ESCUCHARPor Roberto Fermín Bertossi (*)
Los bancos de alimentos son entidades públicas, privadas o mixtas que responsablemente reciben, recogen, almacenan y distribuyen alimentos excedentarios en granjas, panaderías, frigoríficos, mercados, verdulerías, molinos harineros, comercios, empresas lácteas e industrias alimenticias, hoteles, restaurants, etc. para distribuirlos o redistribuirlos entre personas con hambre insatisfecha.
Imaginemos la situación argentina cuando el hambre (por carencia de todas las comidas personales diarias) afecta a buena parte de una población, que debe conformarse con ingerir -sin garantía nutricional- algunas de las comidas diarias biológicamente necesarias.
Todas las mediciones confirman el hecho de que millones de personas se encuentran en condición de vulnerabilidad alimentaria en nuestro país.
Los desperdicios de alimentos se encuentran en niveles récord: en el mundo se pierden o desperdician 1.300 millones de alimentos cada año, esto equivale a cerca de un tercio de los alimentos producidos para el consumo humano. En América Latina el número aproximado es de 127 millones de toneladas de alimentos (FAO, 2018).
Sólo en nuestro país, uno de los mayores exportadores mundiales de alimentos, casi 20 millones de toneladas de comida se arrojan cada año a la basura según datos de la FAO y de la Secretaria de Agroindustria. Ello equivale a más de un kilo por día y por cada habitante, algo pavoroso cuando más de un 30 % de su población se encuentra por debajo de la línea de pobreza con penosas dificultades para alimentarse.
El papa Francisco acaba de denunciar y condenar precisamente el derroche mundial de alimentos como el del agua potable.
Ante la crisis económica y el silencio sobre el hambre que pasan demasiados argentinos, aún «siendo el supermercado de carnes que el mundo necesita» (Luis Miguel Etchevehere, secretario de Gobierno de Agroindustria// diario El Litoral de Stanta Fe, 29 de julio de 2019) iniciativas de esta índole y gravitación para auxiliar a las comunidades que lo requieren y merecen, debieran implementarse resistentemente sin demora de modo semejante a organizaciones sin fines de lucro como la «Red Mundial de Bancos de Alimentos» o The Global Food Banking Network, las que -además- reciben donaciones por parte de empresas públicas y privadas, y así vienen trabajando en las tareas de recuperación y ecuánime aprovechamiento equitativo de alimentos, materias primas e insumos actualmente desperdiciados.
Con estas acciones no sólo podremos reducir las pérdidas y desperdicios, sino que además podemos socorrer a más personas en condición de vulnerabilidad para que digna y oportunamente dispongan de alimentos básicos suficientes; personas que en nuestro país sobrepasan en millones el número de conciudadanos afectados por esta verdadera calamidad en el propio país del pan, fecunda y valiosa tierra argentina la que paradójicamente -sin hesitación- produce alimentos para satisfacer el hambre en diez veces más del número de sus habitantes actuales.
En efecto, de acuerdo al último informe oficial del «Barómetro de Deuda Social de la Infancia» de la UCA, la pobreza alcanza ya al 51,7% de los niños argentinos, el nivel más alto de la década, afectando a 6,7 millones de chicos. De ellos, 29,3% (3,8 millones) tuvo déficit alimentario y 13% (1,7 millón) directamente pasó hambre durante 2018. Estos números son los peores de toda la última década, algo que no extraña, dada una inflación superior a 50% interanual, la pérdida de capacidad adquisitiva de los salarios, el cierre de pymes, demasiada capacidad industrial instalada ociosa tanto como un marcado incremento del desempleo formal, ello entre las adversidades sociales más relevantes.
La situación empeora en el Conurbano Bonaerense, donde 63,6% de los niños son pobres y 15,4% son indigentes, no llegando a cubrir sus consumos alimentarios básicos.
Según dicho informe, según el Indec habitan en Argentina 13,1 millones de niños y adolescentes, de entre cero y 17 años. El país destina asignaciones universales por hijo a 3,8 millones de niños (3,9 millones si se suma la cobertura a hijos con discapacidad). Es decir, 30% de los argentinos entre cero y 17 años recibe ayuda social del Estado.
Urge entonces organizarnos solidaria y mancomunadamente para aprovechar hasta el último gramo de alimento disponible y actualmente desperdiciado.
Respecto del hambre humana, su neutralidad política, racial, religiosa, geográfica, de género y de nacionalidad, es definitiva e innegociable.
Ante semejante estado de cosas -sin perjuicio de la ley 25989 -régimen especial para la donación de alimentos (Ley Donal) y sus modificatorias- se nos ocurre que vg., desde La Mesa de Enlace, la Sociedad Rural, Coninagro, la UIA, la FAA, la CAME, las Universidades (facultades de agronomía), las iglesias y ONG y toda otra entidad agrícola, ganadera, industrial y comercial, se podría contribuir substancialmente en la implementación sustentable de sistemas alimentarios multipropósito y de macro influjo puestos en red, todo desde un enfoque de economía circular, colaborativa, relacionalmente cooperativa capaz de aprovechar productos primarios, insumos, descartes y residuos generados por toda actividad humana, mecánica y tecnológica relacionada con alimentos aptos para un consumo humano, seguro.
Finalmente, advertimos que proponer una red de este alcance y naturaleza debe ser algo coyuntural, sólo para atemperar o satisfacer provisoriamente el hambre humana allí donde se padezca. Revertir y resolver la misma, estructural y duraderamente, requiere de políticas públicas federales impostergables conforme previsiones constitucionales e insoslayables partidas presupuestarias suficientes.
(*) Investigador Cijs / UNC
