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Los Promotores de Convivencia de la Municipalidad de Córdoba han estado envueltos en la polémica aun desde antes de crearse el rol, a inicios del presente año.
Fue en una sesión extraordinaria de enero del Concejo Deliberante, a instancias del Departamento Ejecutivo. Según surge de las noticias periodísticas -pues no poco del tema se maneja con reserva, empezando por quiénes son estos agentes-, cada «promotor de convivencia e higiene en inmuebles» tendría la facultad de «realizar inspecciones, verificaciones, emplazamientos y constataciones relativas a presuntas infracciones del Código de Convivencia Ciudadana».
En tal tarea, conforme lo proyectado, podrían requerir el auxilio de la fuerza pública “en caso de que fuere menester para el ejercicio de sus funciones», además de constatar faltas por celulares u otros dispositivos electrónicos respecto de inmuebles. Éstas serían supervisadas por agentes municipales y las fotos o videos que muestren infracciones deberán tener una fecha no mayor a las 48 horas hábiles anteriores al labrado del acta.
Un conocido administrativista de nuestro medio dijo: “Se está violando gravemente la Carta Orgánica Municipal. Estamos ante pseudo funcionarios con contrataciones en negro, que ocultan una clara relación de dependencia con el municipio”. No ha sido una opinión en solitario, sino todo lo contrario.
De nuestra parte, no entendemos esta cíclica costumbre, que no distingue colores políticos, de superponer funciones mediante la creación de nuevos cargos respecto de tareas que ya se cumplen en el ámbito municipal. Menos todavía comprendemos la manera, por lo menos discutible, para designarlos.
Algo similar podemos decir respecto del “Ente de Servicios y Obras Públicas”, o ESyOP, creado mediante ordenanza N° 12479/15 como “ente municipal descentralizado autárquico”, lo cual -si mal no recordamos- es una falta de rigor técnico. Si lo autárquico es el grado máximo de descentralización administrativa, no hacía falta ponerlo.
La misión del Estado es gerenciar el interés común pero no de cualquier forma. La Constitución de Córdoba es clara en su artículo 174: “La Administración Pública debe estar dirigida a satisfacer las necesidades de la comunidad con eficacia, eficiencia, economicidad y oportunidad”. No lucen los ejemplos descriptos muy acordes a eso.
Una colega dice en las redes, viendo la imagen de la calle Caseros enfrente del Paseo Sobremonte: “Todo vallado, hace cuestionarme si quienes nos gobiernan (incluyo los 3 órdenes y los 3 poderes) están actuando bien. ¿Gobiernan y administran conforme a derecho?”
Interrogantes que lamentablemente no tienen una respuesta satisfactoria. ¿Alguna vez no serán necesarias las movilizaciones? ¿Alguna vez desaparecerán los comedores? ¿Alguna vez no se verá gente revolviendo la basura? ¿Alguna vez desaparecerán los planes sociales? ¿Alguna vez nos sacarán el pie de encima con tanto impuesto asfixiante? ¿Alguna vez seremos un país serio, en el que todos tienen trabajo? ¿Alguna vez…?
La tarea de quienes conducen el Estado es casualmente solucionar tales problemas. No enfrascarse en crear nuevos cargos o superpoblar reparticiones que, no obstante su mayor recurso humano, poco y nada pueden hacer, muchas veces por falta de medios y otras veces por simple y básica displicencia administrativa.
«La burocracia se expande para satisfacer las necesidades de una burocracia en expansión», decía Oscar Wilde. Esperemos que no se traten, los discutidos y polémicos promotores, de un ejemplo más de que dichas palabras resultan ciertas en nuestros días y nuestra Córdoba.
(*) Abogado. Doctor en ciencias jurídicas
(**) Abogado. Doctor en derecho y ciencias sociales
