Por Luis Carranza Torres* y Carlos Krauth **
Días pasados, la jueza de la Corte Suprema de Justicia, Elena Highton de Nolasco, tuvo expresiones vinculadas con la situación de inseguridad que causaron cierto escozor en la opinión pública, por no decir en los sectores especializados en la materia. La vocal de la Corte dijo que el problema de inseguridad no era responsabilidad de la Justicia ya que, a su entender “la inseguridad es un tema policial, no es un tema judicial”.
Practicando asimismo un reduccionismo jurídico impropio hasta de un ingresante a la carrera de derecho, Highton de Nolasco afirmó: “Los jueces aplican las leyes; si la ley dice que hay que liberar a alguien, hay que liberar”. Siguiendo en su línea estilo Poncio Pilatos, tras rechazar la crítica habitual que se hace a los jueces por la llamada “puerta giratoria”, aconsejó a nadie en particular y a todos en general: “Hablen con el Congreso para que estén todos presos, pero fíjense que construyan diez cárceles más porque el problema es que no hay lugar. Ustedes saben bien que los lugares para detener a la gente están atestados”.
Estos dichos, que sonaron a mirar para otro lado, generaron una reacción adversa, tal como se puede ver en los dichos del activista por los derechos de las victimas Matías Bagnato, sobreviviente de la masacre de Flores, quien vía Twitter calificó las declaraciones de “obscenas y una falta de respeto a las víctimas” de la inseguridad. Y agregó: “Si esta jueza, que es parte del Máximo Tribunal, dice esto… Va a ser imposible poder lograr una Justicia justa en este país. Indigna”.
No es nuestra intención describir cuál es la función de los jueces en una democracia; sin embargo, respecto a esos dichos, sólo diremos que la aplicación mecánica de las normas por parte de los jueces fue una aspiración de la Ilustración para quitarles el poder que estos tuvieron durante los que duro la Inquisición, en la que eran amos y señores del proceso. Modernamente nadie discute, con mayor o menor alcance, la labor creadora de los jueces por medio de su actividad interpretativa. A mérito de ello, tampoco una ministra de la Corte Suprema debería dejarla, sin más, de lado.
Sabemos que el fenómeno de la inseguridad es complejo y, como tal, las causas que lo originan no son simples. Además, involucra por lo mismo la actuación de distintas esferas del Estado. Y el largo camino para mantenerlo bajo control y, aun reducirla, pasa por asumir esta realidad en primer término, que requiere de cada uno de los actores vinculados con este fenómeno, que asuman su cuota de responsabilidad en lugar de tirarle la pelota al de al lado.
Estamos cansados de escuchar “especialistas” decir que la inseguridad es un problema ocasionado por la falta de educación y trabajo. Otros, como la Dra. Highton, dicen que es un problema policial. Si uno habla con la policía escucha decir que el problema está en los jueces; que la policía detiene y la justicia libera a los delincuentes inmediatamente, por lo que todo lo que hacen es inútil. Se escucha también que la policía es cómplice de los delincuentes, por lo que el ojo debe ponerse en la corrupción policial. Todas estas afirmaciones tienen algo de cierto, pero son incompletas. Y terminan siendo, por su reduccionismo, nulas para aportar nada a la solución del tema.
Por otro lado, todos miran a los políticos, quienes, en muchos casos negaban el problema, mientras quienes aceptan su existencia quieren demostrar algún tipo de respuesta, ideando planes de seguridad que comprenden procedimientos de “saturación”, que suelen ser efectivos… sólo tanto como éstos duran. Mientras que los legisladores crean o modifican leyes, casi permanentemente, intentando demostrar su preocupación, las que tienen tanto efecto como las medidas antes señaladas. No ponemos en duda que muchas de estas decisiones son correctas, pero tampoco dudamos de que no alcanzan, ya que la inseguridad sigue casi indemne.
Pensamos que la mejor forma de eliminar o al menos reducir el problema requiere que cada uno de los involucrados en el tema empiece por asumir su cuota de responsabilidad. Lo peor en estos casos es echar la culpa al otro y desentenderse de sus obligaciones. Éste, creemos, es el primer paso para avanzar en algún tipo de solución del problema de seguridad que padecemos. Por eso, manifestaciones de ese tipo, vengan de quien vengan, no ayudan en lo absoluto a quien sufre por los delitos y paga sus elevados salarios.
* Abogado, doctor en Ciencias Jurídicas. ** Abogado, magíster en Derecho y Argumentación Jurídica
