El sindicato no demostró que la empleada embarazada haya renunciado a su puesto

El despido de la trabajadora se produjo luego de una intrincada disputa, situación que motivó que el gremio entendiera que se la había cesanteado con justa causa. En el fallo se concluyó que el distracto obedeció al estado de gravidez de aquélla

Al confirmar que el Sindicato Petrolero de Córdoba no demostró que la trabajadora tuviera voluntad de interrumpir el vínculo laboral que los unía, en los términos del artículo 241 de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT), la Sala Laboral del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba (TSJ) confirmó la procedencia de las indemnizaciones por despido, sumando el incremento de protección a la maternidad al haber ocurrido la desvinculación cuando la demandante ya había comunicado su estado de embarazo.

Sin embargo, el fallo admitió la revocación de la multa del artículo 2 de la ley 25323, al verificarse un desenlace altamente conflictivo, lo que habilitó al tribunal a desestimarla.

Inasistencias

El gremio demandado se agravió porque no se había admitió la renuncia tácita de la mujer al empleo, expresando que ésta no justificó sus inasistencias durante un largo período, ni reclamó el pago de haberes, siendo que, además, la comunicación sobre su embarazo no fue inmediata, lo cual -entendió la demandada- evidenció su clara intención de abandonar el vínculo.

El sindicato también impugnó la condena a la sanción del artículo referido de la ley N° 25323, al expresar que el juzgador no tuvo en cuenta el segundo supuesto de la norma, referido a la existencia de causas que justifiquen la conducta del empleador.

El TSJ integrado por los vocales Luis Enrique Rubio, Mercedes Blanc de Arabel y Luis Eugenio Angulo, al analizar la casación, indicó que los recurrentes intentan desbaratar el análisis del tribunal a quo partiendo de la consideración de que los hechos acreditados demostraron la intención de la trabajadora de abandonar el vínculo contractual, de acuerdo a la regulación del artículo 241 LCT.

Términos

Sin embargo, los vocales observaron que, de los términos del pronunciamiento, “surge la ausencia de prueba de comportamiento inequívoco en tal sentido”, remarcando que el juzgador, luego de identificar el alcance de aquel dispositivo acompañado de la previsión del artículo 58 LCT (la renuncia no debe presumirse), aludió a la voluntad expresada en la acción de reinstalación no desistida, en la cual se ventilaron los hechos de persecución gremial y la actora manifestó su propósito de que se le restituyeran las tareas de acuerdo a su función.

De lo expuesto, el TSJ derivó que esta circunstancia condujo al a quo a descartar el supuesto de abandono, a lo que sumó la previsión del artículo 10 LCT y resolvió a favor de la continuidad del contrato.

Además, el alto cuerpo valoró que el gremio recurrente omitió tener en cuenta que antes de analizar la causa del distracto, el juez a quo verificó el comportamiento abusivo y persecutorio de la demandada en el marco del conflicto intrasindical, y sostuvo que la modificación de las condiciones laborales de la empleada implicó una evidente degradación funcional y destacó que en la misma época fue despedida su madre.

Presunción

Luego, acerca de la aplicación de la presunción del artículo 178 LCT, la decisión indicó que los recurrentes no consiguieron demostrar el error que oponen, ignorando el hecho definitivamente fijado en el pronunciamiento, relativo a que el despido operó luego de que la trabajadora comunicara su embarazo y a raíz del desconocimiento de la vigencia del vínculo.

Finalmente, el TSJ consideró que distinto acontecía con el incremento indemnizatorio del artículo 2 de la ley 25323, mandado a pagar, argumentando al respecto que la Sala ha reiteradamente sostenido que si el motivo que provocó el desenlace del contrato fue controvertido, el tribunal está habilitado al uso de la facultad que otorga la última parte del dispositivo, infiriendo que las particulares circunstancias que rodearon la ruptura, “indican que resulta razonable su rechazo”.