ESCUCHARLa Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) evalúa mecanismos para acelerar los juicios pendientes de jubilados y extender los alcances de un fallo sobre actualización de haberes a todos los integrantes de la clase pasiva que se encuentren en similar situación.
Así lo informaron ayer fuentes judiciales, que indicaron que el máximo tribunal del país comenzó a debatir en el acuerdo de la víspera la forma de extender la decisión del denominado “caso Halabi”. Ese pronunciamiento consagró la “acción de clase” a las cuestiones patrimoniales, de modo tal que un único juicio pueda beneficiar simultáneamente a todos los jubilados con iguales reclamos.
La Corte proyecta asimismo sellar la semana próxima un convenio con la Anses para acelerar el sistema de notificaciones y establecer un mecanismo de cálculo único de actualizaciones salariales, que reduzca los tiempos de los juicios -los cuales en ocasiones llegan a siete años-.
Según explicaron juristas consultados, en el sistema judicial argentino no existe lo que se conoce en derecho como el “efecto erga omnes”; es decir que un fallo en una causa tenga alcance a todos los demás de similar condición.
Vale recordar que en febrero la CSJN dictó fallo en el referido “caso Halabi”, que derribó la denominada “ley espía” y consagró la “acción de clase”, aunque excluyó de sus alcances los juicios por cuestiones patrimoniales, entre los cuales quedaban comprendidos los reclamos de los jubilados por sus actualizaciones de haberes.
Cambio de criterio
En su acuerdo de este martes, el Tribunal supremo comenzó a analizar la extensión de esa sentencia también a las acciones patrimoniales y para ello tomó en cuenta tres causas listas para resolver.
Si bien fuentes tribunalicias desalentaron expectativas respecto de un fallo en el corto plazo, advirtieron que “hay que resolver los problemas de la gente”, razón por la cual no se extendería en demasía un pronunciamiento de esta naturaleza.
Cuando la Corte dictó el fallo “Badaro”, que ratificó la movilidad jubilatoria, el Congreso sancionó una ley de acuerdo con esos parámetros -que consagraban ese derecho hacia adelante, pero que nada decían hacia atrás, según explicaron voceros del alto tribunal-.
Actualmente, sólo en la Capital Federal están en marcha unos 250.000 juicios por reajustes jubilatorios, y un eventual fallo de la Corte, con alcance masivo, podría solucionar en un solo acto tal situación.
No obstante, esa decisión le generaría al Gobierno nacional un problema considerable, por cuanto debería destinar fondos de Anses -que están siendo utilizados para otros fines- para pagar esos reajustes.
“Hay que resolver el problema de la gente. La Corte no le va a decir al Gobierno de dónde tiene que sacar el dinero, pero le pedirá al Congreso que sancione una ley que solucione la cuestión. Si el dinero está, que se les pague; si no está, que se busquen otros mecanismos para saldar esa deuda”, explicaron las fuentes.
