ESCUCHAREl oficialismo avanzará con el trámite parlamentario en Diputados. Si la comisión avala, podría ser tratado en el recinto el próximo 19 de septiembre
Comienza este lunes una semana que se descuenta de avances para el proyecto de ley «Empleo Mipyme» enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso, que busca favorecer el blanqueo de trabajadores informales así como la contratación de nuevo personal por parte de las micro, pequeñas y medianas empresas, al condonar 100% de los aportes patronales por dos años o eximir el pago de deudas a las empresas que ingresen al programa.
Los legisladores del oficialismo buscarán esta semana avanzar en la Cámara de Diputados con la convocatoria a una reunión de comisión en la que expondrán funcionarios nacionales, en la que se podría concretar la firma del dictamen para habilitar su tratamiento en el recinto.
La iniciativa enviada el jueves pasado al Parlamento por el ministro de Economía, Sergio Massa, propone concretamente la condonación del 100% de los aportes patronales por 24 meses a las pequeñas y medianas empresas que incorporen nuevos trabajadores y la eximición del pago de deudas a aquellas que regularicen a trabajadores no registrados.
En base a la agenda parlamentaria prevista para esta semana, el miércoles a las 15.30 la Comisión de Presupuesto y Hacienda iniciará el debate con las exposiciones de la ministra de Trabajo, Raquel Olmos; del titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Carlos Castagneto; del secretario de Industria y Desarrollo Productivo, José de Mendiguren; y de la subsecretaria de Ingresos Públicos, Claudia Balestrini.
Tras la exposición de los funcionarios, el oficialismo buscará emitir dictamen sobre el proyecto de ley a partir de la mayoría de integrantes con la que cuenta en ese cuerpo de trabajo.
La bancada presidida por Germán Martínez cuenta con 24 de los 49 integrantes en la Comisión de Presupuesto y Hacienda; Juntos por el Cambio tiene 23; mientras que los dos restantes pertenecen al interbloque Provincias Unidas (gobiernos provinciales de Misiones y Río Negro) y al interbloque Federal (oficialismo cordobés, socialismo santafesino y tres peronistas bonaerenses).
«Trataremos el proyecto de la incorporación de trabajadores con dos años sin aportes, van a venir los funcionarios a explicarlo, pero con la idea de dictaminar el mismo miércoles, de manera que – el texto- esté disponible, si las autoridades del bloque y de la Cámara la quieren llevar, para la posible sesión del 19 de septiembre», anticipó el presidente de la comisión, Carlos Heller.
En relación la posibilidad de que la iniciativa avance, el también oficialista Daniel Arroyo, señaló que «es un buen proyecto, de los que tendrían que tener un consenso muy amplio, de esos que cuando después uno ve el tablero, debería dar 250 votos a favor porque claramente es algo positivo, no creo que nadie se exprese en contra».
Desde la oposición, por su parte, adelantaron que analizarán detalladamente el proyecto, ya que ingresó hace tres días, y varios legisladores coincidieron en advertir sobre su tratamiento en período electoral.
El pampeano del PRO, Martín Maquieyra, dijo que «esperamos escuchar a las autoridades del Gobierno y después dar espacio a los diputados para poder opinar y debatir, teniendo en cuenta que el proyecto recién ha ingresado».
«Parece de carácter electoral el proyecto, teniendo en cuenta, a priori, que es un gobierno que está terminando. Pero bienvenido que se puede debatir más allá de eso», agregó Maquieyra.
«Hay varios proyectos de oficialistas y opositores, es el oficialismo el que debe buscar los consensos. Si la oposición propone modificaciones razonables, el oficialismo debe escuchar», completó el legislador pampeano.
Por su parte, el presidente del interbloque Federal, Alejandro ‘Topo’ Rodríguez, dijo que «la iniciativa es muy buena; ahora tenemos que encontrar la forma de sacar esta discusión de la puja electoral y tratar este tema como una política de Estado».
«Tanto la reducción de contribuciones patronales para alentar nuevos empleos, como el programa para facilitar la regularización de relaciones laborales, son políticas fundamentales para las Pymes, que sostienen más del 70% del empleo nacional«, agregó el tandilense.
A priori, el diputado comparte esta posición con la cordobesa Natalia de la Sota, aunque aclaró que aún no se debatió la postura puertas adentro del interbloque.
En cuanto al radicalismo, días atrás el diputado Jorge Rizzotti presentó un proyecto de ley de Empleo Joven, para la creación y preservación de puestos de trabajo registrado de las generaciones jóvenes mediante incentivos fiscales a micro, pequeñas y medianas empresas, con bastantes similitudes al impulsado por el Poder Ejecutivo.
El jujeño Rizzotti, en su proyecto, postula que «las personas a las que apunta beneficiar son las que tienen entre 18 y 30 años, extendiéndose a 16 en los términos de la Ley nacional 20.744 y sus modificatorias, con menos de 48 meses de aporte (continuos o discontinuos), sin aportes aún de empleo debidamente registrado, y monotributistas sociales (a quienes no se les tomará como aporte los que se hayan realizado en este régimen)».
El proyecto enviado por el Poder Ejecutivo, que consta de 21 artículos, ingresó el pasado jueves a la Cámara baja, tras ser anunciado el miércoles por la noche por el ministro de Economía, Sergio Massa.
Entre sus objetivos, el programa incluye la incorporación al mercado de trabajo formal de quienes actualmente reciben programas sociales, planes y prestaciones de la seguridad social «para transformarlos en trabajo formal y de calidad».
«Por 12 meses, el trabajador o trabajadora que tenga el plan y entre al mercado de trabajo va a seguir cobrando el salario social complementario y el empleador completará el salario», señaló el ministro, que destacó que quiénes ingresen tendrán «ART y obra social».
Asimismo, el proyecto establece que podrán acceder a este mecanismo los trabajadores de cooperativas municipales y de organizaciones sociales y de la sociedad civil.
El beneficio se concede «por un plazo de 24 meses contados a partir del inicio de la relación laboral, inclusive, y la magnitud de la reducción varía en función del tamaño de la persona empleadora y del hecho de que el trabajador o la trabajadora haya sido o no beneficiario o beneficiaria de ciertos programas sociales y de empleo», entre otras cuestiones.
