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Reiterados procesos que los funcionarios no manejaron adecuadamente

Por Salvador Treber. Exclusivo para Comercio y Justicia
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Por Salvador Treber

Desde mayo de 1989, en nuestra historia política de los últimos 30 años se reiteraron varias veces episodios que no sirvieron de experiencia. Se le plantearon a Raúl Alfonsín cuando procedió a adelantar las elecciones al 14 de mayo y entregar de inmediato el bastón de mando a Carlos Menem. En efecto, pese a que su Presidencia se extendía legalmente hasta el 10 de diciembre de 1989, procedió a transferir el poder casi de inmediato; seis meses antes de lo establecido por las respectivas normas. Debe recordarse que por entonces los períodos presidenciales se extendían por seis años y el triunfo electoral de su sucesor se concretó por un estrecho margen.
Recién en vísperas de las elecciones en las que el presidente Menem volvió a ser elegido para un segundo mandato se redujo el período de presidencia a cuatro años. Por lo tanto, Menem ejerció la más alta Magistratura durante 10 y medio, el período más extenso hasta el presente. Durante el mandato de Alfonsín se implementaron los planes llamados “Primavera” y “Austral”, que no lograron alcanzar sus fines, agravando la situación. La intervención del Fondo Monetario Internacional (FMI) sólo sirvió para agudizar la recesión, experiencia que se repitió hasta el año 2005.

El presidente oriundo de La Rioja, sin siquiera sonrojarse, no vaciló en introducir un programa de privatizaciones y un esquema de corte acentuadamente liberal, que multiplicó el poder de las grandes empresas privadas; en especial las estadounidenses.
No tuvo inconvenientes en admitir que esta decisión estaba programada desde antes de su primera asunción, pero no la hizo conocer para evitar una derrota electoral.
Obviamente, la participación activa del FMI también fue convenida, sin que se supiera antes de los comicios. Sólo así se explica la directiva de adoptar un “dólar recontra alto” (como auguró Guido Di Tella) y la indiscutida manifestación de que no importaba la masa de indigentes.
Semejante situación, como era de suponer, provocó un inédito proceso de “infierno inflacionario”. El Banco Central adoptó, sin vacilar, las órdenes sobre macrodevaluaciones y a todo ello se sumó un resolución emanada del Congreso para coadyuvar a promulgar dos leyes de emergencia que reforzaron todo lo antes referido. También se previó dotar de facultades excepcionales al Presidente para “liberar al máximo de controles a los precios y la economía”.
La realidad fue que ya en mayo de 1989 se había concebido una forma de gobierno “en las sombras”, pues la realidad económica preexistente era inadmisible para los grandes trusts trasnacionales.

Como consecuencia de todo lo referido, el flamante gobierno sometió a la mayoría de la población a vivir en condiciones de gran pobreza. En forma expresa el gobierno rechazó los reclamos de un “salariazo” y la denominada revolución productiva, optando por una versión ortodoxa sugerida por los núcleos empresarios de extrema derecha. Los analistas en general sostienen que hay mucha analogía entre dicha coyuntura y la que caracteriza a la gestión del presidente Mauricio Macri; pues resulta obvio que no se puede evocar, hasta ahora, un período de peor conducción.

Las condiciones reclamadas por los gobiernos locales
Actualmente se carece de antecedentes semejantes y se teme la condena a un virtual sometimiento siquiera temporal a decisiones generadas por sucesivas elecciones federales, además de las provinciales y municipales, que perjudicaron enormemente la evolución económica y financiera del país. Esto se vio reflejado en el resultado de las PASO, el 11/08/2019, que funcionó a modo de una macro encuesta en la cual pudo tomar debida nota respecto al “clima popular y colectivo de rechazo”.
Cabe recordar que al día siguiente de ese comicio, en sólo una jornada, la cotización del peso experimentó una macrodevaluación de nada menos que 25%. Ello contribuyó a que los diversos valores argentinos que cotizan en la Bolsa, tanto la interna como las de todos los demás países, registraran una gran caída en su cotización. El tremendo golpe que ello significó no tiene otros antecedentes de semejante magnitud que los ocurridos y en los años 2001 y 1989. Tales circunstancias quedaron por entonces patentizadas como las peores que se sufrieron en el corto plazo.
El proceso de generalizado empobrecimiento que sufrió la inmensa mayoría de la población coincidió con un insólito enriquecimiento de los estaban en la cima de la pirámide distributiva; lo cual puede llegar a generar consecuencias sociales muy graves.

Es que las múltiples falencias de la actual conducción nos colocó “al borde del abismo” y, justificadamente, los analistas temen que las muy graves consecuencias se extiendan en cuanto al tiempo indispensable para lograr acceder a un período de reactivación sostenida.
Los precios, el incremento de la producción y la suba continuada de las exportaciones constituyen las “llaves maestras” que en manos de expertos y muy experimentados funcionarios pueden revertir dicha tendencia; logrando la reactivación de nuestra economía al par de reducir considerablemente la pobreza que abarcó a más de un tercio de la población.
No son pocos los especialistas extranjeros que se han mostrado sorprendidos por la frecuencia de las crisis de corto plazo que se han sucedido en los últimos 20 años. Por lo tanto, se debe examinar al detalle las principales decisiones tomadas. No puede admitirse que sean solo provocadas por una inadecuada conducción que nos ha colocado “al borde del abismo”.
Estos problemas, que con extrema facilidad se podrían avizorar en forma anticipada, deben evitarse tanto en el corto como el mediano plazo.

Es muy posible adjudicar fundadamente que lo sucedido en buena medida deviene de la intención de provocar esas consecuencias. Las crecidas pérdidas derivadas de las sucesivas devaluaciones denotan evidentes y reiterados supuestos errores de la dirigencia, ¿serán en realidad fallas o errores?
Da la sensación de con ese equívoco accionar, arremetieron violentamente contra los sectores genuinamente productivos. Resulta bastante sospechoso que Argentina, pese a todos los recursos que dispone en todo su territorio, enfrente en cada quinquenio una crisis que siempre obliga a muchos pequeños productores a tener que vender sus campos en que previamente arrojaron fuertes pérdidas las respectivas cosechas.

Las comparaciones con Brasil
Se suele sostener con frecuencia que otra vez los afectados han incurrido en crasos errores y que por ello sufren las previsibles consecuencias. Pero dicho argumento tiene muy poco sustento, pues los ganadores son siempre los mismos. Se suele alegar que se trata de consecuencia de “mala fortuna”, pero tal enfoque hace que sea cada vez más urgente la necesidad de investigaciones serias y profundas respecto de las causas reales que siempre generaron una mayor concentración en cuanto a la propiedad rural. Desde hace una década, además, con un economía virtualmente estancada, se está oscilando entre años recesivos y otros de recuperación muy suave; situación que inexplicablemente no ha sido motivo de investigaciones confiables.
Tanto Argentina como Brasil, desde al menos el año 2008, sufrieron frecuentemente de las antes referidas “ondas de sube y baja” que, obviamente, no fueron los más ricos productores los que debieron afrontar. En tales circunstancias, se requiere que el Estado intervenga para apoyar con préstamos especialmente orientados a los pequeños y medianos productores, con el objetivo de que puedan superar los tiempos difíciles sin tener que, obligadamente, “quemar” sus campos ante los más grandes.

Debiera ser lo habitual que un Gobierno integrado por funcionarios capaces y honestos encaren la patriótica tarea de evitar las sistemática extinción de ese colectivo. Pues, sospechosamente, los períodos de alta inflación resultan propicios para jaquear y eliminar a los productores económicamente más débiles. Lo lamentable es que se ha venido reiterando este proceso, reduciéndose el número de pequeños productores que en la actualidad son poco más de 80 mil.
Algo muy semejante ha venido sucediendo en Brasil, donde también mermó la cantidad de productores agrarios en 40%. Al tiempo que se intensificó el área explotada mediante eliminación de bosques naturales; especialmente a ambos márgenes del río Amazonas.
Parece muy contradictorio que, paralelamente, en ambos países haya sucedido un proceso de primarización de la economía, que significa en los hechos un notorio retroceso.

En los dos países se advierte un notable retraso con respecto a su anterior ubicación dentro de las 30 mayores economías del mundo. Brasil figuraba como la séptima potencia, pero actualmente ha retrocedido un escalón; mientras nuestro país que había sido reconocido como 26ª potencia, actualmente pasó al puesto 35º pese los recursos que tiene.
La prueba de los diferentes enfoques de cada uno de los gobernantes se evidencian al momento de firmar un preacuerdo económico con la Unión Europea; al punto tal que en Brasilia no sólo exhibieron muy poco interés de suscribirlo e incluso amenazaron con abandonar el Mercosur si se osa urgirles para la toma de decisiones.

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