Atenúan sanción de mujer que sufrió abuso sexual en la cárcel

La Cámara Federal de Casación Penal ratificó la unificación de penas dispuesta. Consideró que la medida es "una nueva forma" de dar respuesta estatal a las consecuencias del delito del cual fue víctima la encausada

De acuerdo con lo postulado por el fiscal Javier De Luca, la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal tuvo por desistido el recurso presentado en contra del fallo que unificó en seis años de prisión las penas impuestas en 2019 y 2020 -seis y cuatro años, respectivamente- a una mujer condenada por narcotráfico, considerando a su favor que sufrió abuso sexual en la cárcel donde estaba alojada.

En febrero de 2021, por mayoría, el Tribunal Oral Federal Número 2 de Mendoza unificó las penas que se dictaron en contra de la mujer en dos procesos por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

En línea con lo solicitado por su defensa, le impuso la sanción única de seis años de prisión y la declaró reincidente.

En 2019, la encausada fue condenada a seis años de prisión y en 2020 a cuatro años, en ambas ocasiones por infringir la ley 23737. Al confirmar la unificación decidida, la Casación argumentó que el hecho de no imponerle una pena mayor era "una nueva forma" de dar una respuesta estatal para atenuar las consecuencias del abuso sexual sufrido por la imputada mientras estaba detenida en un encarcelamiento penitenciario y por parte de un agente.

Agregó que haber sido víctima de ese delito debía integrar las condiciones personales fijadas como criterios de mensuración punitiva previstos en los arts. 40 y 41 Código Penal.

A su turno, la fiscalía de juicio de Mendoza recurrió lo resuelto por el tribunal oral. Cuestionó que considerara el abuso sexual tanto para morigerar las condiciones de cumplimiento de la pena, como para disminuir el monto resultante de la unificación.

De Luca no respaldó a su colega de la instancia anterior y sostuvo que, en el caso concreto, la restitución de las consecuencias de la infracción era imposible y que, por ello, se imponía la búsqueda de otras medidas reparadoras.

El representante del Ministerio Público Fiscal ante la Casación Penal consideró que los argumentos de la mayoría del tribunal oral que unificó las penas no fueron refutados por el recurso.

Entendió que la decisión contaba con elementos suficientes que impedían su descalificación como acto jurisdiccional válido. "Los jueces y fiscales, como agentes de ese Estado, debemos ser sensibles frente a hechos que constituyen la imposición de una verdadera pena ilícita, no sólo por razones éticas, sino porque así lo manda la Constitución Nacional cuando prescribe que las cárceles son para seguridad y no para castigo", alegó.

Bajo esa premisa, opinó que la crítica a la sentencia omitió considerar que el derecho a la reparación es un principio de derecho internacional que también integra nuestro ordenamiento jurídico, ya que toda violación a una obligación internacional que haya producido un daño comporta el deber de repararlo adecuadamente. De Luca entendió que “la decisión del tribunal de descontar un hecho (que es, a la vez, según arguyó, un caso de violencia institucional y de género) del monto final de la unificación de pena se presentaba como una forma de reparación adecuada. “Ignorar ese hecho equivaldría a desconocer su carácter de pena ilícita. Es una forma de confusión entre el ser y el deber ser. Las penas ilícitas existen, y desconocer su existencia constituye una forma de ceguera ante el objeto de juzgamiento (en este caso, la individualización de la pena), lo cual es inadmisible en la magistratura”, enfatizó.

Manifestó también que “el modo de ver la cuestión opuesto al de la resolución impugnada, carga el suceso al responsable individual de su comisión (el abusador sexual), pero desconoce que se trata de un agente del Estado que debía velar por la integridad física y psíquica de la interna que sólo estaba cumpliendo una pena privativa de la libertad, no de sus demás derechos. Es decir, de esa incolumidad era garante el Estado”.

De Luca concluyó afirmando que los jueces y fiscales, como agentes del Estado, deben ser “sensibles” frente a hechos que constituyen lo que definió como “la imposición de una verdadera pena ilícita”, no sólo por razones éticas.

Por ello, desistió del recurso de su colega, lo cual fue receptado por el voto mayoritario de Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal.

Antecedente

Cabe recordar que el 22 de marzo pasado, la Sala I de la Cámara -también por mayoría- anuló una decisión similar y devolvió las actuaciones al tribunal de origen para que dictara un nuevo pronunciamiento, por entender que omitió analizar la totalidad de las reglas establecidas para la mensuración de la pena y explicar los motivos por los cuales se apartó de la condena solicitada por la fiscalía de juicio.

En ese antecedente, el tribunal oral unificó las penas y no dio mayores fundamentos sobre su conclusión. Ello motivó una impugnación de la acusación, que criticó la arbitrariedad de la decisión, por acudir a argumentos que carecían de respaldo en el ordenamiento jurídico.

En tal sentido, indicó que “los jueces debían considerar las condiciones personales del autor al momento del hecho a fin de evaluar la posibilidad del autor de actuar de otra manera”. De acuerdo con el recurso de la fiscalía, el tribunal debió haber ceñido su análisis a las cuestiones que llevaron a la imputada a infringir la ley.

En cuanto al deber de reparar el perjuicio sufrido por la víctima (el abuso sexual por parte de personal penitenciario), argumentó que ello no constituía una razón válida para disminuir la pena.

Señaló que la norma invocada por los jueces se centraba en el tratamiento que debían tener las víctimas de los procesos penales, lo cual no podía transmitirse en el caso de las personas imputadas de un delito.