ESCUCHARLa ley que propuso el oficialismo para la creación de la Agencia Nacional de Participación de Empresas Estatales (Anpee) es una muestra más de la dilapidación que ocurrió en esta década.
Para fundamentar de manera rotunda su rechazo basta invocar la Carta Magna, aunque las razones no se agotan ahí.
Esta ley plantea la creación de una estructura para controlar la participación del Estado en las empresas. También impone la necesidad de una mayoría parlamentaria calificada (dos tercios) para transferir las acciones de empresas que se encuentran en manos del Estado.
En otras palabras, la ley crea una organización para controlar la no-venta de esas acciones.
Pero resulta innecesario: ya existen resortes institucionales bajo el paraguas de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) que se encargan de ese mismo trabajo. Esta ley origina una sangría de recursos en vano.
El oficialismo pretende controlar, mediante la Anpee, a los directores de aquellas empresas en que el Estado tiene participación accionaria.
Son muchas empresas, y por ende, nuevos salarios onerosos, en un momento en que se necesita prudencia, ya que la indisciplina fiscal del Gobierno generó 40% de inflación anual.
Paralelamente, el déficit fiscal se elevó a 6,3% del PBI (sin contar los fondos que recibe el Estado de la Anses y el Banco Central). La complicada Grecia tiene un déficit fiscal de 3,5% del PBI. ¿No creen que deberíamos estar preocupados por el ahorro?
Entonces, ¿para qué seguir gastando en controles cuando el Fondo de garantía de Sustentabilidad (FGS) está fiscalizado por un abanico de organismos encargados de realizar la auditoría y el monitoreo del manejo de los fondos que integran su cartera?
De esa tarea se encarga, por ejemplo, el Consejo del FGS, que incluye representantes de trabajadores, jubilados, empresarios, legisladores, Jefatura de Gabinete y Anses. Adicionalmente lo controlan: la Comisión Bicameral de Control de los Fondos de la Seguridad Social del Congreso de la Nación, la Gerencia de Control del FGS, la Unidad de Auditoría Interna de la Anses, la Sindicatura General de la Nación (Sigen), la Auditoría General de la Nación (AGN) y la Defensoría del Pueblo de la Nación. ¿Acaso van a seguir inflando el Estado infinitamente con redundancias administrativas?
Estructuras para controlar
El gasto superfluo es la marca registrada de todo gobierno financieramente irresponsable, demagogo y populista, que cree que el dinero de los contribuyentes es infinito y puede imprimirse ad eternum y ser utilizado para premiar a los amigos del poder en puestos jerárquicos. Las estructuras creadas para controlar lo que ya está controlado se asemejan a las burocracias comunistas que acabaron con el desarrollo de los países.
Por eso, esta ley es cara, innecesaria y tan absurda como la propuesta de pagarles a los legisladores del Parlasur cuando el Parlamento aún no funciona.
La Administración Pública es un lugar al que debería accederse por méritos y conocimientos y capacidad, no como un pago por una eventual lealtad ideológica. Este Gobierno engordó el Estado con un millón de personas, la gran mayoría fueron premios a militantes. Tenemos el ejemplo del barril sin fondo de Aerolíneas Argentinas, llamado “el arenero de la Cámpora”. También YPF, tan lejos del autoabastecimiento y con la riqueza de nuestro suelo hipotecada por décadas y décadas.
Resulta curioso que dos meses antes de irse, este Gobierno se preocupe por cuidar el patrimonio del Estado cuando en 12 años se perdió una oportunidad única de participar significativamente en la economía global.
Se quedó mirándose el ombligo, maltratando a los disidentes en vez de enriquecerse con sus sugerencias, destruyendo la unidad nacional, dejándonos esta grieta, imponiendo una sociedad violenta e irrespetuosa con el prójimo, con 11 millones de pobres no reconocidos y una inflación de 40% anual, abrumadoras cargas fiscales con las que castigan a las empresas y ciudadanos, la destrucción del sistema de estadísticas del Indec que equivale a romper la brújula y la ineficaz utilización de muchos de los fondos destinados a la seguridad social. Eso ya no sirve.
En conclusión, debemos advertir a la ciudadanía sobre proyectos de ley que propongan gastar lo que no se tiene. Y menos aún, para lo que no se necesita.
*Diputado nacional por Córdoba (UCR)
