La Sindicatura General de la Nación obligó a la Superintendencia de Salud a regular los precios y los servicios de las empresas de medicina privada que se contratan mediante una obra social, según trascendió en medios nacionales.
El nuevo control surge de un acta de compromiso firmada por ambos organismos. Asimismo, la Superintendencia deberá asegurar que los beneficiarios de obras sociales que estén en crisis o en convocatoria de acreedores reciban atención médica adecuada. El plazo para concretar el nuevo seguimiento oscila entre los 60 y 210 días.