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El camarista se refirió a la nota sobre la reforma judicial que hizo llegar con sus pares al presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, y que llegó «editada” al Congreso nacional.
La sesión de la Cámara de Diputados, que concluyó con la sanción de dos leyes claves de la reforma judicial y con otra que volvió al Senado para su tratamiento, se convirtió en un escándalo que involucró no sólo al poder político sino también a la cabeza máxima del Poder Judicial, Ricardo Lorenzetti.
La polémica comenzó cuando la diputada Elisa Carrió acusó a Lorenzetti de haber pactado con el Gobierno nacional a cambio de la “caja chica” del Poder Judicial y haber omitido un párrafo de la carta que le hicieron llegar los presidentes de Cámaras Federales del país, en la que cuestionaban que los magistrados puedan ser destituidos por mayoría simple.
Tras las acusaciones, la misma Corte admitió que la misiva existió y que ese párrafo no fue incluido. En rigor, uno de los firmantes de aquella nota, el presidente de la Cámara de Casación, Gustavo Hornos, reelaboró la carta de sus pares y eliminó el último punto de los planteos. Para ello no consultó a sus pares, quienes todavía están esperando explicaciones.
Comercio y Justicia consultó sobre el tema a uno de los magistrados federales que firmó oportunamente la nota, el presidente de la Cámara Federal de Córdoba, Luis Roberto Rueda.
– Ha generado mucha polémica esta omisión que hizo la Corte respecto de los planteos que realizaron los presidentes de las Cámaras Federales del país sobre la reforma judicial. ¿Ya tiene alguna hipótesis sobre qué fue lo que ocurrió?
– Sinceramente, hay cosas que a esta altura desconozco de la situación. Nosotros nos enteramos como el resto de la ciudadanía de esta nueva carta que firmó el presidente de la Cámara de Casación, Gustavo Hornos, cuando comenzó el debate en la Cámara de Diputados.
No obstante, entiendo que el presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, igualmente le llevó el documento que firmamos los 25 presidentes de Cámara del país a la Presidenta de la Nación. Nos vamos a reunir para saber qué pudo haber pasado, francamente hay una omisión, lo que no sé es a quién atribuírsela.
-Y a ustedes ¿les molesta esto que sucedió?
– Primero vamos a ver por qué pasó. Lo que está claro es que no debió suceder. Vuelvo a decir, desconozco por qué se omitió esta parte de los planteos que hicimos.
– La Corte aduce que no puede pronunciarse ni adelantar opinión sobre cuestiones atinentes al Consejo de la Magistratura, ¿cree que ésta puede ser una razón por la que se omitió este párrafo?
– Claro, pero también pudo decir: “Esto es lo que expresan los presidentes de cámara”.
– A su criterio, los cambios que se introdujeron a última hora son suficientes?
– Uno de los temas más importantes es el que se refiere al Consejo de la Magistratura, sobre el cual nosotros elaboramos este documento. Además de reconocer y reafirmar a la Corte Suprema como cabeza de poder, nosotros acercamos la preocupación en lo que hace a la destitución de los magistrados por mayoría absoluta, porque entendemos que se aparta del los artículos 53 y 59 de la Constitución Nacional, que establecen la necesidad de contar con dos tercios de los votos para remover a los jueces. Nada de eso se modificó.
Por otra parte, y en lo personal, creo que va a ser complicado para un juez hacer campaña partidaria y después volver a su despacho. Tengo cierta incertidumbre sobre esto pero tampoco quiero negarme por negarme. Yo no lo veo, al menos creo que tiene que haber una serie de normas complementarias, un político en campaña puede decir lo que quiera y raramente va a ser sujeto pasivo de una querella, pero un juez no puede decir lo que quiere en una campaña. Después tiene que volver a su despacho y rendir cuentas de lo que dijo.
– Ustedes reclamaron que la Corte siguiera manejando su presupuesto. ¿Por qué?
– En cuanto a la administración creo que hay una confusión. Desde que se creó el Consejo de la Magistratura, la administración la tendría que llevar el Consejo pero por distintas circunstancias este cuerpo le fue devolviendo facultades a la Corte que, en este tiempo, ha demostrado tener una gran capacidad de gestión.
Menciono un caso concreto: si un tribunal necesita dos contratos para una causa de delitos de lesa humanidad se lo pide a la Corte que lo evalúa e inmediatamente se lo da. En caso de tener que pedírselo al Consejo, habría que hacer un camino mucho más largo y burocrático.
– Y respecto de la regulación de las cautelares, ya convertida en ley, ¿qué opina?
– Es un tema complicado, yo creo que resta derechos, de todas maneras tengo que decir que se ha hecho un abuso de las cautelares. Por mencionar un caso, hay una causa que lleva 11 años con cautelares, pero es un tema jurídico que se verá sobre los hechos. Yo no me hago la idea de que seis meses sea un plazo jurídicamente razonable. Por la misma práctica judicial.
– ¿Les hubiera gustado que esta reforma saliera con más consultas? ¿esperaron que los llamen para exponer en el Congreso?
– Esto se ha hecho con mucha premura política. Sin dudas hubiera sido mejor una consulta más amplia.
