ESCUCHARAnte la advertencia sobre un “negocio” de los amparos por prótesis que involucra a médicos, proveedores y abogados, manifestada por el titular del Apross, Rodolfo Rodríguez, en una nota publicada ayer en este medio, el titular de la Asociación de Magistrados, Víctor Vélez, defendió la actuación de los jueces.
Rodríguez había planteado que los magistrados carecen de la información necesaria como para ponerle límite a la situación y otorgan medidas cautelares (de pronto otorgamiento de la prótesis solicitada por el demandante) sin que les extiendan un pedido de informe al Apross para que, al menos, tengan posibilidad de explicar por qué proveen determinada prótesis y no otra.
“Si (el negocio) es así, como él dice, es gravísimo y tiene que caer todo el peso de la ley para que no se erosione el patrimonio de todos. Si existe negociado, hay que denunciarlo”, dijo Vélez. Respecto al otorgamiento de medidas cautelares, sostuvo que los jueces actúan “conforme a la ley” y a doctrina de la Corte Suprema.
“El amparo es una medida urgente y la cautelar exige condiciones, entre ellas la verosimilitud del derecho; es decir, que el que reclama pruebe que tiene ese derecho. Se supone que los informes que se acompañan, de médicos matriculados, son verosímiles en función de que han hecho un juramento hipocrático, sino tendrá que actuar en ese punto el Consejo de Médicos”, dijo el juez.
Por otro lado, sostuvo que los jueces deben evitar el peligro que puede causar una demora, evitando un daño físico o psíquico y que el Apross tiene, además, la vía de la contracautela para el posterior recupero patrimonial. “Ante la duda, prima la vida”. Vélez reseñó que muchos amparistas denuncian que llegan a la Justicia después de haber peregrinado meses por la obra social.
Finalmente, puso a disposición la entidad para que se produzca un encuentro entre referentes del Apross y jueces de primera instancia, en el que se trate esta preocupación.
