El Jury cordobés es el más politizado del país

Córdoba encabeza las provincias argentinas con mayor injerencia del sector político en la integración de los Jurados de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial, según se desprende de un estudio comparativo que fue realizado por la Federación Argentina de la Magistratura (FAM), alertado por esa creciente intromisión en los órganos de selección y remoción de los jueces.
El trabajo, al que tuvo acceso Comercio y Justicia, indica que, con el 78 % de representación política, nuestra provincia no sólo lidera las posiciones, seguida por Salta, sino que, además, supera la media nacional, fijada por la FAM en un 62%. En el otro extremo de la pirámide, el relevamiento ubica a Jujuy y Santa Fe como las provincias cuyos jurys se encuentran menos “politizados”.

La situación parece mejorar para Córdoba si se analiza la integración de su Consejo de la Magistratura, organismo encargado de la selección de magistrados. En este caso, la provincia pasa a ocupar el cuarto puesto -después de Jujuy, Entre Ríos y Corrientes- con menos funcionarios políticos dentro de su conformación. A diferencia de lo que ocurre en el Jury, la integración política del Consejo de la Magistratura cordobés es notablemente menor que la media nacional. El estudio de la FAM indica, en este sentido, que mientras Córdoba tiene sólo el 20% de “planta política”, el promedio nacional se eleva al 57%.

Constitucional

Más allá de su conformación, la FAM evaluó el carácter constitucional que debieran tener los Consejos de la Magistratura en las diferentes provincias argentinas. Así, el relevamiento advirtió que en sólo cuatro provincias este órgano no tiene rango constitucional. Entre ellas se encuentran Córdoba, Catamarca, Jujuy y Santa Fe. El resto, el 83%, tiene un Consejo regulado dentro de su Carta Magna.

Sobre este último punto hay que advertir que, si bien Córdoba no posee un Consejo plasmado en la Constitución, el actual Gobierno provincial (siguiendo la postura asumida por el entonces gobernador, José Manuel de la Sota), renunció a la potestad de intervenir en las ternas surgidas del organismo seleccionador. Sobre este punto, el estudio remarcó que únicamente en un tercio de las provincias del país el Gobierno no interviene en la selección realizada previamente por el Consejo, mientras que en casi dos tercios de las provincias, el Poder Ejecutivo se reserva la facultad de escoger el nominado de entre los integrantes de una terna.

Concursos

El relevamiento comparativo de la Federación Argentina de la Magistratura también incluyó un análisis respecto de la metodología utilizada a la hora de seleccionar magistrados. Al respecto, el trabajo señaló que para la mayoría de las provincias, la evaluación de los antecedentes y oposición de los pos

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