ESCUCHAROrganizaciones humanitarias pidieron que no se consagre “la impunidad”
Una corte de apelaciones de Chile revocó la prisión preventiva que pesaba sobre
seis carabineros acusados de torturas y delitos sexuales contra el estudiante Josué Maureira, presuntamente ocurridas después de una de las protestas que se suceden en el país des-
de el 18 de octubre pasado.
Maureira, de 21 años, denunció haber sido víctima de agresiones y torturas por parte de los
agentes de Carabineros después de haber sido detenido en la noche del 21 de octubre.
De los seis agentes, dos de ellos fueron acusados del delito de tortura con abuso sexual agravado, porque supuestamente utilizaron elementos contundentes para llevar a cabo esa agresión sexual. Además, habrían humillado e insultado al joven por su condición de homosexual.
Sin embargo, el tribunal determinó que los antecedentes recabados por la Clínica Jurídica de la Universidad Católica, donde el joven sigue la carrera de Medicina, «no confirmaban» ninguno de los delitos imputados.
La denuncia realizada por Maureira formó parte del informe de la alta comisionada por los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Michelle Bachelet, quien denunció un «uso excesivo de la fuerza» de los agentes durante las protestas.
Por el caso, cinco de ellos tienen aún medidas cautelares de prohibición de abandonar el territorio chileno y arresto domiciliario. El sexto imputado tiene prohibido salir de Chile y debe presentarse mensualmente en una comisaría.
«Lo de hoy (por la revocación de la prisión preventiva) es el primer avance y el primer paso para obtener la absolución por estos casos», expresó el abogado de los carabineros, Rodrigo Lazo.
Consideró que el fallo judicial es «un tremendo logro de parte de la defensa de estos seis carabineros, quienes estaban injustamente sometidos a una medida cautelar tan gravosa como es la prisión preventiva».
En otro caso, la justicia chilena también revocó la prisión preventiva a cinco carabineros en el caso del joven Moisés Órdenes, quien denunció tortura de los efectivos mientras se manifestaba
en la capitalina plaza Ñuñoa en los primeros días del estallido social.
La Octava Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago estimó que los uniformados sólo habían actuado con “violencia innecesaria”, por lo que siguen sujetos a la investigación en libertad.
El abogado de uno de los carabineros, Jorge Villalobos, afirmó que tomaba «muy bien» la resolución. Insistió en que no compartía “en lo absoluto” la calificación jurídica de tortura, la que calificó como “muy grave para el hecho».
Los cinco carabineros que estaban en prisión preventiva ahora quedaron con la medida cautelar de firma semanal y la imposibilidad de salir del país mientras la fiscalía evalúa las acciones a seguir después de la decisión de la Corte de Apelaciones, que no es apelable.
El coordinador de litigios estratégicos del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Pablo Rivera, lamentó que la justicia se haya negado a procesar por torturas a los cinco uniformados que estaban en prisión preventiva.
“Tenemos la convicción de que la brutal golpiza sufrida por Órdenes fue un caso paradigmático de tortura y es muy complejo que la Corte de Apelaciones de Santiago haya recalificado este caso como delito de violencia innecesaria”, señaló Rivera.
Mediante un comunicado del INDH, el letrado alertó sobre la necesidad de que no se consagre
“la impunidad” en este tipo de delitos cometidos por agentes del Estado y que la sanción sea
“proporcional a la gravedad de los crímenes”.
Según Rivera, el argumento principal del fallo no es compatible con los estándares internacionales de los derechos humanos.
«Que un hecho de maltrato dure 10 segundos, o una hora o 10 horas, es un antecedente que
hay que valorar, pero no es determinante para catalogarlo de una u otra forma, que es lo que finalmente realizó la Corte de Apelaciones de Santiago”, destacó.
Cabe recordar que las protestas en Chile estallaron contra la cuarta suba del precio del tren metropolitano en pocos meses y crecieron rápidamente hasta denunciar la desigualdad social y reclamar una nueva constitución, que se dirimirá en un plebiscito previsto para abril.
El presidente Sebastián Piñera, quien llegó a declarar el estado de emergencia y desplegó en
las calles a las fuerzas armadas, pidió “perdón” por no escuchar el clamor de los chilenos y pro-
puso una «agenda social», remodeló su gabinete e inició un diálogo con los partidos políticos,
opositores y oficialistas.
En las protestas, 23 personas murieron por los enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad y más de mil fueron detenidas.
