Apelaron sobreseimientos de imputados por evasión tributaria y lavado en Córdoba

El fiscal Senestrari recurrió el fallo que dispuso cesar la acción penal contra la mayoría de los involucrados en la causa, luego de que regularizaron su situación impositiva ante el Fisco. La medida redujo la cantidad de acusados de 22 a nueve

El titular de la Fiscalía Federal Número 1 de Córdoba, Enrique Senestrari, apeló la sentencia que sobreseyó a la mayoría de los imputados en una causa por evasión tributaria y lavado de activos.

El representante del Ministerio Público Fiscal (MPF) cuestionó el fallo del juez federal Ricardo Bustos Fierro, quien dispuso cesar la acción penal contra la mayoría de los involucrados en el expediente, luego de que regularizaron su situación impositiva ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), lo que redujo la cantidad de acusados de 22 a nueve .

El recurso incluye a Diego Vieyra Ferreyra, procesado -sin prisión preventiva- por alteración dolosa de registros fiscales agravada por el concurso de dos o más personas; asociación ilícita fiscal agravada por el rol de organizador y lavado de activos, todos en carácter de autor.

También abarca a Cristian Debarre, Jorge Cuevas, Martín Sarmiento, Paola Arévalo, Germán Destefanis, Mario Casco, Mario Morselli, Augusto Boero, César Capella, Fernando Sciarra, Pablo Barbieri, Federico Dellamagiore, Leandro Srur, Eduardo Pinto, Patricio González, Leuterio Bonetto, Fernando Lozano, Luciano Josué Córdoba, Mauricio Pizzi, Jessica Bodes y María José Marengo.

Según el caso, los nombrados fueron sobreseídos o se dispuso ordenar la suspensión de la acción penal en su contra por evasión de impuestos agravada por la utilización de facturas apócrifas.

Pesquisa

En la pesquisa se hallaron 20 mil facturas “truchas” que, se sospecha, eran generadas a nombre de personas de bajos recursos y en situación de vulnerabilidad, con quienes se simulaban contratos a altos valores, que eran pagados de manera ficticia.

A principios de este año, Senestrari acusó a 22 de las personas que integrarían la maniobra y solicitó un embargo total de 500 millones de pesos.

El día 9 pasado, el a quo consideró que debía suspenderse la situación procesal de la mayoría de los imputados luego de que todos ellos se acogieron a una moratoria del Fisco mediante un plan de pagos.

El fiscal consideró que el a quo llegó a una conclusión errónea que terminó generando “una cadena de decisiones infundadas que perjudican gravemente la investigación de criminalidad económica más importante que se ha generado en el último tiempo”.

Senestrari argumentó que la medida fue “un absurdo procesal y un juego irrazonado a favor de la defensa”, que, según manifestó, “lógicamente preferirá intentar antes obtener un resultado mucho menos gravoso para sus clientes”.

Para el fiscal, que los imputados abonaran sus deudas con la AFIP hizo que se cerrara la investigación sin contemplar el material secuestrado ni los allanamientos realizados en la instrucción.

En esa tesitura, calificó como “infundada” la decisión de resolver la situación procesal de los imputados; ello así porque, según alegó, del expediente surge que hay medidas que no se analizaron y “otras tantas solicitadas tanto por la Fiscalía como por parte de las querellas” que no se ordenaron o “están a la espera de que así se proceda”.

Senestrari planteó que Bustos Fierro tomó su decisión sin analizar la totalidad de la prueba. “Sólo es posible arribar a la certeza mediante un análisis integral de la prueba, sumado a la provisión o denegación fundada de la misma cuando la pidieren las partes, y a una fundamentación que convierta al decisorio en una derivación razonada del análisis de los hechos y del derecho aplicable”, acotó.

Participación

El agente arguyó que el magistrado “valoró pruebas que constituyen contundentes elementos para sostener la participación de un grupo de los imputados en los hechos de asociación ilícita y adulteración dolosa de registros”, y añadió que existen “otras consideraciones a contemplar” ; entre ellas, la falta de análisis de la solicitud de imputación del delito genérico de asociación ilícita o la participación de algunos miembros en dicha organización criminal.

Paralelamente, consideró que en los casos de las personas imputadas por evasión tributaria agravada y lavado el a quo llegó a una conclusión errónea que terminó generando “una cadena de decisiones infundadas que perjudican gravemente la investigación de criminalidad económica más importante que se ha generado en el último tiempo”.

Ley 27541

Para el fiscal, por medio de un análisis incompleto de la ley 27541 y una aplicación errónea del principio de la ley penal más benigna, el juez terminó por “menguar la reprochabilidad y responsabilidad” criminal de los encausados.

Destacó asimismo que no surge con claridad el razonamiento del juez federal para ordenar los sobreseimientos, las faltas de mérito y los diferimientos de la resolución sobre las imputaciones de lavado de activos, lo que devino -a su entender- en “una resolución que carece de un análisis que demuestre la ilación de razonamientos lógicos”.

Por último, Senestrari objetó que el juez se haya abstenido de resolver la situación procesal de algunos imputados y la incompetencia de algunos delitos de administración fraudulenta.