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AMIA: rechazan recusación a dos jueces de causa vinculada al encubrimiento del atentado

EN LA MIRA. La Cámara Federal porteña desestimó la recusación en contra del juez Roberto Boico.
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El pedido de apartamiento estaba dirigido contra los camaristas Roberto Boico y Juan Carlos Bonzón

La Cámara Federal porteña rechazó este jueves la recusación contra dos de sus miembros que intervienen en la causa por el supuesto encubrimiento del atentado a la AMIA, en la que se investiga a los secretarios del condenado exjuez federal Juan José Galeano, informaron fuentes judiciales.

El tribunal de apelaciones rechazó la recusación presentada por la defensa de Javier De Gamas, exjuez de Ushuaia y antes secretario de Galeano, contra los camaristas Roberto Boico y Juan Carlos Bonzón, quien integra el fuero Penal Económico pero fue convocado para intervenir en este expediente.

«El temor de parcialidad argüido no se encuentra objetivado en los términos en que la garantía se encuentra amparada en la Constitución Nacional y por la normativa supranacional incorporada a ese rango. Así, la pretensión deviene improcedente», concluyó el juez de la Cámara Federal porteña Mariano Llorens al rechazar las recusaciones de contra sus colegas.

La defensa de De Gamas había sostenido que los jueces cuestionados «habrían incurrido en el prejuzgamiento que habilitaría el apartamiento reclamado, ya que anticiparon una decisión que lo perjudicaría» al intervenir anteriormente en la causa; mientras que en el caso de Boico también le achacó haber intervenido como abogado en la causa por el memorándum de entendimiento con Irán.

De Gamas y los otros exsecretarios de Galeano, Susana Spina y Carlos Velasco, habían sido procesados primero por el juez Sebastián Ramos por «incumplimiento de los deberes de funcionario público», pero la Cámara Federal -con la firma de los jueces Boico y Bonzón- incluyó luego las figuras de «encubrimiento, peculado, privación ilegal de la libertad y prevaricato».

En el caso del exjuez Galeano, fue condenado en 2019 a seis años de prisión por el pago ilegal de 400 mil dólares al otro acusado por el atentado, Carlos Telleldin, para que en 1996 declarase e introdujera a la causa a los policías bonaerenses como supuestos receptores de la camioneta Trafic que se usó como cochebomba.

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