«La Justicia jugará el papel fundamental para frenar la industria del juicio»

Luego de que el superintendente de Riesgos del Trabajo de la Nación, Juan González Gaviola, bajó a la ciudad, dijo que Córdoba encabeza la lista de las provincias con mayor litigiosidad laboral y mantuvo una reunión con el Tribunal Superior de Justicia para pedir que investigue presuntos fraudes, Edgardo Bovo, tesorero de la Unión de Aseguradoras de Riesgos de Trabajo (UART) dialogó con Comercio y Justicia sobre el tema y los efectos del reciente decreto de la Nación que eleva la reparación económica por accidentes laborales, otorga mayores prestaciones médicas e incorpora enfermedades profesionales que no estaban contempladas. Cabe recordar que, a partir de ahora, el nuevo piso indemnizatorio es de 180 mil pesos y no hay tope.

– ¿Qué efectos tiene el último decreto presidencial para elevar la reparación económica de accidentes laborales?
– Es un decreto que, si bien tendría que haber surgido de un consenso entre empresarios y trabajadores, vía UIA, CGT y Gobierno, no lo tuvo. Por lo tanto, ha salido más bien de las esferas del Gobierno. Tiene varios efectos, uno de ellos es el aumento de las prestaciones económicas que impulsábamos en la UART, porque efectivamente estos montos habían quedado bajos. Desde ese punto de vista social es totalmente justo y acertado esa actualización de los montos.
Por otra parte, se está hablando de un nuevo decreto de enfermedades profesionales, que serían con cargo al Fondo de Enfermedades Específicas, con lo cual no tendría impacto en 2010, quizá sí en 2011.

– ¿Cómo impactaría ese listado de enfermedades nuevas en el sistema de ART?
– Éstas son las enfermedades que generan muchos juicios. Argentina tiene un listado de enfermedades bastante amplio, uno de los más amplios del mundo y ha sido bastante permisiva en cuanto a la incorporación de enfermedades. Si bien se establecen ciertos requisitos, en general, en el mundo no se cubren estas enfermedades; aquí se van a cubrir con cargo al fondo mencionado y si se respetan esas cuestiones técnicas, estamos de acuerdo. Creo que va a disminuir la litigiosidad en ese aspecto de enfermedades profesionales, siempre y cuando no siga existiendo la “industria del juicio”, que por las dudas van a reclamar y que por ahí encuentran juzgados que le dan curso favorable. Entonces, están indemnizados de acuerdo con el monto que establece la Superintendencia (de Riesgos del Trabajo) y tal vez hacen juicio de todas maneras. Ese es el foco que hay que atacar entre todos.

– ¿Estiman que va a bajar la litigiosidad con el decreto?
– Este decreto no arregla el problema de fondo. Mientras la UIA solicitaba la opción o reclamo por la Ley de Riesgos del Trabajo (LRT) o por la vía civil, la CGT pide el cúmulo; es decir, el reclamo por la LRT, pero también por la vía civil. Hoy los montos que quedaron con el decreto ya son, diríamos, altos, suficientemente justos. Evidentemente que una vida o la pérdida de un brazo es difícil de valorar económicamente, pero hay que ponerle un valor y los valores que están teniendo hoy son suficientes, porque incluso son más altos que los que falla la justicia civil. Ahora, si cobran eso y además van por la vía civil y un juez le da curso todavía, entonces eso no se para más. La Justicia juega un papel fundamental aquí.

– Entonces, ¿el mensaje de la UART es hacia los jueces?
– No sé si como UART o en lo personal. Creo que en la medida en que una persona que sufrió un daño está suficientemente indemnizada, con las fórmulas,