ESCUCHAREl juez de Control Nº 2, Gustavo Reinaldi, anuló la acusación que pesaba contra 18 manifestantes de Luz y Fuerza y del Suoem, detenidos en su oportunidad durante las marchas gremiales en contra de la reforma de la Caja de Jubilaciones de Córdoba, el 20 de agosto del año pasado. Los sindicalistas estaban imputados por “intimidación pública, daño calificado y resistencia a la autoridad”.
El magistrado fundamentó su decisión afirmando que durante el transcurso de los sucesos relatados en la acusación “se cometieron una cantidad de delitos particulares que pueden encuadrarse en diferentes tipos penales” (tales como daños a bienes públicos y privados, lesiones, agresiones y resistencia a la autoridad, entre otros), que son jurídica y materialmente escindibles y que no pueden ser contenidos en un único relato.
“Todas esas conductas delictivas deben ser investigadas, determinadas individualmente y eventualmente establecida la responsabilidad que a cada uno corresponda en oportunidad del juicio”, explicó Reinaldi.
La resolución admite que la manifestación que motivó el proceso alteró la normalidad de la ciudad y causó un estado de “temor público”, de “perturbación social”. Y agrega que cada una de las conductas que lesionaron efectivamente el patrimonio público y privado, que amenazaron la vida o integridad física de las personas o realmente concretaron esas lesiones, deben considerarse “incuestionablemente delictivas”.
Sin embargo, apuntó que estas acciones, “aunque tengan lugar en oportunidad de una convocatoria masiva, son individuales”.
“Tampoco sería lícito ni deseable restringir derechos constitucionalmente amparados (como el derecho de reunión, de peticionar ante las autoridades, de opinión, etc.) con el argumento de que generan contextos propicios para la comisión de delitos”, pero los delitos que se cometan en la oportunidad “han de ser investigados y sus autores individualizados y llevados ante un tribunal de juicio”, subrayó el magistrado.
