado de salud y los vínculos familiares, sociales o de otra índole que tuviere en el Estado sentenciador y en el receptor”, determina la legislación. Paralelamente, prevé que los gastos relacionados con la reubicación de los penados correrán por parte del país que lo condenó, hasta la entrega del recluso para su custodia en otro territorio. Por otra parte, determina que si uno de los obligados se niega a trasladar un interno deberá comunicar su decisión de inmediato al Estado solicitante, explicando sus motivos. Asimismo, regula que una vez realizado el traslado, el país sentenciante podrá solicitar informes sobre el cumplimiento de la pena; que conservará plena jurisdicción para la revisión de los fallos dictados por sus tribunales y la facultad de conceder indultos o amnistías. La Convención Interamericana para el Cumplimiento de Condenas Penales en el Extranjero es aplicable a menores de edad e inimputables. [/privado]

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