Antes de suspender la cobertura, el seguro debe informar al cliente que tiene deuda

La decisión confirmó lo resuelto en dos instancias anteriores y señaló que la compañía tiene que afrontar las responsabilidades derivadas de la póliza que suscribió con el asegurado

La Sala A del Supremo Tribunal de Justicia de La Pampa (STJ) confirmó una sentencia que obliga a una aseguradora a afrontar sus responsabilidades derivadas de un siniestro al sostener que la compañía debió informar al asegurado que adeudaba pagos antes de suspender la cobertura de la póliza.

Los ministros Elena Victoria Fresco y José Roberto Sappa ratificaron lo resuelto por la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de Santa Rosa, al señalar que "un contrato de seguro constituye un contrato de consumo" y que, en ese contexto, deben privilegiarse las disposiciones previstas en el Código Civil y Comercial de la Nación (CCyC) en la propia Ley de Defensa del Consumidor (LDC).

La aseguradora planteó que el siniestro, cuya cobertura reclamaba el asegurado, ocurrió cuando éste carecía de aquélla porque no había abonado las últimas dos cuotas, objetando que la cámara desconoció "el andamiaje jurídico que regula la actividades de los seguros en la Argentina".

La compañía agregó que se pretendió "mostrar al asegurado como un indefenso consumidor que no sabe que debe pagar las primas de su seguro y tener dinero disponible en su cuenta bancaria para que se puedan debitar las primas a su vencimiento", y que se aplicó de manera errónea la Ley de Seguros y la Ley de Defensa del Consumidor.

La demandada calificó de "absurdo" que se le otorgue "un instrumento de indemnidad a cualquier asegurado, para que aun cuando no abone sus primas, la compañía deba mantener vigente los efectos de la póliza", añadiendo que de esta manera las aseguradoras "más pronto que tarde podrán encontrarse imposibilitadas de hacer frente a los siniestros".

En respuesta a tales agravios, el STJ afirmó que no se configuró "la doctrina del absurdo", ya que en la sentencia de la cámara no existió "un error palmario y fundamental o grave", sino que, por el contrario, la compañía "no individualizó ni siquiera las pruebas o los hechos respecto de los cuales se habría consumado el absurdo (…), lo que resulta revelador de la insuficiencia técnica" de su análisis.

Doctrina

En cuanto a lo normado por la Ley de Seguros y no la LDC, los supremos afirmaron que no cabía dudas en que el contrato de seguro es de consumo y que, por ello, deben priorizarse dichas normas.

Fresco y Sappa subrayaron que "el deber de información se erige como uno de los pilares sobre los que se asienta el derecho de consumo", teniendo rasgo constitucional, lo que se refuerza con la previsión del artículo 4° LDC, al imponerle al proveedor "la obligación de suministrar al consumidor, en forma detallada, las características esenciales de los bienes y servicios de su comercialización".

"El deber general de información hace a la transparencia informativa del contrato de consumo (…). El propósito consiste en que, a través de una información adecuada y veraz, el contrato celebrado se corresponda con las expectativas recíprocas que tenían las partes antes de su perfeccionamiento", acotaron.

Más adelante, el STJ señaló que "en materia de derecho de seguros se refuerza esa obligación en cabeza del asegurador. Sucede que el contrato de seguro es un instrumento que exhibe inocultablemente la desigualdad formal que ostentan las partes al existir una asimetría técnica, económica y jurídica que redunda en el poder de negociación que concentra el asegurador”.

A ello el fallo sumó que no debe olvidarse que los caracteres técnicos del contrato de seguro o la complejidad del texto que instrumenta el contrato, las múltiples resoluciones elaboradas por la Superintendencia de Seguros de la Nación y disposiciones de la ley de seguros son, en principio, ejemplos paradigmáticos de obstáculos para el cabal conocimiento de los alcances de la relación contractual.

La decisión indicó que la cuestión debe analizarse desde esa perspectiva. Si bien la Ley de Seguros, por medio del artículo 31, prevé la suspensión de la cobertura por falta de pago; el fallo subrayó aron que ese texto "no se ajusta a los principios de protección del consumidor" y que "merece una relectura acorde con los principios estructurales básicos del derecho de consumo en general y el deber de información en particular".

Buena fe

La sala sostuvo que "la suspensión de la cobertura es quizá una de las más trascendentes circunstancias respecto de las cuales el asegurado debe ser informado (…) Entonces, bajo esta mirada, es posible afirmar que la suspensión de cobertura no puede ser un efecto directo y automático de la mora del asegurado. Al contrario, ante la falta de pago de la prima, el asegurador debe informar al asegurado el incumplimiento de su obligación a fin de dar posibilidad de sanear dicha circunstancia para que luego, ante la reticencia del asegurado, pueda configurarse la suspensión de la cobertura", acotó.