ESCUCHARReferentes del trabajo social y la abogacía evalúan las repercusiones sociales y en la profesión. Cómo impactará en Córdoba y cómo seguirán las acciones de “verdes” y “celestes”
Con un apoyo transversal de las distintas fuerzas políticas, 38 votos a favor, 29 en contra y una abstención en la Cámara Alta, la legalización del aborto es desde ayer un hecho en Argentina. Al conocerse la aprobación de la interrupción voluntaria del embarazo (IVE), hasta la 14ª semana de gestación, fueron múltiples las repercusiones y análisis. En el sector profesional cordobés, la presidente del Colegio de Profesionales en Servicio Social, Carolina Allende, y la titular de la Comisión de Género del Colegio de Abogados, Miriam Londero -ésta a título personal- brindaron un análisis a Comercio y Justicia. [/privado]
“Ejercemos una profesión que tiene como uno de sus principios la justicia social y que promueve el fortalecimiento y la liberación de las personas de todo tipo de desigualdad y opresión. En ese sentido entendemos que la práctica del aborto clandestino en condiciones insalubres continúa generando profundas desigualdades en mujeres y cuerpos gestantes, que obturan el ejercicio de todas sus libertades -en este caso, la de decidir sobre su propio cuerpo y proyecto de vida-. La lucha contra toda desigualdad es constitutiva del Trabajo Social, por lo cual es nuestra responsabilidad no sólo acompañar los procesos emancipatorios de corporalidades con capacidad de gestar sino también luchar por la generación de las condiciones materiales y simbólicas que reconozcan y protejan el derecho a decidir sobre el propio cuerpo”, afirmó Allende.
De esta manera expresó el pronunciamiento del Consejo Directivo de la entidad que preside, a favor del aborto legal, seguro y gratuito.
“Las situaciones que se están dando antes de la ley es de mucha hipocresía -agregó la trabajadora social-, porque sabemos que el aborto existe y en condiciones contenidas, seguras, higiénicas, es una práctica que se realiza en consultorios privados y muy cara. Hay personas con capacidad de gestar, que tienen la capacidad de pagarlo y no pagan con sus vidas, ni con cuestiones que puedan afectar su capacidad reproductiva, ni que podrían afectar su salud mental. Lo que genera los temores y demás son las condiciones en las que se realizan. Si el Estado se hace cargo, se les acaba el negocio a equipos de salud que intervienen de manera clandestina y se aborda la cuestión de una manera integral, intervienen psicólogos, trabajadoras sociales, médicos, enfermeros y demás”.
Reconoció que si bien en Córdoba se vienen abordando las prácticas en centros de salud pública, faltan recursos y “la ley es muy importante por la posibilidad que se abre de un acompañamiento integral” con un presupuesto adecuado.
Por su parte, la abogada Londero consideró un “día histórico, en el que se han conquistado muchos derechos”. Aclara que la suya es una opinión personal ya que el Colegio de Abogados no se expresó oficialmente sobre el tema ante la diversidad de posturas entre sus matriculados.
“Como mujeres de esta ola verde -afirmó la letrada- también estamos a favor de la vida, lo que sí reivindico es la capacidad de manifestar la libertad tanto de los cuerpos como de pensamiento”.
Además, agregó que esta ley, que contó con los votos a favor de los tres senadores por Córdoba, Laura Rodríguez Machado, Ernesto Martínez y Carlos Caserio, al abordar la despenalización del aborto está hablando en clave de derechos humanos, constitucional y convencional.
“Lo que tenemos que entender es que el aborto era clandestino en este país y hoy es legal. ¿Qué se garantiza con esta legalidad? Se respetan los objetores de conciencia -punto que no comparto mucho-, es un derecho de acceso a la salud pública”, subrayó Londero.
Argentina se sumó ahora a la lista de los 66 países donde el aborto es legal, mayoritariamente ubicados en el Hemisferio Norte, mientras 15 naciones prohíben de manera abosulta esta práctica. En tanto, en numerosos países el aborto está sometido a condiciones muy restrictivas.
Para Londero es un hito en la región y es “una ola que no para” y que seguirá bregando por la efectivización. Al respecto, advirtió: “Sé que Portal de Belén está por plantear una acción de inconstitucionalidad. La fuerza de la Iglesia es muy grande, pero de una iglesia entre comillas porque esto no tiene nada que ver con la fe”, concluyó.
Objeción de conciencia profesional
La nueva normativa habilita la objeción de conciencia de los profesionales que no están de acuerdo con la interrupción voluntaria del embarazo. Establece que los centros de salud privados o de la seguridad social tienen la posibilidad de negarse a la práctica pero la institución deberá hacerse cargo de la derivación de las pacientes de forma inmediata y «sin dilaciones», a partir de convenios previamente estipulados con otros efectores de salud.
No obstante, el personal de salud no podrá negarse a la realización de la interrupción del embarazo en caso de que la vida o salud de la persona gestante esté en peligro y requiera atención inmediata e impostergable.
“Hay una absoluta necesidad que tenemos como institución de generar un proceso integral de capacitación, de revisión de nuestras prácticas, de debate al interior de la profesión en aras de esta nueva realidad. Basándonos en nuestra ley federal, en los principios de nuestro código de ética y de esta nueva ley”, afirmó Allende, quien adelantó que en febrero iniciarán ese proceso con colegas de Trabajo Social.
Por su parte, la abogada Londero recalcó que “los médicos tienen que tener una formación, así como el Colegio de Abogados está dando una formación en perspectiva de género en cuanto a lo que es violencia, creo que los médicos tienen que saber encontrar el límite claro en el tema de la violencia obstétrica. Se puede objetar conciencia, lo que no se puede es no garantizar un aborto legal, seguro y gratuito en un hospital público”.
La iglesia Católica consideró que la ley «ahondará aún más las divisiones» en el país
La Conferencia Episcopal Argentina (CEA) lamentó la legalización del aborto y consideró que «ahondará aún más las divisiones» en el país.
«Esta ley que ha sido votada ahondará aún más las divisiones en nuestro país. Lamentamos profundamente la lejanía de parte de la dirigencia del sentir del pueblo, el cual se ha expresado de diversas maneras a favor de la vida a lo largo y a lo ancho de nuestra Patria», sostuvo el organismo eclesiástico. En un comunicado, el purpurado local señaló que tiene la «certeza» de que el «pueblo seguirá eligiendo siempre toda la vida y todas las vidas», a la vez que remarcó que seguirá «trabajando por las auténticas prioridades que requieren urgente atención» en el país.
En ese sentido, enumeró: «Los niños y niñas que viven en la pobreza en cantidad cada vez más alarmante; el abandono de la escolaridad por parte de muchos de ellos; la apremiante pandemia del hambre y la desocupación que afecta a numerosas familias; así como la dramática situación de los jubilados, que se ven vulnerados en sus derechos una vez más». Ese último punto es una alusión a la aprobación de la nueva fórmula de movilidad para el cálculo de haberes jubilatorios, de pensiones y asignaciones, impulsada por el Frente de Todos. Escasas horas antes del comunicado de la CEA, el papa Francisco había ratificado su rechazo al aborto en su última audiencia general del año, ocasión en la que afirmó: «Todos nacemos porque alguien ha deseado para nosotros la vida».
Los «celestes» adelantaron que la batalla del aborto continuará en la Justicia
Con la legalización del aborto aprobada en ambas cámaras y a la espera de su reglamentación por parte del Poder Ejecutivo, la batalla de los sectores «celestes» continuará en la Justicia, con un planteo de inconstitucionalidad de la norma.
El oficialismo argumenta que el proyecto de ley aprobado es «sólido jurídicamente» y no hay motivos para que la Corte Suprema de Justicia se interponga en su reglamentación, pese a la desconfianza que existe en el máximo órgano judicial.
El principal argumento que esgrimen quienes sostienen que la norma debería ser impedida por la Corte es que el proyecto vulnera el derecho a la vida, uno de los pilares de la Constitución Nacional. Sin embargo, entre quienes defienden el proyecto, como la mayoría del bloque oficialista pero también importantes senadores opositores como Martín Lousteau, remarcan que ningún derecho es absoluto. Además, señalan que desde 1921 que existen en Argentina reglamentaciones para practicar un aborto legal en casos de violación o cuando está amenazada la vida de la madre, por lo que el derecho a la vida ya no estaba funcionando como un derecho absoluto anteriormente. Lo cierto es que en las próximas semanas, lo más probable es que la batalla que tuvo lugar en las dos cámaras se traslade al terreno judicial.[/privado]
