Admiten crédito de honorarios reclamados por contadores en el pasivo de una sucesión

En un concurso preventivo, los administradores de la concursada alegaban que los profesionales no eran ajenos al estado de cesación de pagos de aquélla

Al destacar que los administradores de la sucesión, quienes pidieron el concurso preventivo de ésta, no cuestionaron en tiempo y forma la causa del pagaré que habían firmado a favor de quienes los asesoraban en materia contable, la Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) rechazó el recurso de la concursada y confirmó la admisión del crédito en su pasivo.

En el caso, los contadores A. A. M. y M. S. C. de P. promovieron demanda ejecutiva contra la sucesión de R. O. D. persiguiendo el cobro de $95.725,34 más intereses, suma consignada en un pagaré sin protesto librado por los administradores judiciales de aquélla, con fecha de vencimiento el 30/7/2010, habiéndose extendido el reclamo a la menor S. A. R., lo que motivó la intervención de una asesoría letrada.

Sentencia

Mediante sentencia del 6/2/2014, del Juzgado de 1ª Instancia Civil, Comercial y de Familia de 1ª Nominación de la ciudad de Marcos Juárez , en la cual consta que los demandados fueron citados a estar a derecho y de remate sin que comparecieran, se los declaró rebeldes y se mandó llevar adelante la ejecución del documento en cuestión.

Previamente, con fecha 30/12/2014, los referidos administradores habían requerido la apertura de concurso preventivo, en el que se les reconoció a los contadores mencionados en el pasivo concursal el crédito a su favor por la suma de $245.987,27.

La sucesión concursada apeló dicha resolución pero el recurso fue desestimado por la cámara actuante, lo que motivó el planteo casatorio de los apelantes.

Al analizar la cuestión, el Alto Cuerpo integrado por Marta Cáceres, Domingo Juan Sesin y Luis Eugenio Angulo observó que la concursada interpuso casación, que no fue concedida bajo el argumento de que la recurrente no cuestionó en forma su no oposición al pedido de verificación tempestiva.

En esa dirección, el TSJ indicó que la obligación de honorarios profesionales era la causa del pagaré.

Por otra parte, al analizar si los contadores no fueron ajenos a la cesación de pagos; que son los autores del título de crédito que pretenden insinuar; que dicho título es nulo, de nulidad absoluta, en perjuicio de los menores porque fue librado por los representantes legales de ellos sin participación del Ministerio Pupilar, sin autorización judicial ni haberse probado la causa y el monto que justificara cuáles fueron los servicios y su costo, el TSJ apuntó a la acusación de que “no fueron ajenos a la cesación de pagos”.

Designación

Al respecto, los vocales reseñaron que los propios administradores de la sucesión -más allá de aludir a su condición modesta o con pocos recursos intelectuales- fueron designados en diciembre de 2007; esto es, siete años antes de presentar la solicitud de apertura de concurso preventivo.

El fallo subrayó que en esa oportunidad reconocieron que el estudio contable cuestionado les prestaba asesoramiento contable, impositivo, financiero y comercial y que siempre supieron que se le debía honorarios por asesoramiento contable y jurídico.

Sin embargo, invocar que la existencia del pagaré reclamado por los profesionales “los tomó por sorpresa”, motivando un “desesperado” pedido de concurso o la alegación de que el documento aludido es nulo de nulidad absoluta, en perjuicio de los menores, porque fue librado por los representantes legales de ellos sin participación del Ministerio Pupilar ni autorización judicial, testimonio que -tal como lo sostiene la cámara- “supera con creces el marco de la presente revisión”.

Crítica

Así las cosas, el TSJ resaltó lo expuesto por la cámara en el sentido de que aparece descontextualizada y extemporánea la crítica, por cuanto, conocido su agravio desde 2014, los casacionistas nada promovieron en pos de corroborar su verdad.

En definitiva, los supremos sostuvieron que, “a despecho del disgusto que pueda crear en el ánimo de la impugnante, cabe afirmar que el criterio resolutivo propiciado por el tribunal a quo podrá o no ser compartido por la interesada pero, desde el punto de vista formal, carece de las deficiencias que se le enrostran, contando con fundamento suficiente para ser mantenido como pronunciamiento válido”.