Juzgar las elecciones

Por primera vez, el resultado de un comicio presidencial se llevaba ante la Corte Suprema

Por Luis R. Carranza Torres

Nunca antes, en sus 210 años de existencia, la Corte Suprema de Estados Unidos se había enfrentado a un pleito semejante. Identificado bajo el número 00-949, su full name case, la carátula en nuestros términos era «George W. Bush and Richard Cheney, Petitioners v. Albert Gore Jr. and Joseph Lieberman, et al.», sustanciado a partir de la interposición de un writ of certiorari, una acción semejante a la nuestra de amparo. En dicho proceso se decidiría, nada menos, quién sería el próximo presidente del país.
Tal excepcionalísima circunstancia ocurría pues los resultados de la elección presidencial del 7 de noviembre de ese año habían dado al candidato republicano, George W. Bush, como ganador en 30 Estados, mientras que su homólogo demócrata y vicepresidente del país, Al Gore, ganó en los 20 estados restantes y en Washington DC.
El problema radicaba en los resultados del estado de Florida, gobernado por Jeb Bush, hermano del candidato republicano. Quien se quedara con los delegados de ese Estado ganaba el comicio, dado que en el sistema electoral de EEUU la elección es indirecta y quien logra la victoria en el Estado se lleva la totalidad de tales delegados, cada uno con un voto en el colegio electoral. Florida poseía el número suficiente, 25, para mover la balanza en uno u otro sentido.
El conteo inicial, por máquina, dio la victoria a George Bush; sin embargo, la escasa diferencia obligó, por ley, a recontar manualmente cada voto en varios condados. El equipo de Gore, por su parte, quiso extenderlo a varios más. El gobierno del Estado se opuso pero la Corte Suprema estatal autorizó los recuentos e incluso una prolongación del plazo legal para obtener los resultados.

Frente a esto, George Bush acudió a la Corte Suprema por vía del writ of certiorari. La diferencia de votos a su favor era mínima, sólo 537, con 6.000.000 de sufragios emitidos, y los nuevos conteos manuales autorizados por la Corte estatal lo eran respecto tres condados de fuerte presencia demócrata.
El más alto tribunal de Estados unidos accedió a entender en el caso y solicitó el expediente al tribunal de Florida. La audiencia de debate tuvo lugar el 2 de diciembre de 2000. Durante una hora y media, los nueve jueces del máximo tribunal del país martillearon con ríspidas preguntas a los abogados de ambas partes.
Por el lado de Bush y Cheney, patrocinó Theodore Olson Bevry, egresado de la facultad de leyes de Berkeley y antiguo fiscal General Adjunto de Estados Unidos de 1981 a 1984, durante la presidencia de Ronald Reagan. Socio en la firma legal Gibson, Dunn & Crutcher, era considerado uno de los 100 abogados más influyentes de Estados Unidos.
El vicepresidente Gore estuvo representado por Laurence Tribe, un prestigioso profesor de derecho constitucional de la Universidad de Harvard, quien sostuvo en su argumentación que el máximo tribunal de Florida no había infringido la ley electoral del Estado al disponer tales nuevos recuentos, como decía la defensa de Bush, sino que se trataba de «permitir una mirada más detallada sobre la foto final» que mostraba el acto comicial.

A tenor de la prensa especializada de la época, los jueces se mostraron divididos -a juzgar por el tenor de sus preguntas- entre quienes efectivamente creían que el tribunal de Florida reescribió la ley electoral a su antojo con su decisión y los que no. «El cambio de fecha es un cambio dramático», indicó la jueza Sandra O´Connor en un momento de la audiencia. Otro de los magistrados, Anthony Kennedy, se hizo eco de los magistrados que no parecían hallar razón para intervenir en el caso: «Estamos buscando un asunto federal», señaló.
En atención a la importancia histórica de la audiencia, William Rehnquist, presidente de la Corte, autorizó por primera vez a que el audio en que se registró se hiciera público minutos después de su culminación. Cabe aclarar que en el curso de las audiencias no pueden tomarse fotografías ni efectuarse grabaciones en soporte alguno que no sea el del propio tribunal.
Era una suerte de «premio consuelo», al no haber hecho lugar a los múltiples pedidos que recibió la Corte de las principales cadenas televisivas de conceder una excepción a la regla de mantener las cámaras fuera de la sala.

Como era de esperar, la asistencia de público había colmado el reciento de la Corte. La mayoría de los sitios fue reservada para miembros del Ejecutivo, congreso e invitados especiales, como los cuatro hijos de Gore. Sólo quedaron libres 50 asientos, que se ocuparon por orden de llegada entre el público que durmió desde la noche anterior en las escalinatas del edificio de la Corte Suprema para conseguir ingresar.
Todo el escenario judicial estaba predispuesto para un histórico fallo, tan interesante en su texto como en lo que ocurrió en función de él. Pero ésa es otra parte de la historia.