ESCUCHARA pesar de su supuesta calidad institucional infalible, este país tampoco es ajeno a lo que viene sucediendo en el resto de América Latina. El sistema político está profundamente cuestionado debido a sonados casos de corrupción
Por Gonzalo Fiore Viani
Especial para Comercio y Justicia
En los últimos tiempos se vienen sucediendo distintos hechos en Chile que están haciendo que la sociedad vaya perdiendo la confianza en dos de sus instituciones pilares más importantes: la Iglesia y las Fuerzas Armadas.
Además de los hechos de pedofilia que sacudieron el país en 2017 y 2018, por los que la fiscalía nacional encargó una investigación relativa a más de 150 sacerdotes, en los días pasados se sumó un escándalo sobre la transparencia -o falta de- que involucra al financiamiento del Ejército chileno.
A partir de 2016 se supo que mediante una ley, 10% de las ventas efectuadas por la minera estatal Codelco se destina a las arcas del tesoro castrense. Cuando esto fue conocido por la sociedad se produjo un gran rechazo, por el que tanto oposición como oficialismo se encuentran de acuerdo en cambiar la normativa. Sucede que la ley N°13196 se encuentra vigente desde 1958, cuando el presidente Carlos Ibáñez del Campo la aprobó, teniendo como objetivo la compra de materiales y armamento para las fuerzas armadas.
Sin embargo, no fue hasta los tiempos de la dictadura de Augusto Pinochet cuando se estableció, modificando la disposición, que 10% de las ventas del cobre se destine al Ejército.
Uno de los grandes problemas al respecto es que la ley tenía carácter de reservado hasta 2016, por lo que los chilenos no conocían esto. Por otro lado, las fuerzas armadas nunca han sido objeto de una auditoría real y transparente de organismos públicos.
Pinochet también estableció un “piso de financiamiento” que no puede exceder 3,5% del Producto Bruto Interno y que asciende a la cifra de 180 millones de pesos. Si bien el presidente Sebastián Piñera ya envió al Congreso, en agosto del año pasado, un proyecto de ley para derogar la normativa vigente, aún no ha logrado obtener tratamiento por parte del Senado. Sin embargo, la intención de Piñera puede ser otra.
No son pocas las voces en Chile que aseguran que, al estar obligada a aportar 10% de sus ganancias a las fuerzas armadas, Codelco ha salido airosa de la gran cantidad de privatizaciones de las últimas décadas.
El cobre, principal recurso natural de Chile, fue nacionalizado por el gobierno de Salvador Allende y nunca volvió a pasar a manos privadas.
A esto, a su vez, se agregó un escándalo de corrupción en la policía nacional del país, Carabineros. Actualmente están siendo investigados más de cien funcionarios y miembros de la fuerza debido a malversación de fondos.
Según estimaciones, la suma puede rondar cuarenta millones de dólares. E incluso costó la cabeza del ex comandante en jefe del Ejército entre 2010 y 2014, Juan Miguel Fuente-Alba, quien se encuentra preso acusado de malversación de más de cinco millones de dólares. Al mismo tiempo que tres miembros de una corte de Apelación fueron destituidos de sus cargos, acusados de tráfico de influencias.
Esto no hace más que echar más oscuridad aún sobre las instituciones chilenas, una supuesta bandera sostenida por todos los gobiernos desde el retorno a la democracia en 1990. La iglesia Evangélica, cuyos fieles en Chile son alrededor de 16% de la población, tampoco se salva del escándalo. Su líder viene siendo investigado a causa de dudas por el crecimiento exagerado de su patrimonio en los últimos años.
Con esto se ha demostrado que Chile, a pesar de su supuesta calidad institucional infalible, tampoco es ajeno a lo que viene sucediendo en el resto de América Latina.
La crisis de instituciones y del sistema político, profundamente cuestionado debido a sonados casos de corrupción, ha afectado al país trasandino. Un país que si bien goza de un gran crecimiento económico, que fue de 4% en 2018, también muestra uno de los índices de desigualdad más altos del mundo.
En el año 2015 llegó a tener el cuarto mayor índice de pobreza respecto de sus ingresos dentro de los 35 países que componen la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), solo detrás de Israel, Estados Unidos y Turquía. A su vez, tiene el mayor índice de Gini de la OCDE -0,63-, similar al de varios países africanos; 50% de los trabajadores gana menos de 250 pesos chilenos mensuales, y 1% de la población del país tiene un ingreso superior al 81% restante.
Por ello, el modelo económico chileno tiene numerosas grietas que dejan al descubierto grandes problemáticas pendientes de resolución. El problema, ahora, además, son las instituciones, que no son tan perfectas como parecían.
