Compensan a una mujer con US$150 por cada mes que convivió con su pareja

Debió retrasar sus estudios para cuidar a sus hijos. El tribunal observó la asimetría patrimonial con la cual las partes finalizaron su relación

El Juzgado 7º de Familia de Córdoba hizo lugar a la acción de compensación económica promovida por una mujer ex conviviente, al considerar acreditados los presupuestos del artículo 525 del Código Civil y Comercial -CCyC-), al estimar demostrado el desequilibrio manifiesto de la actora con relación al demandado.

En tal sentido se tuvo en cuenta que al finalizar la convivencia el accionado era titular de numerosos inmuebles y la actora carecía de vivienda propia; además, que la accionante asumió a lo largo de la convivencia las tareas de cuidado del hogar y de los hijos de manera prioritaria, lo que suscitó el retraso de la obtención de su título universitario y, por ende, su incorporación al mercado laboral.

De igual modo, la magistrada valoró que la actora fue víctima de violencia de género por parte de su ex conviviente, lo que exige el deber de adoptar las medidas apropiadas para asegurarle su pleno desarrollo.

La jueza Cecilia María Ferrero indicó que las partes reconocieron la existencia de una unión convivencial por más de 15 años, que se inició en 2003 y concluyó en 2018 y que la demanda se interpuso dentro del plazo legal: la compensación económica debe interponerse dentro de los seis meses de producirse cualquiera de las causas de finalización de la convivencia.

El tribunal sostuvo que era tarea de la juzgadora obtener la “fotografía” del estado patrimonial de la pareja en disputa al inicio de la unión convivencial y al momento de su finalización, indagando no sólo los activos o pasivos que pudieran presentarse en los patrimonios de cada una de las partes sino también su capacidad o potencialidades de generar recursos económicos.

Potencialidades

En cuanto a las potencialidades de las partes para generar recursos, el fallo valoró que -al inicio- la actora estudiaba medicina, carrera que concluyó en 2008, y que el hombre había obtenido en 1994 su título de odontólogo. El juez percibió que la mujer demoró en recibirse debido al nacimiento de su primer hijo y del tiempo que le demandó la crianza de éste, lo que se acrecentó con la llegada de nuevos hijos, verificándose así una resignación de la actora de su desarrollo académico en pos del ejercicio del rol materno y las tareas del hogar.

A ello se sumaron las complicaciones para poder especializarse y asistir a congresos, seminarios y/o ateneos con ese propósito.

La magistrada resaltó el tardío ingreso de la accionante al mercado laboral debido al retraso en estudio y capacitaciones, lo que dificulta su presente e incidirá en el tiempo que tardará en acceder al beneficio jubilatorio, pues no es lo mismo comenzar a aportar a los 24 años que a los 30, lo cual, con todo lo expuesto, verifica el desequilibrio manifiesto respecto de las potencialidades futuras de la actora de acceder a una mejor posición laboral.

Luego, la jueza valoró que ello, aun cuando no se enumera en el art. 525 CCyC, se relaciona con el principio fundamental de igualdad y no discriminación y se encuentra directamente relacionado a la condición de sujeto vulnerable de la actora.

Ello así, por cuanto el peritaje psicológico de la demandante refirió que se trata de “una chica frágil, insegura, complaciente” que padecía violencia del marido, con autoestima sumamente deteriorada y educada en mandatos patriarcales; precisó también que las ofensas a las que se vio expuesta la parte actora durante la convivencia son reconocidas por la testigo H. R. quien expresa haber presenciado situaciones de violencia, episodios de maltrato verbal, en los que el hombre que le decía a la actora “burra”, que “las que hacen guardia son putas”, que en relación con la construcción de la casa “nunca la hizo partícipe de nada ni del color de una pared”.

Para la sentenciante, tales manifestaciones evidencian un claro contexto de violencia de género, habiéndose acreditado que la actora ha sido víctima de ésta por parte del demandado a lo largo de la convivencia, al considerársela subordinada e inferior.

Monto

Por último, la jueza -habiendo quedado corroborada la diferencia sustancial patrimonial de las partes al finalizar la convivencia, en especial por la cantidad de bienes de titularidad del demandado y la carencia de bienes inmuebles por parte de la actora, quien en la actualidad adolece de vivienda propia a pesar de ejercer el cuidado personal de sus hijos y las tareas de cuidado que ha ejercido y continúa ejerciendo, que implicaron un retraso en su desarrollo académico, repercuten y repercutirán en su futuro laboral y previsional- estimó ajustado a derecho establecer el monto de la compensación económica solicitada en US$150 por mes de convivencia ese resarcimiento.

Al respecto, se analizó que si la convivencia duró desde febrero de 2003 a junio de 2018, esto es 184 meses, la suma total del monto compensar es de US$27.600, dejando aclarado que -en razón de que los dólares estadounidenses no son moneda de curso legal en el país- debe procederse a su conversión a pesos argentinos al valor del cambio del dólar oficial vendedor determinado por el Banco de Córdoba el día del pago.