Confirman que en los procesos civiles orales no se puede recusar sin causa al juez que interviene

La Cámara 6ª Civil y Comercial de Córdoba resolvió un conflicto de competencia al haberse recusado al juez en donde se sorteó originalmente la causa, entendiendo que ese magistrado debía continuar entendiendo en el caso, ya que la recusación sin causa no es aplicable para los procedimientos civiles orales regulados por la ley 10550.

Tal era la situación en un pleito por daños y perjuicios fundado en la Ley de Defensa al Consumidor (LDC) planteada en contra de la Compañía Panameña de Aviación SA. A raíz de lo resuelto, el juzgador que se había recusado deberá continuar resolviendo el recurso que planteó la actora en contra de su declaración de incompetencia.

La cámara -integrada por los vocales Alberto Zarza y Walter Simes- al ingresar al análisis de la cuestión, narró que, en el caso, al interponerse la demanda, la causa fue asignada vía sorteo electrónico al Juzgado de Primera Instancia y 19ª Nominación Civil y Comercial, el que se declaró incompetente por encontrarse involucrada una cuestión federal, conforme el artículo 198 del Código Aeronáutico.

En ese escenario -se relató- el accionante recusó sin causa al magistrado interviniente y, subsidiariamente, interpuso recurso de reconsideración con apelación en subsidio en contra del decreto que declaró la incompetencia.

En ese estado, se indicó que el juez en cuestión admitió la recusación sin expresión de causa y, en consecuencia, se apartó de seguir entendiendo.

Luego, remitidas las actuaciones al Juzgado de Primera Instancia y 34ª Nominación, la magistrada resolvió no entender en función de que en los juicios con trámite oral, no se admite la recusación sin causa, por lo que, vueltas las actuaciones al juzgado de origen, éste decidió no reasumir la competencia al entender que la normativa provincial sobre el particular no resultaba aplicable.

Bajo esas premisas, la cámara consideró que el conflicto negativo de competencia “se suscita con motivo del distinto alcance que los magistrados antes referidos le confieren a la recusación sin causa en el marco de un juicio con trámite oral de acuerdo a lo dispuesto en la ley 10555”.

En ese sentido, se destacó que el juez de origen “ admitió la recusación sin expresión de causa planteada por el accionante en razón de que, pese a tratarse de un supuesto donde se aplica el trámite oral, no se le había impreso trámite a la demanda ”.

Asimismo, el fallo sostuvo que al mantener su criterio manifestó que, por tratarse de una cuestión que corresponde a la justicia federal en razón de la materia (art. 168 del Código Aeronáutico), no resultaba aplicable la normativa provincial, es decir, la ley 10555.

Normativa

Por lo expuesto, la alzada sostuvo que la recusación sin expresión de causa fue planteada de manera oportuna por el accionante. Sin embargo, al mismo tiempo observó que la ley 10555, en su artículo 1°, dispone: “ Será de aplicación el procedimiento previsto en la presente Ley para los juicios de daños y perjuicios que por su cuantía se sustancien por el trámite del juicio abreviado conforme las disposiciones de la ley N° 8465 -Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba-, o el trámite análogo que disponga el cuerpo legal que lo reemplace o sustituya. El Poder Judicial, por intermedio del Tribunal Superior de Justicia, queda facultado para disponer que el procedimiento previsto en la presente Ley se aplique progresivamente a los demás juicios declarativos ”.

En ese orden de ideas, la decisión apuntó que el Tribunal Superior de Justicia, en el anexo I del acuerdo reglamentario 1799 serie A, del 1 de marzo pasado, determinó que el trámite oral de la ley 10555 “ será de aplicación también a los procesos de consumo en los que el consumidor sea actor, sin límite de monto (conforme art. 52 y 53 de la Ley 24.240) (…)” y el artículo 2, inciso a) de la ley mencionada, establece que “(…) no es procedente la recusación sin expresión de causa (…) ”, interpretando la cámara que por ello que no sería admisible en el caso.

Así las cosas, el tribunal concluyó: “ Encontrándonos ante un supuesto donde existe una relación de consumo que encuadra en la ley 10555 y la disposición expresa respecto a la imposibilidad de recusar sin expresión de causa, debe atribuirse competencia para entender en la presente causa al Juzgado de Primera Instancia y 19ª Nominación Civil y Comercial ”.

Autos: “P. V., L. I. C/ COMPAÑÍA PANAMEÑA DE AVIACIÓN SOCIEDAD ANÓNIMA Y OTROS - ABREVIADO - CUMPLIMIENTO / RESOLUCIÓN DE CONTRATO - TRÁM. ORAL - EXPTE. N° 12003996”