Condenaron a dos ciudadanos chinos por adulterar identidad de niños para obtener residencia

En línea con el pedido del fiscal General Alberto Gentili, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Número 2 de San Martín, provincia de Buenos Aires, conformado unipersonalmente por Silvina Mayorga, homologó un acuerdo de juicio abreviado y condenó a los ciudadanos chinos Hua Zheng y Linhua Weng a la pena de tres años de prisión en suspenso como autores de los delitos de alteración de la identidad de un menor de 10 años y falsedad ideológica de instrumentos públicos, destinados a acreditar la identidad, en su modalidad de hacer insertar.

Además, les impuso la obligación de observar, por dos años, reglas de conducta.

En la investigación también fueron imputadas las madres de los niños, pero fueron beneficiadas con la suspensión del proceso a prueba.

La investigación se inició por la denuncia del coordinador del Servicio de Promoción y Protección de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes del municipio de San Fernando, quien señaló la existencia de distintos casos en los que se habrían efectuado maniobras de alteración de la identidad de menores de edad que no habían sido reconocidos por sus padres biológicos.

Posteriormente, una auditoría interna de la Dirección Nacional de Migraciones (DNM) develó que había varios trámites iniciados por extranjeros en los que obraban partidas de nacimiento rectificadas, en las que esas personas aparecían reconociendo la paternidad de hijos nacidos en Argentina, a fin de obtener la residencia, en los términos del artículo 29 de la ley 25871 de Migraciones

En el marco de la pesquisa se acreditó que Zheng alteró la identidad de un niño y que lo inscribió como hijo propio a sabiendas de que ello no era así. Para ello, la madre biológica, presumiblemente a cambio de dinero, le facilitó la documentación necesaria.

El 19 de septiembre de 2014, Zheng hizo insertar a los funcionarios de la Delegación del Registro Provincial de las Personas de San Fernando declaraciones falsas en el acta de nacimiento.

Posteriormente, inició el trámite correspondiente para obtener la residencia en el país.

Bajo la misma modalidad, el imputado Weng alteró la identidad de otro niño, al inscribirlo como propio, para lo cual también contó con la documentación facilitada por la madre biológica. La maniobra se realizó el 26 de noviembre de 2014, luego de lo cual Weng tramitó su residencia ante la DNM.

Con base en las pruebas recabadas, el fiscal de Instrucción requirió que ambos hombres fueran a juicio.

La defensa de las mujeres pidió la suspensión del proceso a prueba y Gentili la estimó viable en el marco de las recomendaciones del procurador General de la Nación.

En su dictamen, reseñó los instrumentos internacionales vigentes en la materia y concluyó que “la propia naturaleza, características y gravedad” en la conducta que se les atribuye no admite refutación por los inexcusables deberes asumidos por el Estado argentino al aprobar la Convención sobre los Derechos del Niño (ley 23849).

Entendió que “existe una responsabilidad de los representantes del Ministerio Público Fiscal para ejercer sus funciones con objetividad procurando la solución de los conflictos con la finalidad de restablecer la armonía entre sus protagonistas y la paz social”, y en función de ello se expresó en favor de concederles la probation.

“Razones de política criminal me llevan a atender las concretas circunstancias de vulnerabilidad en las que tuvieron lugar las graves conductas de las imputadas y más aún las consecuencias negativas sobre los menores que genera el hecho de que sus madres continúen sujetas al proceso penal y, peor aún, resulten condenadas por el delito que se les atribuye”, indicó.

Consideró que las madres eran mujeres vulnerables afectiva, económica, educativa y socialmente, por lo que la concesión del beneficio era la solución más adecuada.