ESCUCHARPor Silverio E. Escudero
La revolución urbana argentina se produjo después de la batalla de Caseros. Proceso que se profundizó hacia fines del siglo XIX y comienzos del XX.
El contexto era el de el desarrollo de la economía agroexportadora en un mundo que redefinía nuevos roles como parte de una nueva división internacional del trabajo.
Se conformaba un mundo diferente. Con una nueva clase trabajadora, cosmopolita, que ocupa puestos de trabajo. Distintos de los agrícola-ganaderos, en un naciente sector industrial, en la construcción en pleno auge y en el creciente sector de servicios (puertos, ferrocarriles, tranvías, tropas de carros, carretas, etcétera) que garantizaban el tráfico de mercancías hacia todos los rumbos.
Esa nueva sociedad proponía un cambio estructural.
El sueño de «mi hijo el doctor» ayudó a comprender la movilidad social que ofrecía esta nación, que se construía en medio del desierto. Sin embargo, el cambio de estatus no era para todos.
Los excluidos se sentían abandonados a su suerte por la sociedad y por el Estado que no consideraba prioritario atender sus problemas más acuciantes como la falta de políticas de vivienda, salud, desprotección laboral y bajos salarios. Además de la imposición de políticas represivas en las que confluían la “policía brava” cuando fuerzas parapoliciales que expresaban el sentimiento xenófobo de “la sociedad tradicional que representaba la superioridad racial argentina”.
Surgió como un hecho natural la necesidad de proteger las sociedades de socorros mutuos, las mutuales, las bibliotecas populares, las salas filo dramáticas y las escuelas auto gestionadas que fueron organizando los anarquistas, primero y los socialistas, despues. Fueron el blanco preferido de “los niños bien” que, de paso, violaban a las mujeres de los inmigrantes cuanto a sus hijas, so pena de asesinarlas.
A medida que crecía el aparato represivo del Estado las prácticas políticas estaban subordinadas a la urgencia. El pensamiento y el estudio dejaron paso a la acción.
El inmediatismo se transformó en el método de acción política del anarquismo. O, plantear alternativas sin etapas intermedias ni mediaciones tal como los que promovían implantar la dictadura del proletariado.
De esta manera, algunos estudiosos del tema anotan que las reclamaciones que se presentaban a los patrones y al gobierno provocó la redacción de la Ley de Residencia, sancionada a instancia la Unión Industrial Argentina en 1899, representada por el senador Miguel Cané.
La historia de la aplicación de la Ley de Residencia marcó a fuego la historia argentina hasta su derogación en 1958, durante el gobierno constitucional de Arturo Frondizi.
Los anarquistas fueron los responsables de la gran huelga de los inquilinos de conventillos en 1907; defendieron y lucharon por los presos políticos y sociales; se mostraron contrarios a la incorporación de maquinarias a la producción de cigarrillos que dejaran cesantes más de tres mil de obreros; apoyaron los reclamos de las prostitutas que pretendían que se reconociera la legalidad de su oficio y encabezaron las movilizaciones contra las guerras y las políticas militaristas que fomentan la consolidación de las dictaduras.
Respondieron con su sangre a un Lugones extraviado que en el centenario de la Batalla de Ayacucho, el 17 de diciembre de 1924, afirmó: “Ha sonado otra vez en América, para el bien del mundo, la hora de la espada”.
Cuando se sancionó la Constitución Nacional de 1949, no solo se prohibió el derecho de huelga sino que le otorgaba estatus constitucional a la Ley de Residencia. Lo dispuso en el artículo 31, en el que se leía: “La ley establecerá las causas, formalidades y condiciones para expulsar del país a los extranjeros”. Decisión que le hizo decir al convencional radical Moisés Lebensohn: “La Ley de Residencia, sancionada por la oligarquía para reprimir al movimiento obrero, cuya derogación comprometieron los diputados gremialistas, no solo queda, sino (está) incorporada al texto constitucional”.
El general Juan Domingo Perón fue impiadoso a la hora de su aplicación. Su instrumento fue la terrorífica Dirección de Orden Público.
Uno de los primeros en ser secuestrado en una calle de Buenos Aires fue Obdulio Barthe ( militante comunista paraguayo y fundador de una universidad popular), que fue brutalmente torturado y expulsado en 1950 a Paraguay –gobernado por el dictador Federico Chaves- Allí, donde permaneció cuatro años más en prisión en las mazmorras subterráneas de la tristemente célebre Comisaría Tercera.
Igual suerte corrieron cientos de trabajadores y activistas gremiales que provenían de naciones con regímenes autoritarios, como Francisco Guerreiro Apolonio, trabajador petrolero, a quien el gobierno argentino lo tuvo secuestrado por más de seis meses para, más tarde, no permitirle viajar para refugiarse en Holanda –que le había concedido asilo político-. Contrariando el derecho internacional público fue entregado en Portugal a la policía del dictador Antonio de Oliveira Salazar.
El periodista italiano Armando Mirra, que se atrevió a cuestionar la política inmigratoria argentina en la revista Tempo, fue deportado mientras su familia argentina continuaba en el país. Se conoció además la expulsión, durante el gobierno peronista, de 13 estudiantes peruanos en, algunos de los cuales al llegar a su país fueron recluidos en el presidio El Frontón.
Recordamos también e caso de Hilda Wajselfisz, joven estudiante de Bellas Artes nacida en Polonia, que fue detenida y deportada en 1954 por decreto reservado firmado por Perón y Ángel Borlenghi. El escándalo internacional fue estruendoso.
Las organizaciones humanitarias de casi todo el mundo y cientos de intelectuales elevaron sus voces de protesta. En la Casa Rosada nadie se dio por enterado.
Igual suerte corrió el obrero gráfico, de origen griego, Kiriakos Kisikis extraditado en 1951. Después de ser torturado por el gobierno de su país fue destinado al campo de concentración de la isla de Makronisos, que fungió durante décadas como prisión de máxima seguridad.
Derrocado en junio de 1954 el presidente guatemalteco Jacobo Arbenz, el gobierno argentino, solidario, ofrecuó asilo político a un puñado de funcionarios y legisladores integrantes del gobierno depuesto. Tanto fue el compromiso, que la presidencia argentina envió de inmediato de un avión militar para rescatar a los refugiados en la Embajada Argentina.
Una vez desembarcados fueron ubicados en hoteles de categoría en distintas ciudades de la Argentina. El bienestar y el confort apenas duró diez días, cuando fueron arrancados de sus camas por los buchones y alcahuetes de la Dirección de Orden Público –antecedente de la Triple A y del Comando de Libertadores de América- y arrojados mazmorras que habían sido antiguas caballerizas.
Córdoba recibió a José Solís Rojas, Jorge Silva Falla, Mario Tejeda, Carlos Luis Barillas, Rigoberto Sandoval, Ricardo Letona y Alejandro Alonso. Se les notificó de sus nuevas obligaciones. Debían presentarse todos los días en la delegación de la Policía Federal dando cuenta de sus actos cuya versión debía coincidir en un todo con la del pesquisa que tenía asignado.
La desaparición de Silva Falla en sede policial mientras realizaba los trámites cotidianos de identificación generó una alarma resonó en todos los ámbitos de la ciudad.
Miles de cordobeses se lanzaron a la calle reclamando la aparición con vida del diputado guatemalteco pese a la amenaza del escuadrón de caballería. A partir de ese momento una abigarrada columna de vecinos acompañó a los asilados cada vez que debían realizar trámites en sede policial.
La respuesta paraoficial fue cuasi inmediata. Esa noche explotaron una veintena de bombas en los domicilios de quienes encabezaban la protesta.
El presidente de la Nación, el ministro del Interior, el canciller, el gobernador Raúl Felipe Luccini, el jefe de policía y la Suprema Corte de Justicia jamás explicaron que ocurrió con la vida del diputado guatemalteco.
Desnudó su matriz fascista en estos cómo la desaparición del ING. Inganinella en DOP de Rosario