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La legislación sobre propiedad intelectual rige en el país desde la década de 30. Alertan sobre la necesidad de avanzar para evitar fallos como el de Taringa!
La semana pasada se conoció un nuevo fallo de la justicia argentina en el que se confirmó el procesamiento de los tres administradores del sitio web Taringa!, al determinar que son responsables de poner a disposición de los usuarios de Internet los contenidos de obras literarias sin autorización de sus autores, violando así la Ley de Propiedad Intelectual.
La noticia volvió a despertar el debate con respecto a la necesidad de aggiornar nuestra legislación en materia de propiedad intelectual y determinar los alcances de la responsabilidad de quienes administran estos sitios web.
El abogado y vicepresidente de la Asociación Argentina de Derecho Informático (Adiar), Carlos Dionisio Aguirre le brindó a Comercio y Justicia una visión más acabada del asunto.
– Hay quienes sostienen que no se debería juzgar en sede penal a los responsables de Taringa! y que con un resarcimiento civil tendría que ser suficiente. ¿Qué le parece ese planteo?
– De acuerdo con lo que se sabe por la prensa y con la legislación vigente, ello es posible, pero si tengo que responder de acuerdo con mi filosofía y como doctrinario en estos temas, diría que hoy vivimos en una realidad y esta nueva realidad no está regulada y mucho menos cuando se trata de Internet y todo lo que tiene que ver con esta herramienta crítica para el mundo de hoy. Tratar estos temas con la liviandad y el desconocimiento con que lo hacen abogados y jueces que no tienen ni la mínima idea de esta nueva plataforma es temerario y -creo particularmente- causan más daño que soluciones.
– También se señala que este fallo sentaría jurisprudencia en caso de que llegue la causa a juicio oral y pondría en riesgo el destino de Internet. ¿Esto es así?
– Me parece que los jueces están aplicando la ley vigente pero en muchos casos ésta tiene tanta antigüedad que las situaciones que regula no tienen nada que ver con la situación de la realidad que se pretende solucionar o resolver. Aún más, en mucho casos la ley es anterior a Internet y la realidad ha dado un giro tan profundo que incluso ha llevado al presidente de nuestra Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, a hablar de «la necesidad de un nuevo derecho» que contemple la nueva realidad. Hoy se pretende hacer entrar una ley vieja, obsoleta y que nada tiene que ver con lo que sucede en la realidad en agujeros mucho más pequeños en los que no puede entrar aunque se la fuerce. Si sienta jurisprudencia o no, no es lo importante, lo importante es la actitud que tomen legisladores y jueces y la sociedad toda pidiendo y haciendo posible los cambios necesarios. Un viejo jurista decía «la ley nace vieja», haciendo referencia a que el Derecho siempre corre por detrás de las situaciones que le dan origen. En la sociedad de la información la ley cada vez queda más lejos de la realidad debido a los constantes y explosivos cambios que se producen en la tecnología. Ejemplos podría dar hasta el hartazgo pero lo importante es lograr la capacitación de nuestros legisladores y jueces en la nueva realidad de Internet, donde los paradigmas conocidos han dejado de funcionar para dar paso a nuevos. La resistencia al cambio es enorme, no obstante esto la sociedad empieza a darse cuenta de la brecha entre la realidad de la calle, de la sociedad, de las nuevas generaciones, de los nuevos paradigmas, de la nueva economía, y comienza a haber los cuestionamientos propios de la crisis del paradigma vigente.
– ¿Qué hacemos como país en lo que a esta materia se refiere? ¿Hay proyectos que aborden el tema de la propiedad intelectual? ¿Qué países ya lo han hecho?
– Lo que se hace es muy poco, porque no se conoce, por que aún somos muy pocos los que nos ocupamos de esto, aunque el número aumenta exponencialmente; lamentablemente no es así entre legisladores y jueces aferrados a una realidad en la que se sienten cómodos.
Además entre el corto número de interesados y doctrinarios se mezclan los intereses corporativos de las grandes multinacionales de la propiedad intelectual que no tienen escrúpulos a la hora de «vender» una realidad modificada a favor de sus intereses. Actualmente hay una avanzada de estas corporaciones a nivel mundial y están generando el efecto contrario al que pretendieron tener.
En muchos países han influido en legisladores poco instruidos para meter sus intereses en forma de garras e inducir a éstos a elaborar proyectos de leyes que no han sido recibidos de buena manera en ningún lado, aunque en alguno de ellos han logrado llevar a convertirlos en ley.
Éste es el caso de la Ley Sinde de España, el canon digital de la misma España, la ley Hadopi de Francia, el Acta en Norteamérica, la ley Lleras en Colombia y los desastres nacionales como lo son el proyecto de ley del Diputado Federico Pinedo (conocida como ley Pinedo) y el estúpido intento de imponer el canon digital en la Argentina, proyecto del senador Pichetto, que duró menos de una semana ya que la opinión pública a través de la redes sociales le hizo conocer su opinión absolutamente contraria al proyecto.
En el caso de Taringa! es más de lo mismo; se trata de si los buscadores tienen o no responsabilidad, muchas legislaciones ya han hablado limitando esa responsabilidad, ya que no se puede matar al mensajero, más aún cuando lo que corre peligro es la posibilidad de acceder al conocimiento que nos brinda la herramienta Internet. Hoy, más de 80 % del comercio mundial se mueve a través del comercio electrónico, 100% de la venta de pasajes aéreos es comercio electrónico, 100% de las transacciones bancarias es comercio electrónico y mucha de la información de ese comercio electrónico circula por Internet y se obtiene a través de los buscadores.
Si eliminamos los buscadores se viola lo que hoy también es considerado como un nuevo derecho fundamental del hombre, el derecho a la conectividad y a poder de esta manera comunicarse y obtener conocimiento para desarrollarse personalmente y como sociedad.
La nueva economía aún no es entendida y ya es hora de que quienes tienen obligaciones de gobierno empiecen a tenerla como políticas de Estado. Por otro lado, bajo el pretexto de la «supuesta » violación de la propiedad intelectual se empiezan a cometer barbaridades, los jueces inducidos por las corporaciones y su marketing tendencioso creen que seguimos viviendo dos siglos atrás, tanto es así que usan el concepto piratería, que en todo caso nada tendría que ver con lo que se pretende conceptualizar.
Corren nuevos tiempos, algunos se obstinan en no reconocerlo, porque sus intereses están atados a la vieja norma aunque son los mismos que generan los medios de «copia» que luego quieren impedir, y otros porque les resulta más cómodo mantenerse en su «quintita» y no adentrarse en el desafío de la nueva realidad, aun con la obligación de hacerlo.
