ESCUCHARReplicó un esquema que involucra al Banco de Córdoba y a las contratistas. Se trata de la triangulación del pago de las certificaciones a través de la entidad oficial. Los montos se restituirán hasta en 36 cuotas. El mecanismo involucra más de 600 millones de pesos. Por Alfredo Flury / [email protected]
El Ejecutivo provincial puso en marcha en las últimas horas un esquema de financiamiento de la obra pública, a través del Banco de Córdoba, que permitirá sostener el ritmo de actividad al menos en proyectos clave, aún en situación de crisis.
La ingeniería financiera confirmada a Comercio y Justicia por fuentes del Ejecutivo y de las empresas constructoras es, en rigor, una réplica de un esquema vigente desde la gestión de Juan Schiaretti y que ahora se reflotó para evitar una casi segura desaceleración de las obras públicas.
Es que el propio De la Sota admitió días atrás ante empresarios del Grupo de los Seis que la turbulenta situación económica tras la devaluación, muy probablemente termine impactando en las cuentas públicas a partir de una presión de los gastos corrientes, principalmente salariales, y una recaudación cuyo derrotero a lo largo del año aún es una incógnita. Y en tal contexto, el mandatario admitió que el ajuste llegará a través de la obra pública. Vislumbrando un escenario complejo, De la Sota desempolvó un mecanismo que ya se utilizó durante la gestión de su antecesor con buen resultado al principio. Con todo, el sistema terminó por convertirse en un lastre para las empresas contratistas que acumularon deuda con el Banco de Córdoba y quedaron altamente expuestas en sus balances a la hora de presentarse en una licitación o buscar mayor financiamiento.
El mecanismo
La herramienta permite a las empresas presentar los certificados de obra ante el Banco de Córdoba y recibir por ese documento el 90 por ciento de la acreencia.
Se trata lisa y llanamente de un crédito que obtienen las contratistas y que cancelarán una vez que la Provincia disponga del efectivo necesario. Ese plazo podrá extenderse hasta 36 meses, es decir un período de tiempo que excede al del actual gobierno. Durante ese lapso, la Provincia se hará cargo no sólo del capital de la deuda sino también de los intereses.
La triangulación se realiza a través de las empresas que son los sujetos del crédito, toda vez que la entidad oficial está impedida por normas del Banco Central de prestarle directamente a la Provincia.
En resumen, las empresas se hacen de los fondos de manera inmediata y pagan los créditos obtenidos a través del Banco de Córdoba con fondos que la Provincia les irá goteando de manera mensual en un plazo que puede extenderse hasta tres años.
El esquema permite eludir la demora de la Provincia en el pago de las certificaciones de obra cuyo plazo habitual ronda los 60 días desde la presentación.
El mecanismo deja al descubierto el explícito reconocimiento del Ejecutivo de las dificultades que tendría para pagar en tiempo y forma las obras encaradas.
En cuanto a las empresas, si bien quedan expuestas a un endeudamiento progresivo en función de la cantidad de certificados que vayan acumulando y que ingresen por esa vía, les permite continuar activas y cobrando. Se trata de una forma de eludir el casi seguro ahogo fiscal que atravesará la Provincia y que, cuanto menos, la obligaría a disminuir el ritmo de obra.
“No es la mejor salida”
“No es la mejor salida pero es una alternativa para no frenar el nivel de actividad”, admitió a este medio una fuente de una importante contratista. El informante recordó que el Gobierno aún adeuda un monto significativo del esquema similar puesto en marcha durante la gestión de Schiaretti.
Aquel pasivo acumulado que llegó a 600 millones de pesos y que fuera denunciado en numerosas ocasiones desde la Cámara de la Construcción, terminó por cancelarse a medias.
En 2013 se pagaron cuotas consecutivas de 25 millones de pesos hasta totalizar 300 millones. El último pago debía hacerse al cierre del año y de una sola vez. El inesperado costo fiscal que generó el aumento al personal policial primero y luego el pago de un bono a los estatales, determinó que esa última cuota se refinanciara en otros 12 pagos de 25 millones de pesos cada uno, que coinciden con el ejercicio 2014.
Por lo demás, en el mecanismo entrarían en principio un conjunto de obras viales consideradas claves para la administración de José Manuel de la Sota: las autovías a Río Cuarto, a San Francisco y a Jesús María. No obstante, fuentes del Ejecutivo contactadas por este medio admitieron que la herramienta tendrá “amplio uso” en diferentes proyectos de obra.
La estimación oficial es que, en una primera instancia, el esquema podría cancelar certificaciones de obra por mas de 600 millones de pesos.
Licitación
Cuatro oferentes para nuevo tramo de autovía 9 norte
La Dirección Provincial de Vialidad formalizó el viernes el acto de apertura de sobres de la licitación para la ejecución de la Autovía de la Ruta Nacional 9 Norte, en el tramo comprendido entre distribuidor Juárez Celman y la localidad de General Paz, con un presupuesto actualizado de 95 millones de pesos. Según se informó se presentaron cuatro oferentes: Romero Camissa Construcciones S.A., Afema S.A., Boetto y Buttigliengo S.A. y APE S.A.
