ESCUCHARFederico Kopta, el Presidente de esta organización ambientaliesta, señaló que al día de la fecha desde el Estado Provincial aún no respondió la Carta abierta avalada con mas de 270 mil firmas que presentaron donde solicitaban información referida al Plan Provincial de Manejo del fuego y su organigrama.
Luego de los incendios ocurridos en 2020, desde el Foro Ambiental Córdoba se presentó una Carta Abierta al Gobierno Provincial donde se solicitaba información referida al Plan Provincial de Manejo del Fuego y su organigrama, ante el desastre ambiental ocurrido en las sierras de Córdoba que dejó el lamentable saldo de más de 300 mil hectáreas quemadas por los incendios forestales.
En un comunicado los integrantes del Foro Ambiental Córdoba advertían que en solo 72 horas, se quemaron al menos 30.000 hectáreas más en Córdoba, superando las 100.000 este año. Así también anunciaban que iban a presentar la Carta Abierta al Gobierno provincial, junto con firmas de ciudadanos para exigir información pública sobre los incendios en Córdoba. En ese momento las firmas superaban las 25.000 pero cuando entregaron la carta abierta en Casa de Gobierno se habían juntado 270 mil firmas de ciudadanos preocupados por la preservación de los recursos naturales de todos los cordobeses.
Sin embargo, Kopta informó a Comercio y Justicia que pese a reiterados pedidos formales, al día de la fecha, todavía no tienen una respuesta formal a la información solicitada al Estado provincial. «Solicitamos pedidos de información, pronto despacho, recursos jerárquicos, sobre el Plan Provincial de Manejo del fuego y el organigrama, pero nunca nos respondieron ni entregaron nada al respecto. Ló unico que nos dieron fue el presupuesto que está en la Legislatura», advirtió el biólogo.
La Carta abierta al Gobierno de Córdoba por los recurrentes incendios que se suceden todos los años a partir de julio y agosto, describía la influencia de los factores de la estacionalidad, previsibilidad e intencionalidad de los incendios de montes y pastizales, así como la magnitud de los incendios en la provincia de Córdoba.
En la misiva se mencionaba la afectación de cerca de 70 mil hectáreas, provocando pérdidas de vidas humanas, graves daños sobre la biodiversidad, el suelo, la regulación hídrica y otros servicios ecosistémicos, al igual que incalculables daños materiales. «Por lo cual, los abajo firmantes, integrantes de organizaciones sociales, académicas y culturales, hacemos un llamado a las autoridades del Gobierno Provincial para que tomen una serie de medidas que permitan reducir la ocurrencia de futuros incendios en este año y los siguientes; como también garantizar que parte de las consecuencias que provocan estos incendios sean mitigadas«, agregaban en el escrito.
Cabe aclarar que las recomendaciones sugeridas por el Foro Ambiental Córdoba son producto tanto de experiencias internacionales, estudios científicos y técnicos locales, así como por la exitosa práctica de organizaciones no gubernamentales, campesinos y pueblos originarios, las cuales poseen además un amplio consenso social.
Entre las principales recomendaciones desde esta organización que nuclea a biólogos y expertos en materia ambiental se solicitaba:
– Prohibir el ingreso de personas, cría de ganado o construcciones en las áreas recientemente incendiadas. A posteriori, seguir las recomendaciones elaboradas por reconocidas organizaciones académicas y ambientales:
– Realizar modificaciones en el Plan Provincial de Manejo del Fuego, debiendo garantizarse la debida participación ciudadana contemplada en el art 10, inc. a, ap.VI, de la ley Nacional del Sistema Federal de Manejo del Fuego Nro. 26.815; a los fines de incrementar su eficiencia en aspectos de prevención, vigía y supresión temprana de incendios.
En tal sentido se debería invertir en planes de educación ambiental a nivel formal en todos los niveles educativos, e informal a diversos sectores de la población.
También es necesario trabajar con los productores rurales para que desistan de utilizar el fuego como método para el rebrote de pasturas. Asimismo, se debe asegurar el funcionamiento de puestos de vigías dependientes de todos los cuarteles de bomberos voluntarios ubicados en la zona de riesgo de incendios, y por el otro, incorporar herramientas de elaboración de zonas críticas y detección temprana de focos de incendios con la ayuda de instituciones académicas y técnicas, ya que ello permitirá el ataque temprano que reduce en un 80% el riesgo que los incendios abarquen grandes superficies. Además tendría que aumentarse el presupuesto para equipamiento, capacitación y funcionamiento del Plan a todos sus niveles, así como incorporar a los Brigadistas de incendios forestales en el Plan.
Otro aspecto es reglamentar debidamente las Reservas Naturales actuales y en trámite, implementando su manejo efectivo y dotar a los Guarda ambientes y/o Guardaparques con los recursos necesarios para desarrollar su tarea, incluyendo el corredor biogeográfico del Chaco Árido.
– Actualizar el mapa de zonas rojas y amarillas de la Ley Provincial 9814 de bosques nativos, a los fines de establecer espacialmente las áreas protegidas fueron afectadas por los incendios, y se realice un control efectivo de que no se produzcan cambios en el uso del suelo. A su vez, los Municipios y Comunas deberán incorporar en su normativa las zonas rojas y amarillas establecidas por la ley 9814 para no otorgar cambio de uso del suelo cuando sea requerida, como también establecer normativas específicas a nivel local para su protección.
– Legislar sobre el Ordenamiento Ambiental del Territorio de la Provincia, con un efectiva georeferenciación que establezca a escala 1:1 qué actividades son o no permitidas en todo el territorio provincial. Para ello el Gobierno puede valerse de los informes y estudios que han realizado las Universidades y el CONICET al respecto, sumado a un proceso participativo en terreno para definir los criterios de Ordenamiento Ambiental del Territorio con base ambiental, social y económica consensuada.
– Demandar al Ministerio Público Fiscal la persecución de los delitos de ocasionar incendios. Los fiscales deben investigar las causas y el origen de los incendios, así como velar por el cumplimiento efectivo del Art. 22 de la Ley Federal de Manejo del Fuego que prohíbe el cambio de uso del suelo luego de un incendio.
– Suspender las audiencias públicas virtuales en materia ambiental, ya que no garantizan el debido derecho de la participación de todos los ciudadanos a dar su opinión. El contexto de la actual crisis sanitaria no puede ser utilizado como argumento para facilitar los desmontes en zonas protegidas por leyes nacionales y provinciales.
– Suspender las resoluciones que determinan avanzar sobre grandes extensiones de áreas con vegetación leñosa para hacer cortafuegos. Y revocar la Resolución Nº227 de la Secretaría de Ambiente por su carácter inconstitucional.
Reiteramos ante el estado de degradación ambiental que sufre la Provincia y los distintos ataques que estamos sufriendo en materia de incendios, que nuestra sociedad necesita un Alto al Fuego para las presentes y próximas generaciones, en un marco de igualdad, participación e inclusión que proteja nuestra casa común.
