ESCUCHARPor Sofia Santamarina (*)
Nos encontramos a meses del cierre de listas y el comienzo de la campaña electoral. Las elecciones 2023 nos darán un nuevo gobierno nacional y, con él, la renovada esperanza en que mejoren las perspectivas del país. ¿Podrán también ser una nueva oportunidad para combatir la violencia política hacia las mujeres y diversidades?.
La participación política de las mujeres y diversidades constituye uno de los objetivos centrales en materia de igualdad y una condición necesaria para el ejercicio pleno de la ciudadanía y la realización efectiva de la democracia.
La Argentina fue pionera en la protección y promoción de los derechos políticos de las mujeres con la sanción de la ley de cupo femenino en 1991 (1), luego actualizada con la ley de paridad nacional y sus homólogas subnacionales. Sin embargo, no son suficientes para garantizar la participación libre de las mujeres y diversidades en el ámbito político.
Por el contrario, existen múltiples barreras estructurales que buscan desalentar la participación, disciplinar y expulsar a las mujeres y diversidades políticas. Estas barreras se intensifican cuando más mujeres participan y visibilizan sus agendas y agencias. Una de ellas es la violencia política.
La violencia política por razones de género es toda acción u omisión que, basada en el género, afecte, directa o desproporcionadamente, a las mujeres en el reconocimiento, goce o ejercicio de sus derechos políticos.
En la práctica política-partidaria, la violencia política contra las mujeres y diversidades se manifiesta en acciones como la asignación a circunscripciones electorales perdedoras o a comisiones consideradas menos relevantes o feminizadas; el menor apoyo económico durante la campaña electoral; la invisibilización o trato diferenciado durante las campañas electorales por sus propios partidos, los medios de comunicación y/o redes sociales; y en casos extremos en violencia física o acoso sexual.
Es decir, como bien identifica la politóloga Flavia Freidenberg (2), se trata de un fenómeno complejo que se superpone con una multiplicidad de violencias que afectan de forma diferenciada a las mujeres, con entramados institucionales regresivos, con sistemas judiciales y policiales adversos, y con un orden cultural que excluye a las mujeres y diversidades de los espacios públicos y de toma de decisión.
En los últimos años, las redes sociales se han convertido en un lugar privilegiado para el debate público. Al entorno digital se trasladan las relaciones de poder en la sociedad, y, con ellas, las violencias que se viven en los espacios físicos «tradicionales». Pero, a diferencia de estos, en el ámbito digital los diferentes tipos de violencias se favorecen del poder de la viralización y el anonimato. En este contexto, la violencia política digital contra las mujeres adquiere la forma de ciberacoso, manipulación, desinformación, amenazas y/o hostigamiento en línea (3).
En la Argentina, contamos con la Ley 26.485 de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, modificada en 2019 a los fines de incorporar la violencia política. Pero no es suficiente. Diversos estudios dan cuenta de que alrededor del 80% de las mujeres que hacen política ha sufrido algún tipo de violencia, y que más de la mitad de los casos se dan al interior de los partidos, dificultando la denuncia y favoreciendo la impunidad (4).
Entonces, en estas elecciones 2023, ¿qué hacemos? En primer lugar es necesario un abordaje integral e inmediato que involucre a todos los poderes del Estado, los partidos políticos, movimientos sociales, los medios de comunicación y comunicadores, para el diseño e implementación de acciones innovadoras que permitan a las mujeres y diversidades llegar y mantenerse en los puestos de toma de decisión, esto es, dotarlas de herramientas de denuncia, de generación de evidencia, de redes de incidencia y colaboración entre ellas.
Y como ciudadanos/as castigar la violencia en todas sus expresiones durante todo el año, y especialmente, en períodos electorales. Porque, cuando las mujeres y diversidades abandonan la política, la democracia se debilita y perdemos todos/as.
(1) La ley 24.012 de cupo femenino estableció un trato preferencial para las mujeres al garantizarles lugares en las listas de candidatos: un 30 % de las y los candidatos debían ser mujeres.
(2) Freidenberg, F. (2017). La violencia política hacia las mujeres: el problema, los debates y las propuestas para América Latina. Cuando hacer política te cuesta la vida. Estrategias contra la violencia política en América Latina, México: Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Jurídicas y Tribunal Electoral de la Ciudad de México.
(3) Defensoría del Pueblo de la CABA (2022) «Monitoreo de la violencia política en línea hacia las precandidatas y candidatas durante las elecciones 2021 en CABA».
(4) Martelotte, Lucía (2018). «Violencia política contra las mujeres en Argentina: experiencias en primera persona». Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA).
(*) Politóloga especialista en participación política y Derechos Humanos. Red de Politólogas #NoSinMujeres.
