Confirmaron la condena dictada en contra de un hombre por abusar sexualmente de su esposa

Se concluyó que el fallo del a quo, de 2018, estuvo bien fundamentado. En un primer juicio, en 2013, el hombre había sido absuelto. Los magistrados justificaron su accionar por la “subcultura” del encausado y estimaron que obró creyendo que tenía derecho. Ese veredicto fue recurrido por el MPF y se hizo otro debate oral que derivó en la sanción

La Sala I de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional confirmó la condena a seis años de prisión para un hombre quien, entre 2007 y 2009, abusó sexualmente de su esposa.

El imputado fue absuelto en un primer juicio realizado en 2013, por el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Número 16.

El Ministerio Público Fiscal (MPF) recurrió con éxito la sentencia, que fue anulada por la Cámara Federal de Casación Penal (CFCP), en 2014.

Así, en 2018 se hizo otro debate y el encausado, Ramón Adorno Florentín, fue condenado.

En marzo de 2013, los jueces María Cristina Bértola, Gustavo González Ferrari y Fernando Larrain consideraron que no existían pruebas suficientes como para fundar una condena.

En los fundamentos de su decisorio, hicieron referencia a la “subcultura” a la que pertenece Adorno Florentín, en referencia a su nacionalidad paraguaya. “Tanto como él cree que debe proveer de sustento económico, la mujer debe cuidar de los hijos. De igual forma ocurre con el débito conyugal de tener relaciones sexuales. En su concepción, la mujer debe estar dispuesta a que se desarrollen actos íntimos cuando el hombre lo desee, pues así está prescripto”, expresaron los magistrados.

“La convalidación judicial de las convicciones en orden a que el esposo tiene derecho a forzar el sexo con su cónyuge compromete seriamente los objetivos convencionales y puede generar responsabilidad internacional del Estado Argentino pues, lejos de cumplir aquellos estándares, refuerza la convicción de que el ‘débito conyugal’ puede ser impuesto a las mujeres y que debe prevalecer el deseo sexual del esposo sobre a integridad sexual de la mujer”.

(Del fallo de la CFCP que anuló el decisorio del primer juicio).

En ese sentido, sostuvieron que “las exigencias” que hizo el hombre a su esposa fueron expresadas “con el claro convencimiento de que tenía el derecho de hacerlo”.

“Efectivamente conocía que el abuso sexual con acceso carnal es un delito, mas lo creía inaplicable cuando se tratara de su esposa, puesto que ella debía corresponderlo. Creía que actuaba justificadamente amparado en la obligación conyugal de la esposa en acceder a tener relaciones sexuales cuando él lo quisiera”, resumieron.

Se concluyó que el imputado no podía desconocer que su conducta estaba al margen del orden jurídico vigente.

El fiscal Fernando Fiszer, junto con la Dirección General de Políticas de Género del MPF, presentó un recurso de casación. Alegó que se probó el abuso sexual y cuestionó los términos utilizados por los jueces, razonando que si las cosas fueran como las describieron en su fallo, se debería renunciar a la persecución de todos los delitos de abuso sexual cometidos por gente que provenga de la República de Paraguay o de barrios humildes “con mixturas de países de origen”, ya que, según los sentenciantes, “ellos responden a otras costumbres y no se les puede exigir que actúen conforme a derecho”; ello así, porque no pueden “aprehender nuestro ordenamiento”.

El recurso fue sostenido por el fiscal General ante la Cámara de Casación Penal, Javier de Luca.

“El tribunal no aplicó la doctrina y jurisprudencia nacional e internacional vigentes sobre la problemática de la violencia de género, que explican las características de estas conductas en particular, y su enfoque sobre el hecho fue erróneo, arcaico y meramente intuitivo o tópico”, sostuvo De Luca.

Mayoría

Lo expuesto por los representantes del MPF derivó en el fallo de la Sala II de la CFCP que, en 2014, por mayoría, hizo lugar a lo reclamado y anuló la sentencia.

“La convalidación judicial de las convicciones en orden a que el esposo tiene derecho a forzar el sexo con su cónyuge compromete seriamente los objetivos convencionales y puede generar responsabilidad internacional del Estado Argentino pues, lejos de cumplir aquellos estándares, refuerza la convicción de que el ‘débito conyugal’ puede ser impuesto a las mujeres y que debe prevalecer el deseo sexual del esposo sobre a integridad sexual de la mujer”, afirmó el juez Alejandro Slokar en su voto, al cual adhirió su colega Pedro David.

En 2018, el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Número 16 -con otra integración- condenó a Adorno Florentín a seis años de prisión por considerarlo responsable del delito de abuso sexual agravado por haber sido cometido con acceso carnal. Los vocales Inés Cantisani, Fernando Ramírez y Alfredo Alejandro Sañudo tuvieron en cuenta el testimonio de la mujer, quien relató en el debate las veces en que su marido abusó sexualmente de ella a pesar de sus negativas y resistencia.

Sin éxito, la defensa apuntó a supuestos “efectos perniciosos” de dictar una condena de prisión efectiva para una persona que estuvo en libertad tras el inicio del proceso.

“Se encontraba inmersa en una situación de violencia. El sufrimiento fue tal que tuvo que recurrir a la Justicia”, había planteado el MPF en su alegato, al reclamar una condena de ocho años de prisión.

Sobre el testimonio de la víctima, el tribunal manifestó que su credibilidad y veracidad fueron corroboradas por los profesionales que intervinieron en la causa, por los informes psicológicos realizados y por los datos aportados por los testigos.

La sentencia hizo foco en que, al momento en que sucedieron los abusos, la víctima “luchaba por mantener su matrimonio, creyendo que era su obligación acceder a los pedidos de su esposo”.

Luego de la condena, la defensa cuestionó los fundamentos que dio el tribunal y señaló distintos puntos que, a su parecer, no fueron tenidos en cuenta.

“Tanto como él cree que debe proveer de sustento económico, la mujer debe cuidar de los hijos. De igual forma ocurre con el débito conyugal de tener relaciones sexuales. En su concepción, la mujer debe estar dispuesta a que se desarrollen actos íntimos cuando el hombre lo desee, pues así está prescripto”.

(Del fallo absolutorio dictado en 2013 por el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Número 16).

En su voto, el camarista de la Cámara Nacional de Casación Eugenio Sarrabayrouse consideró que la sentencia valoró correctamente la prueba y que se reconstruyó de manera acertada el comportamiento que tenía Adorno Florentín cuando llegaba a su hogar y violentaba a su esposa.

Señaló que se diferenciaron -incluso- episodios en los que el hombre llegaba muy alcoholizado y no podía concretar el abuso de aquellos en los que su intoxicación no era severa y tenía pleno control de la situación.

“El examen de la totalidad de la prueba reunida en el debate oral y público y las inferencias realizadas a partir de ellas por el tribunal de mérito, permiten afirmar que Adorno Florentín comprendía la criminalidad de sus actos y podía dirigir sus acciones, tal como correctamente concluyó la sentencia”, describió.

Exclusión

Recordó después que existía para ese entonces una exclusión del hogar debido a una denuncia de violencia familiar, por lo que el acusado sabía que cometía un delito. “No resulta posible sostener que él obró debido a su formación, costumbres y experiencias aprendidas desde niño, pues ya no podía desconocer que su conducta estaba al margen del orden jurídico vigente”, recalcó.

Por último, Sarrabayrouse descartó el argumento que la defensa planteaba sobre los supuestos “efectos perniciosos” de dictar una condena de prisión efectiva cuando el hombre se encuentra actualmente en libertad y cuando transcurrieron varios años desde los abusos. “Su situación de libertad es una cuestión diferente a su responsabilidad penal”, marcó el vocal. Por otra parte, señaló que si la afectación de terceros “supusiera una infracción del principio de personalidad de las penas, debería derogarse el Código Penal”.