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Es numerado, con código de barras e identifica al interesado sin exponer el tipo de minusvalía. El otorgamiento está en manos de las 32 juntas de la provincia.
Córdoba unificó la entrega de certificado de discapacidad al sistema nacional -aprobado por el Consejo Federal de Discapacidad y elaborado por el Servicio Nacional de Rehabilitación-, que presenta innovaciones en cuanto a las medidas de seguridad y tiende a agilizar los trámites que han sido descriptos como “engorrosos” en numerosas ocasiones. Además, ahora se intentará conformar una estadística nacional que configure el mapa de las minusvalías en Argentina.
La adhesión provincial implica actualizar a los profesionales cordobeses de la salud sobre cómo requerir la certificación mencionada, el modo de evitar demoras o de crear falsas expectativas en sus pacientes.
“A la hora de requerir un certificado de discapacidad, se debe tener en cuenta que lo otorgan las juntas de la provincia, que son 32, compuestas por tres profesionales: médico, psicólogo y trabajador social, quienes son los únicos habilitados para expedirlo”, clarificó a Comercio y Justicia María Teresa Puga, directora general de Inclusión Sanitaria.
“Teniendo en cuenta que muchas veces se exige un certificado de discapacidad para justificar una prestación, no siendo un requerimiento necesario para brindarla, es importante que el profesional se asesore al respecto para de ese modo evitar demoras y falsas expectativas”, agregó.
El certificado único presenta innovaciones y cambios en cuanto a las medidas de seguridad: es numerado, tiene código de barras, letras de agua y está confeccionado con papel de la Casa de la Moneda. La credencial identifica al interesado sin exponer el tipo de discapacidad, resguardando el derecho a la intimidad de las personas.
“Esto va a permitir tener estadísticas nacionales veraces, referidas a quienes hoy están requiriendo el certificado, el tipo de discapacidad y localización”, aclaró Puga en el marco de las Jornadas de Capacitación y actualización en herramientas para la mejor atención de las personas con discapacidad dirigidas a Obras Sociales e Instituciones de Discapacidad.
Centros de rehabilitación
De los 14.000 certificados provinciales de discapacidad que están sistematizados hasta el momento, 49 % han sido requeridos por personas menores de 30 años; 12 % entre 31 y 45 años; 16 % por discapacitados entre los 46 y 65 años y 7% mayores de 65 años.
A nivel general se observó que el mayor porcentaje corresponde a las deficiencias mentales que representa 45%, frente a 36 % registrados por las deficiencias motoras .
Un dato que deberán tener en cuenta los profesionales es la ampliación de la red pública de centros de rehabilitación a los que pueden enviar a los pacientes.
Hasta el año 2007, sólo existían los que funcionaban en el Hospital Misericordia y en el Hospital Pediátrico del Niño Jesús, el resto eran instituciones privadas. Ahora, los discapacitados del interior tienen otras opciones antes que viajar a la capital: en Cruz del Eje el Hospital Aurelio Crespo; en San Francisco el José Bernardo Iturraspe; en Laboulaye el Hospital Ramón J. Cárcano; en Villa María el Pasteur y en Villa Dolores el Hospital Regional.
Más hombres que mujeres discapacitados
Sobre un total de 14.000 certificados provinciales de discapacidad sistematizados por la provincia, se observa:
– Mayor incidencia de varones (57%) sobre mujeres (43%). Sobre el total, las deficiencias mentales representan 45%, frente al 36 % registrado por deficiencias motoras.
– La mayoría de las personas con certificado, 64 %, posee obra social, y sólo 32 % carece de ella, con sólo dos por ciento de falta de datos.
– Del 100% que tiene obra social la distribución es la siguiente: Apross 24%, PAMI 18%, Profe 14%. En tanto que 44% corresponde a obras sociales privadas.
