Diferencia indemnizatoria en pleito laboral, resuelta por el procedimiento abreviado

Se dio plena validez a lo dictaminado por el perito médico oficial, cuyo informe no fue impugnado por las partes

Por medio del Procedimiento Declarativo Abreviado (PDA), creado por la ley provincial N° 10596, el Juzgado de Conciliación y Trabajo de Primera Nominación de Córdoba admitió la acción por la cual el actor reclamaba una diferencia de indemnización a la establecida por la comisión médica como consecuencia de un accidente laboral, padecido como agente municipal mientras prestaba tareas en el Cementerio San Jerónimo, que le causó la fractura de su tobillo, tal como lo diagnosticó la pericia médica oficial.

El actor interpuso formal demanda laboral abreviada en contra de la Municipalidad de Córdoba y reclamó el pago de las prestaciones dinerarias del sistema de riesgos del trabajo por la disminución de su capacidad laborativa, originada por el accidente de trabajo acaecido durante su prestación de tareas en el cementerio antes mencionado.

El carácter laboral del siniestro ocurrido el 29 de octubre de 2019 -que se produjo cuando el accionante, limpiando pisos en su lugar de trabajo, se resbaló, cayó de un primer escalón y se fracturó el tobillo derecho- fue reconocido por la comisión médica jurisdiccional, pero como consecuencia de él, según el certificado de su médico tratante, tuvo como secuela una incapacidad de 6,15% -incluidos los factores de ponderación-, en tanto que la Comisión Médica N° 5 le determinó 5,70 % de la total obrera (TO).

Al analizar la cuestión, el titular del juzgado, Guillermo Cerdá López, indicó que no había controversia con relación a la naturaleza laboral del accidente y al padecimiento por el actor de un porcentaje incapacitante derivado de aquél.

Por ello, apuntó que el objeto litigioso radicaba en el quantum de dicho porcentaje; es decir, si existía una diferencia entre lo determinado en sede administrativa y lo que pueda surgir de este proceso judicial.

Dicho esto y analizadas las valoraciones médicas de la Comisión Médica N° 5 (dictamen de fecha 4 de junio de 2021) y la pericia médica oficial (presentación electrónica de fecha 31 de marzo de 2022), el juez indicó que la diferencia central que existe entre ambos radica en la limitación funcional del tobillo fracturado del actor, producto del accidente sufrido.

Graduación

Conforme al baremo y la tabla de evaluación de incapacidades laborales (decreto 49/14, anexo II), el magistrado sostuvo que el porcentaje de incapacidad asignado en los movimientos del tobillo (flexión dorsal, flexión plantar, inversión y eversión), varía según la graduación que se logre.

Concretamente, el fallo precisó que, en el caso, la diferencia surge en el porcentaje obtenido del rango de movilidad normal para el movimiento “inversión”: la Comisión Médica N° 5 evidenció un movimiento de 0° a 20° (uno por ciento).

En cambio, el tribunal observó que el galeno oficial evidenció un movimiento de 0° a 10° y expuso lo siguiente: “Previo al acto pericial, se solicitó al actor que se realice una Rx Tobillo Derecho (FyP) -21/02/22- realizado en la Cooperativa de trabajo de la Salud Junín, donde si bien se informa que presenta alineación normal de los huesos, no se observan signos de lesiones óseas y los espacios articulares se encuentran conservados, pese a que el tratamiento indicado fue el correcto, debido a la fractura y al tiempo de inmovilización, la movilidad de la articulación no se recuperó Ad-Integrum, presentando al momento del examen físico durante el acto pericial una limitación funcional a nivel del Tobillo Derecho, con disminución de los rangos de movilidad normal para los movimientos de Flexión Dorsal 10.°, Flexión Plantar 30.°, Inversión: 10.°, Eversión 10.°, con leve dolor a la examinación.”.

A su vez, Cerdá López señaló que la pericia no tuvo impugnación alguna por las partes y en mérito a todo lo expuesto, concluyó que no habiendo prueba incorporada en contra, impugnación que la desvirtúe y lo manifestado por las partes en oportunidad de alegar, corresponde dar plena eficacia convictiva a la pericia médica oficial en lo que atañe a la valoración del daño practicado.

En resumen, la decisión sostuvo que el porcentaje de incapacidad es el determinado por el galeno que fue determinado con base en la tabla de evaluación a la que el sistema de riesgos refiere.