Estiman que fue censura la cautelar que le ordenó a Google suprimir datos

La Cámara concluyó que la decisión del a quo configuró una medida extrema que generó “una grave restricción a la circulación de información de interés público” y que sobre ella pesa “una fuerte presunción de inconstitucionalidad”

La Sala A de la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza revocó una cautelar que le ordenó a Google Inc eliminar determinadas sugerencias de búsqueda, cesar en la difusión de ciertas direcciones vinculadas al nombre del actor y suprimir contenidos almacenados por el buscador. [privado]

Al admitir el recurso de la empresa, la alzada manifestó que la medida provisoria dictada por el a quo implicó “un acto de censura que interrumpe el proceso comunicacional”, pues al vedar cautelarmente el acceso a la información impide la concreción del acto de comunicación o, al menos, dada la importancia de la accionada como motor de búsqueda, lo dificulta sobremanera, “con independencia de que en relación a sus potenciales receptores sea su primera manifestación o su repetición”.

En esa línea, estimó que la decisión configuró una medida extrema que generó “una grave restricción a la circulación de información de interés público” y que sobre ella pesa “una fuerte presunción de inconstitucionalidad”.

Al destacar la importancia de los motores de búsqueda en el funcionamiento de Internet, el tribunal recordó que desempeñan un papel decisivo en la difusión global de datos.

Habeas data

A su turno, el actor inició la acción de hábeas data -prevista en el artículo 3 de la Constitución Nacional y en los artículos 16 y 33 de la ley 25326- en contra de Google Inc y de Yahoo de Argentina SRL, a los fines que se ordenara la supresión de sus datos personales de los soportes informáticos de las firmas.

Alegó que su honra, honor e intimidad se perjudicaban por la conducta de las demandadas, con la finalidad expuesta.

El a quo admitió su reclamo, pero Google apeló con éxito.

Entre otros agravios, el letrado de la compañía alegó que para el magistrado de grado basta con alegar que cierta información publicada en la prensa es falsa -sin acreditación alguna ni un mínimo análisis – para ordenar inaudita parte y a pedido del interesado su bloqueo merced a la ley de protección de datos personales, algo “contrario a todos los principios constitucionales, prescripciones de tratados internacionales de derechos humanos y normas legales aplicables”.

Expresó que contrariamente a lo que consideró el sentenciante, en el caso no se dan los presupuestos necesarios para el dictado de la medida cuestionada, que, según expuso, se ordenó sin realizar un examen detenido de cada publicación.

Por ello, indicó que jamás podría concluirse que esas páginas no contienen información u opiniones protegidas por la garantía constitucional que ampara la libertad de expresión.

Además, manifestó que el actor, como “persona pública”, está obligada a tolerar comentarios como los que objetó “siempre que sean realizados dentro de un marco de legalidad y sin caer en calumnias e injurias o invasiones groseras a la intimidad”.

Se quejó también de que tanto el juzgador como el actor cometieran el error de considerar que su mandante fue quien publicó la información, cuando en realidad es solo un motor de búsqueda que enlaza páginas web de terceros, una actividad que goza de expresa protección constitucional. Otro yerro al que apuntó es que aquéllos consideran que la ley de protección de datos personales autoriza a bloquear información publicada por la prensa o que se requiere el consentimiento de una persona para difundir datos u opiniones vinculados con asuntos de interés público, como sucedió en el supuesto judicializado, en el cual las noticias se refieren a denuncias por malversación de fondos públicos. Bajo esa premisa, planteó que la accionante no puede pretender que los medios de prensa publiquen “su versión de los hechos” y que, eventualmente debería reclamarles que se retracten o, si se llegara a comprobar la falsedad de los hechos o que han actuado con real malicia, reclamarles los daños y perjuicios correspondientes.

Apreció que el fallo en crisis fue “una decisión unilateral tendiente a otorgar a la actora lo que pretende, como anticipo de jurisdicción favorable”, luego de “maquillarla” con “algún fundamento cercano al derecho”.

Dijo también que el único “intento de fundamento” que expuso en a quo consiste en sostener que la parte actora alegó que cierta información es falsa y que podría causarle un perjuicio, sin explicar en qué consistiría ese supuesto daño.

Adujo asimismo que el juzgador hizo una referencia genérica y abstracta sin valorar las constancias del expediente y agregó que el bloqueo de enlaces constituye una medida extrema que únicamente debe disponerse frente a un contenido manifiestamente ilícito, como graves intromisiones a la intimidad, incitación a la violencia, odio racial y otros supuestos.

Sitios

-El letrado de la demanda alegó que el fallo que recurrió con éxito debió dirigirse a quienes publicaron el contenido cuestionado o a quienes lo alojaron, que no es su representada; ello así, porque no tiene poder de decisión sobre la información que publican terceros en los millones de sitios web que existen.

-Explicó que Google sólo simplifica la búsqueda y que el reclamante debió accionar en contra de los autores o de aquellos que proveen alojamiento (hosting) a cada página web (URL), fácilmente ubicables.

-Asimismo, explicó que si los titulares, editores o responsables técnicos retiraran el material cuestionado, desaparecería de Internet y automáticamente de los resultados de todos los buscadores, no sólo de Google. [/privado]