Naranja paga daño moral y punitivo por cobrar cargos de una tarjeta sustraída

Los consumos se realizaron con un plástico adicional y el titular denunció reiteradamente el robo sin que la empresa emisora atendiera los reclamos

La Cámara 6ª Civil y Comercial de Córdoba condenó a Tarjeta Naranja SA por daño moral y punitivo que le ocasionó a la accionante al pretender cobrar consumos posteriores a la denuncia por extravío del plástico.

En primera instancia se hizo lugar parcialmente a la acción impetrada por Marcelo Pablo González y Macarena González, quienes apelaron por el rechazo de los daños pretendidos. Los vocales Alberto Zarza y Walter Simes , al analizar la apelación presentada, señalaron que la primera parte del artículo 1 de la Ley de Defensa al Consumidor (LDC) se refiere al “consumidor directo” o “consumidor en sentido estricto”, es decir al “contratante de un bien o servicio que se adquiere como destinatario final”, donde existe entre las partes una relación convencional.

El fallo agregó que en la segunda parte de la norma incorpora a los “consumidores indirectos”, es decir, aquellos que integran el círculo familiar y/o social del “consumidor directo”, tal como sucede en el caso de autos con la hija Macarena González, quien tenía una tarjeta de crédito adicional a la del titular, advirtiendo que si bien la hija no contrató directamente con la demandada, es a partir de la sustracción de la tarjeta adicional a nombre de ella que se generaron los perjuicios reclamados por los actores.

La alzada expuso que González efectuó la denuncia de sustracción de dicha tarjeta ante la entidad demandada con fecha 22/03/2016 y bajo esas premisas sostuvo que el hecho de aseverar que, al momento de efectuarse los consumos impugnados, la tarjeta se encontraba bajo la custodia de los actores, desatendiendo la denuncia efectuada y el desconocimiento de los gastos, implica una conducta que contraría el trato digno que debe otorgárseles a los consumidores.

Para los jueces, el cliente cumplió de manera diligente los pasos a seguir para denunciar el robo de la tarjeta con la que se realizaron los consumos impugnados, concluyendo que la falta de una solución expedita, la negación de los hechos, la injuria que les ocasionó a ambos actores el hecho de que la entidad desconociera la situación denunciada de manera oportuna, resulta evidente y suficiente a los fines de admitir la procedencia del rubro daño moral.

Así, destacaron que la sorpresa, la angustia, el malestar y el sentimiento de desolación que produjo tal respuesta a ambos clientes se desprenden de la propia condición de ser humano.

La alzada resaltó que no son una cuestión menor los numerosos reclamos efectuados por González (por correo electrónico, carta documento, concurrir a la empresa demandada personalmente, como la interposición de la demanda debiendo requerir asistencia técnica), frente a los cuales la demandada mantuvo una actitud renuente y desleal al sostener que los gastos habían sido efectuados cuando la tarjeta se encontraba bajo la custodia de Macarena González, lo que implica presuponer una actuación deshonesta por parte de los actores.

Entidad

En este marco, teniendo en cuenta la entidad de las lesiones y molestias causadas en los actores, en el fallo se resolvió que correspondía hacer lugar a la presente queja y cuantificar el daño moral para ambos accionantes en la suma $10.000, más los intereses fijados en la Tasa Pasiva del Banco Central más dos por ciento nominal mensual desde la fecha de la carta documento cursada por la demandada de fecha 24/05/2016.

En cuanto al daño punitivo, se sostuvo que el hecho de sostener que aquellos consumos fueron realizados bajo la custodia de la usuaria de la tarjeta adicional implica atribuir falsamente a los accionantes una conducta deshonesta, cuando se encuentra acreditada la sustracción de la tarjeta y que los consumos no fueron llevados a cabo por Macarena González.

La decisión remarcó que el titular dio de baja el servicio, pagando por anticipado el saldo de la misma incluidos los consumos impugnados, pero que la demandada no solucionó en tiempo y forma los inconvenientes ocasionados al consumidor, quien se vio obligado a acudir a sede judicial para enmendar su situación, por lo que se estimó que correspondía resarcirlo en $ 40.000 más interés por el rubro reclamado.