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Lula, sin fondos del exterior para la Amazonia, anuncia “rigor” para controlar la tala

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Por Pablo Giuliano

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, cuestionó a los países desarrollados por las promesas incumplidas de financiación para proteger la selva amazónica, prometió ser «duro» -cortar créditos a ruralistas que deforesten- y anunció un plan con mayor rigor para el control de la tala, de «tolerancia cero» con los crímenes ambientales.

Lo hizo al discursar, en el Palacio del Planalto, con motivo del Día del Medio Ambiente, en una coyuntura en la cual el Congreso brasileño, de mayoría opositora y vinculada al agronegocio, boicoteó mecanismos ministeriales relativos a la protección de los pueblos originarios y al control de los recursos naturales.

«La lucha es mucho más difícil de lo que podamos imaginar, los países ricos prometen lo que no pueden dar o lo que no quieren dar, lo vemos desde 2009; es hora de decir basta de promesas, el pueblo de la Amazonia quiere vivir, trabajar, estudiar, pasear, no podemos permitir que los seres humanos que viven en las selvas que hay que proteger sean los más pobres del planeta», sostuvo Lula.

El mandatario se refirió a las promesas de las potencias económicas de Occidente para financiar el Fondo Amazonia de Brasil y otras iniciativas de los ocho países amazónicos sudamericanos, así como africanos y asiáticos, como Congo e Indonesia, que poseen las principales selvas fuera de Sudamérica.

Lula dijo que llegó al gobierno el 1 de enero, después de cuatro años de «abandono» de las políticas públicas de protección del ambiente y a los pueblos originarios. 

Su primera medida fue la intervención federal en la tierra indígena ianomami, donde sus habitantes morían de hambre a raíz de la contaminación por mercurio de sus ríos y arroyos, producto de los 20.000 mineros ilegales que actuaban allí durante los años de gobierno de Jair Bolsonaro (2019-22).

«Actuando codo con codo con los demás países amazónicos, y también con Congo e Indonesia -que junto a Brasil tienen los bosques preservados más grandes del mundo- podemos ser la principal barrera para contener el desastre climático, que debemos evitar a toda costa», manifestó Lula, quien destacó que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) eligió a Belém, capital del Estado amazónico de Pará, como sede de la Conferencia de las Partes de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP30), en 2025.

Lula también reiteró el compromiso de Brasil con la «deforestación cero» en 2030, en la Amazonia.

En territorio brasileño está 60% de la selva amazónica y Lula convirtió ese potencial de biodiversidad sobre el cambio climático en una de sus claves de política exterior, aunque en el frente interno el Congreso, de mayoría conservadora y neoliberal, impidió la semana pasada ampliar las acciones del Ministerio de Medio Ambiente y de los Pueblos Indígenas.

«Respeto la decisión del Congreso pero no puedo compartirla porque va en contra de las directrices de la Constitución sobre medio ambiente», dijo -por su parte- Marina Silva, ministra de Medio Ambiente, sobre el freno que le puso el jefe de Diputados, Arthur Lira -aliado de Bolsonaro y del mercado financiero-, al organigrama ministerial de Lula.

En su discurso, éste advirtió a los ruralistas de que no habrá financiación de la banca pública en caso de se descubra deforestación de la selva amazónica para cultivar soja o criar ganado, en una señal a un sector que está alineado con Bolsonaro y defiende la explotación económica dentro de las tierras indígenas.

«La Amazonia es soberana de Brasil pero no vamos a impedir que pesquisidores de todo el mundo vengan a investigar para que podamos dejar de deforestar y decirle a cada hacendado que no es necesario tirar árboles sino plantar nuevos; vamos a ser muy duros, no puede ser que se explote la minería sin autorización, este país tiene ley», sostuvo.

El Presidente agregó que Brasil tiene un rol clave como «la mayor potencia medioambiental del mundo», con la selva y la biodiversidad más ricas del planeta.

«Brasil, gracias sobre todo a la selva amazónica, es en gran parte responsable del equilibrio climático del planeta; por lo tanto, prevenir la deforestación en la Amazonia también ayuda a reducir el calentamiento global», agregó.

En ese marco, de cara al objetivo de deforestación cero, Lula relanzó el Plan de Acción y Combate a la Deforestación en la Amazonia aplicado en sus mandatos anteriores, que causó la mayor reducción de los índices de talas de árboles.

Anunció que su gobierno está retomando la creación de áreas protegidas, parques y reservas, y que la Policía Federal y las fuerzas armadas «están listas» para actuar con prontitud ante cualquier emergencia ambiental.

El poder de fuego del Estado contra las mafias ambientales en la selva amazónica está incluido en el nuevo Plan Amazonia: Seguridad y Soberanía.

Según se informó, el objetivo del plan es la lucha contra delitos como la ocupación ilegal de tierras públicas; la prospección, tala, minería, caza y pesca ilegales en territorios indígenas, áreas de protección ambiental y en la Amazonia en su conjunto.

Lula culpó también al narcotráfico y al crimen organizado que opera en las fronteras con otros países por la degradación ambiental.

Así, el fundador del Partido de los Trabajadores anunció un plan de modernización del patrullaje fluvial y del control de fronteras.

En el área social, la Beca Verde fue presentada como una ayuda económica para las poblaciones de la selva para que desarollen políticas extractivistas sustentables.

«Cuidar la Amazonia es ante todo cuidar a los 28 millones de personas que viven en la Amazonia. No debe haber contradicción entre el crecimiento económico y la preservación del medio ambiente”, indicó Lula.

Entre las medidas anunciadas por el Ministerio de Medio Ambiente se encuentra el embargo inmediato de las propiedades rurales legales o ilegales que sean detectadas como causadoras de la deforestación.

Lula homenajeó en su discurso al indigenista Bruno Pereira y al periodista británico Dom Phillps, asesinados hace un año por la mafia de la pesca ilegal en aguas federales.

«Bruno y Dom deberían haber estado aquí, en este momento en que tendrían el gobierno brasileño como aliado y no como enemigo, al contrario de lo que sucedió en los últimos cuatro años. La mejor manera de honrarlos es asegurar que su lucha no ha sido en vano», aseguró, y se abrazó frente al atril con el líder indígena cacique Raoni, uno de los principales líderes amazónicos de los pueblos originarios.


Continúan los ataques a periodistas en la Amazonia

En un año, al menos 62 ataques fueron perpetrados contra periodistas en la región amazónica brasileña. Así lo denunció la organización multinacional Reporteros Sin Fronteras, al cumplirse el primer aniversario del asesinato de Pereira y Phillips.

Pereira trabajaba en la Unión de los Pueblos del Vale do Javari, organización de defensa de los indígenas de la región extremo oeste de Brasil, fronteriza con Perú. Philips era colaborador del periódico The Guardian y escribía una investigación para una entidad no gubernamental. Ambos fueron asesinados por integrantes de grupos criminales de pesca ilegal.

En el marco del primer aniversario del crimen, por el cual están detenidas tres personas, el Instituto de Derechos Humanos Vladimir Herzog denunció, junto a Reporteros Sin Fronteras, la permanencia de la violencia por la disputa de tierras y explotación ilegal de riquezas en la selva amazónica, de la cual Brasil posee el 60% del territorio.

La información es parte del Observatorio de Violaciones a la Libertad de Prensa en la Amazonia.

Los ataques incluyen cinco amenazas de muerte, tres ataques a sedes de vehículos y cuatro procesos judiciales abusivos con decisiones arbitrarias contra periodistas.

“El perfil de los perpetradores es el de los manifestantes de extrema derecha. Los ataques se produjeron en la Amazonia Legal e involucran a políticos, crimen organizado, empresas mineras, prospección e incluso turismo”, afirmó Artur Romeu, de Reporteros sin Fronteras, en conferencia de prensa.

En Río de Janeiro, familiares y amigos realizaron un acto para pedir un rápido juicio por jurados contra los acusados de matar a Philips y Pereira.

Cabe recordar que éste era un funcionario especialista en indígenas de la gubernamental Fundación Nacional del indio (Funai), quien había sido apartado de sus funciones por el gobierno de Jair Bolsonaro, que redujo a niveles históricos el programa de fiscalización en la selva amazónica y en tierras indígenas.

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