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La Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA) rechazó las reformas al Código Civil y Comercial de la Nación y solicitó a los diputados y senadores que se excluya su tratamiento en el marco del proyecto de ley denominado Bases y Puntos de Partida Para la Libertad de los Argentinos. A través de un comunicado, agregó que “en todo caso, se difiera su debate para las sesiones ordinarias”.
Advierten que el proyecto en el Anexo IV de la llamada ley ómnibus introduce el régimen de sucesiones notariales de carácter opcional, cuando hubiere acuerdo entre los sucesores y cónyuge y tuvieran capacidad legal. Al respecto, FACA sostiene: “De tal modo, se procura -violentando derechos y garantías consagradas en la Constitución Nacional y tratados internacionales de igual jerarquía – reemplazar al juez natural por un escribano, atribuyendo a este último facultades propias del primero, en abierta confrontación con el sistema de división de poderes y al derecho de las personas de acceder a la justicia en demanda de la tutela judicial y efectiva”.
En el marco del pronunciamiento, los letrados del país también se refirieron a la introducción del llamado «divorcio administrativo” a través de una simple comunicación manifestada por ambos cónyuges, sin asistencia letrada, ante un funcionario público. Señalaron que esto “atenta contra la seguridad jurídica y pone en riesgo los derechos de los cónyuges y de los hijos menores o mayores con capacidad restringida”.
Sostienen que el divorcio, más allá de la disolución del matrimonio, produce efectos jurídicos de suma importancia que deben ser abordados necesaria y oportunamente en el ámbito de la justicia, con asesoramiento letrado y la debida tutela del juez natural especializado en el fuero de familia y en su caso con la participación del Ministerio Público.
“El divorcio administrativo tal como se lo propone rompe con el sistema preventivo y a la vez expeditivo del Código Civil y Comercial; y contra lo que se pregona haría más engorroso el proceso de divorcio, alargaría innecesariamente los trámites y sin dudas lo convertiría en más costoso para las partes”, concluyó el pronunciamiento.
