Obtuvo dictamen el proyecto de ley sobre muerte perinatal

La Comisión de Mujeres y Diversidad de la Cámara Baja respaldó por unanimidad la iniciativa sobre procedimientos médico-asistenciales para la atención de gestantes que afronten esa situación

En su primera reunión presencial tras la pandemia, la Comisión de Mujeres y Diversidad de la Cámara Bajada, por unanimidad, le dio dictamen favorable al proyecto de “ley Johanna”, que regula los procedimientos médico-asistenciales para la atención de gestantes frente a la muerte perinatal.

A la fecha, en Argentina no hay un protocolo que informe cómo deben desenvolverse los profesionales de la salud ante tal situación.

Por eso, el articulado propone que se confeccione un registro actualizado que contenga datos que permitan determinar las causas y factores que contribuyen a esas muertes.

La impulsora del texto, Johanna Piferrer, habló durante la sesión. La mujer, que perdió un embarazo de 33 semanas en 2014, narró que se decidió a tomar cartas en el asunto porque hizo un posteo en redes sociales y recibió relatos en los cuales “la violación y vulneración de derechos se repetía”.

Piferrer precisó que al mes y medio del parto de su bebé, Ciro, investigó sobre la muerte perinatal y que en 2015 radicó una denuncia ante el Ministerio de Justicia de la Nación.

“Logramos visibilizar en la agenda pública y mediática esta problemática. Creamos una red federal sin perder de vista la complejidad de cada territorio en el desafío de respetar las pautas culturales de cada mujer de cada comunidad”, indicó, y añadió: “Tuve que tomar pastillas para cortar la lactancia, ponerme vendas muy fuertes en los pechos, sin ningún tipo de acompañamiento ni información. Teniendo que escuchar el llanto de otros bebés cuando estaba internada en la maternidad, no tuve acompañamiento ni contención psicológica. La respuesta del Ministerio de Salud fue que tomara antidepresivos”, recordó.

Por su parte, la diputada Gabriela Lena (UCR) valoró que se trata de una ley “más que necesaria” para las mujeres que sienten dolor y culpa por sus pérdidas y no reciben las respuestas ni las explicaciones necesarias.

A su turno, Lidia Inés Ascarate (UCR) manifestó que el testimonio de Johanna ayudó a pensar en políticas públicas. “Creo que es muy importante un Ministerio de Salud que se ocupe, que investigue y brinde información sobre el tema” , resaltó.

Los derechos que plantea el proyecto de ley son, entre otros, acceder a acompañamiento y trato respetuoso; a información fehaciente sobre las causas del deceso del bebé y a tratamientos médicos y psicológicos.

En cuanto a los objetivos de la normativa, busca dotar a los profesionales de la salud que intervienen al momento del parto de procedimientos de actuación estandarizados que faciliten la atención sanitaria de pacientes y familias que sufren una muerte perinatal.

El caso

Hace siete años, Johanna afrontó la muerte perinatal del infante que gestaba con un sistema médico sin protocolos: tuvo que parir en una sala de maternidad, la llamaron “mamita” en varias oportunidades, la dejaron internada con otras mujeres que estaba ncon sus bebés y nadie le brindó la contención psicológica ni la información pertinente sobre los procedimientos médicos a los que fue sometida.

Tardó tres años en encontrar un acompañamiento adecuado y en poder procesar su duelo. Entendió que había sido víctima de múltiples violencias y demandó a la clínica donde fue atendida. Hoy trabaja para que se apruebe el proyecto bautizado en su honor como “Ley Johanna”.

Piferrer cursaba un embarazo completamente normal y ya tenía el cuarto preparado para el bebé Ciro. En la semana 33 comenzó con los controles del último tramo de la gestación, cuando le dijeron que el corazón del bebé había dejado de latir.

En declaraciones al diario Página 12, en mayo pasado, sostuvo que a partir de ese momento empezó lo que definió como “un camino tortuoso”.

Relató que la llevaron a una sala de maternidad e intentaron convencerla de tener un parto vaginal pese a que ella pedía una cesárea. “Nadie me decía qué había pasado ni cuáles eran los procedimientos a los que debía someterme. Sólo recuerdo que de las otras habitaciones se escuchaba el llanto de los recién nacidos”, narró.

Recordó también que cuando se negó al parto vaginal, porque no estaba preparada, lo que siguió fue destrato, que le contestaron que su caso dejaba de ser una urgencia y que se iba a planificar una cesárea para otro día.

Piferrer precisó que, ante ello, contactó a una amiga abogada, quien logró contactarse con el director del hospital para pedir una intervención urgente y que, en ese punto, eran las 12 de la noche y llevaba todo el día internada con su hijo muerto dentro del vientre. “ Me llevan a la sala de parto sin ningún tipo de información. Me aplican la epidural y me atan las manos. Pedí asistencia psicológica y no la tuve. Después de la operación empecé con la bajada de leche y nadie me explicó nada. Sólo vino una enfermera que me llamó ‘mamita” , relato.

“Me tocó atravesar la situación en absoluta soledad porque tu realidad no se condice con la respuesta que te brinda el sistema de salud ni con la contención que te da la sociedad. Me decían que no era para tanto, que por suerte no me lo había llegado a llevar a mi casa, que mejor que fue antes y no después, que ya iba a tener otro. Me hablaban de la pérdida de un embarazo como si hubiese perdido una llave”, agregó.

Johanna manifestó que quedó sumida en una absoluta tristeza, aturdida y “extremadamente vulnerable”, y que lo que la salvó fue crear redes, descubrir que había otras mujeres que “parían sin vida” y que sus historias eran muy parecidas: siempre presente el destrato y la violencia del sistema de salud.

Así, decidió denunciar a la clínica privada donde fue atendida. En esa primera etapa, la Coordinadora de Acciones para la Elaboración de Sanciones de la Violencia de Género (Consavig) dictó una resolución sobre violencia obstétrica y exhortó a la institución a capacitar a sus profesionales y a disponer de un lugar físico, separado de la sala de maternidad, para tratar casos de muerte perinatal.

Luego, demandó a la institución por daños y perjuicios, amparada por las leyes de Parto Respetado, de Violencia de género y de Derechos del Paciente.

El reclamo que inició Johanna es el primero por violencia obstétrica en el marco de una muerte perinatal y puede sentar un precedente.

Uruguay

En Uruguay, la organización Luz del Cielo, conformada por madres y padres que perdieron a sus hijos antes de nacer y brindan contención a personas en esa situación, presentó un proyecto de ley para incluir el nombre elegido por los padres en el certificado de defunción en casos de mortinatos, y habilitar la inscripción en el Registro Civil.

El texto ingresó a la Comisión de Población del Senado con el aval del Frente Amplio (FA) a fines de junio y su tratamiento es inminente.

La iniciativa de Luz del Cielo se apega a la definición que establece la normativa uruguaya, que reconoce la muerte fetal a partir de las 20 semanas de gestación o en casos en que el feto pese más de 500 gramos si la edad gestacional no es determinable; es decir, se refiere a un infante que, si nacía, tenía chances de vivir fuera del útero.