Un año intenso

Por Luis Carranza Torres (*) y Carlos Krauth (**)

El año 2019 pasará a la memoria como un año con muchas novedades, pocas de ellas buenas. A las dificultades -el cambio permanente de reglas en lo económico, la ansiedad y descontento generalizados- hubo que sumar el estrés eleccionario. 

Por el lado de las profesiones del derecho, la cosa no fue mejor. La adopción del expediente electrónico, una buena herramienta, cerró un año donde todo deja de ser de buenas a primeras para ser reemplazado por algo no demasiado explicado y menos aún entendido. 

Su implementación ha traído problemas para los operadores jurídicos, tal vez porque, como nos dijo un reputado magistrado, el sistema es poco amigable. Esperemos que con el tiempo -y con algunas correcciones necesarias- concrete en términos de simplificación y agilidad todo lo que promete. 

Ya antes habían despuntado los cambios, con la instauración a modo piloto de la oralidad respecto de determinados procesos. Luego siguió la mediación previa obligatoria, a semejanza de lo que ocurre en el ámbito nacional en la ciudad de Buenos Aires. 

A escala general, continuaron y comenzaron muchos juicios en los que se juzgan actos de corrupción de distintos funcionarios: Sin embargo la morigeración de su situación procesal en los últimos meses nos pone en estado de alerta respecto de ciertos paralelismos entre la situación política y los avances de los procesos penales. Es de esperar que de una vez por todas se termine con la naturalización de la corrupción en nuestro país y con la desigualdad que genera la existencia de privilegios que algunos tienen en desmedro de la calidad de vida de la mayoría. 

En lo político, Latinoamérica se caracterizó por la inestabilidad y descontento popular lo que se materializó en protestas y reclamos algunos con cierta violencia, Chile, Ecuador, Bolivia, la misma Venezuela. Destacándose lo sucedido en el país del altiplano, donde -luego de unas elecciones irregulares, dado el rechazo que produjo desoír la voluntad popular, Evo Morales debió renunciar, lo que generó un momento de inestabilidad política que se intenta reencaminar institucionalmente.

En nuestro país se realizaron las elecciones para renovar autoridades políticas, destacándose la continuidad política en la esfera provincial y el cambio de signo político en el mando de la Municipalidad de Córdoba y de la Presidencia de la Nación. 

Las nuevas elecciones, como suele suceder, generaron nuevas esperanzas de que de una vez arranque un periodo de estabilidad y tranquilidad en lo económico y social en nuestro país. Esto pese a repetirse las leyes de emergencia económica, – concentrándose el poder en el ejecutivo en desmedro del Congreso-, y los impuestazos y ajustes, -ahora denominados solidarios-, que han sembrado no pocas dudas y descontento. Sobre todo, porque recaen en los mismos sectores medios de siempre. Sin embargo, vemos el lado positivo de un cambio de signo político por medios constitucionales y la primera vez que un gobierno no justicialista termina su mandato desde 1946, lo que nos demuestran que desde el punto de vista de la institucionalidad algo hemos madurado. 

Obviamente, todavía, la institucionalidad sigue siendo una materia mayormente pendiente. Un aspecto no menor, ya que el día a día de una democracia real reside precisamente en la fortaleza de tal aspecto del manejo de los asuntos públicos. 

Como pasa otras veces, pasó el año sin demasiados logros y con una suerte de conformismo que no haya sido incluso peor de lo que fue. Como pasa otras veces, se mira al próximo año con la esperanza que mejore. Un estado de ánimo que es más fruto de una actitud optimista que de indicadores concretos en que pueda fundamentarse. 

Se diría que somos pesimistas en el balance. Hacer semanalmente una columna en este medio entraña responsabilidad para con los lectores. Hubiéramos preferido decir otras cosas aquí. Pero no se puede tapar el sol con las manos. Aceptar la gravedad de las cosas, es el primer paso para empezar a recomponerlas. En todo sentido.

(*) Abogado. Doctor en ciencias jurídicas (**) Abogado. Doctor en derecho y ciencias sociales

 

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