¿Quién mató a Valentino Blas Correa?

Por Alejandro Zeverin (*)

Los medios de comunicación plantearon inicialmente el caso de la muerte del menor de 

edad Valentino Blas Correa como causal de conmoción en Córdoba. Policías lo mataron por la espalda y se sospechaba inclusive que plantaron un arma para incriminarlo. 

Blas tenía 17 años, un joven inocente y ejemplar. En la noche trágica se trasladaba junto a varios amigos del colegio en un automóvil que fue baleado al eludir un control vehicular.

Lo demás, con el transcurso de las horas y días, se fue develando. El ministro Alfonso Mosquera, responsable de la Policía de Córdoba y por ello afectado, sentenció: «No habría encubrimiento». El joven baleado fue llevado por sus amigos a un sanatorio, donde fue agredido por segunda vez al rechazársele auxilio médico. El joven murió desangrado. Para más violencia institucional, fallecido Blas, sus amigos fueron por tercera vez agredidos por otros policías.

El fiscal José Mana actuó rápido, primero dispuso la detención de los tiradores, luego profundizó la investigación y siguió en la línea de responsabilidades penales ascendentes, laterales y descendentes. Así, hoy tenemos más o menos completo el cuadro: autores, coautores, falsarios y encubridores identificados.

Esa fatal noche, los cabos Lucas Gómez y Javier Alarcón fueron quienes dispararon, vaciaron los cargadores de sus armas reglamentarias contra los adolescentes. Gómez asesinó a Blas y Alarcón posiblemente haya sido quien perforó el suéter de otro de los jóvenes. En su trayectoria el proyectil se incrustó en el cabezal del asiento del conductor y por milagro no produjo dos muertes más. Hasta aquí el caso penal en proceso de investigación.

Se dijo que Gómez y Alarcón eran la consecuencia de una pésima policía, con entrenamiento y capacitación deficitarios. Que además no habían respetado los protocolos (que, es importante resaltar, nunca existieron como tales). Ahora fueron presentados de apuro para salvar ropas y son una mala copia parcial del presentado por el suscripto por indicación y a pedido del ex gobernador José Manuel de la Sota, mediante el decreto 799 del 12 julio 2004, intitulado “Manual de Comportamiento Ético Policial-Reglas Básicas de Aplicación». 

Se dijo que ambos eran los responsables de “alejar” la policía de la gente, cuando en verdad todo se debió a la más descarada muestra de violencia institucional que a diario se descarga contra la comunidad desde las instituciones. 

Valentino Blas Correa nunca debió ser asesinado. El hecho nunca debió haber ocurrido ya que se podía evitar. Sucedió porque nuestro Estado no funciona como un sistema de gestión en cuestiones claves. Ni Gómez ni Alarcón debieron estar en el lugar donde estaban esa noche, de uniforme, armados y con delegación de autoridad como para poder disparar sus pistolas 9 mm contra ciudadanos. 

José de San Martín (1778 -1850), sobre el poder de los soberbios dijo: “La soberbia es una discapacidad que puede afectar a pobres infelices mortales que se encuentran de golpe con una miserable cuota de poder”. 

Si al hecho le aplicamos con lógica lo que ya sabemos (una regla de inferencia o regla de transformación, que consiste en una función que toma premisas, analiza su sintaxis y devuelve una conclusión o conclusiones), veremos que la regla es válida en el sentido de que, si las premisas son verdaderas, entonces también lo será la conclusión.

La supresión de razonamiento clave consiste en abstraer del suceso a los dos pobres “infelices mortales”: Gómez y Alarcón. Si esto racionalmente se logra con base en la realidad y no en la mera intencionalidad, se verá por qué Blas Correa fue una víctima de un sistema que no funciona porque no controla. De haberlo hecho, en realidad nunca ni Gómez ni Alarcón hubieran estado situados en ese fatídico control vehicular porque la Policía de Córdoba nunca  podría haberlos incluido en sus filas ese día.

Me refiero a que un tal Leandro Raúl Castañares fue sentenciado a 15 años de prisión el 19/6/2018, en expediente 3458671. Fue condenado como “el violador serial de La Calera”, por hechos ocurridos en el año 2017 de abuso sexual con acceso carnal reiterado, coacción, estafa, lesiones leves calificadas, robo calificado con armas y violación de domicilio. En tanto, un cabo de policía llamado Lucas Damián Gómez, al momento de asesinar a Blas, se encontraba “todavía” acusado de encubrimiento doblemente agravado de los delitos cometidos por Castañares, en expediente 3437592, defendido por el colega Carlos Nayi. 

La situación procesal de Gómez no tiene resolución desde el año 2017 a la fecha, hecho que le permitió “zafar” de la situación pasiva -y eventual baja- en la Policía y, con ello, volver a la calle y a las armas, hoy con una causa nuevamente en movimiento, por haber asesinato a Blas.

Además, un cabo llamado Javier Catriel Alarcón también se encontraba imputado en el expediente 1681695 al momento del asesinato de Blas. Alarcón también “zafó” del estado pasivo y eventual baja de la Policía por la “comprensión” judicial de la fiscal de Instrucción de Río Segundo, Patricia Baulies, en una causa iniciada en el año 2013 por los delitos de lesiones leves calificadas y privación ilegal de la libertad, hechos ocurridos cuando Alarcón se desempeñaba en la Policía Caminera contra un conductor que sólo transitaba por la autopista. Similar al hecho de Blas y sus compañeros de colegio, pero en este caso Alarcón y otro policía que lo acompañaba (Juan Orlando Ramírez) tuvieron “misericordia” en no disparar su arma contra el conductor.

Ahora volvamos a la lógica y a la regla de la inferencia: nunca debieron estar ni Gómez ni Alarcón en funciones con uniforme y armas en el lugar del hecho, y por ello la muerte de Blas nunca debió haber ocurrido porque se pudo haber evitado, ya que lo normal es que los policías no vayan por la vida asesinando personas sino que esto tan sólo lo hacen algunos “disfrazados” de uniformados. Entonces, la responsabilidad institucional no judiciable en lo penal recae en quienes permitieron que el hecho ocurriera. 

El sistema de política criminal resulta una integración entre mecanismos de prevención, represión y resocialización. Hechos como el de Blas Correa son consecuencia de esconder las instituciones en compartimentos estancos, de forma tal que no se interconecten adecuadamente en la función y que no asuman las responsabilidades de sus acciones, escondiéndose en los pliegues y repliegues del “yo no fui”. 

En el caso trágico que nos ocupa, una interpretación lineal de los hechos no nos acerca a toda la verdad de lo ocurrido. 


(*) Abogado penalista, UNC. Master en Criminología, U. de Barcelona

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